Vox ha incluido en los Presupuestos de Andalucía de 2027 la desregulación administrativa, las ayudas a la vivienda y los planes para el retorno de los menas a sus países de origen.
El acuerdo presupuestario con el Gobierno andaluz convierte esas tres materias en el eje de las cuentas y en la aportación más identificable del partido. Vox Andalucía ha difundido un balance pormenorizado de cada partida y las presenta como su huella reconocible en el presupuesto de la comunidad.
Qué ha logrado Vox en las cuentas andaluzas
La desregulación aparece como política transversal a todas las consejerías, no como un departamento estanco. Según el planteamiento que defiende la formación, ‘se evita que las trabas administrativas frenen la iniciativa económica y la creación de empleo en Andalucía’. La fórmula obliga a revisar procedimientos y a fijar un criterio común frente a la maraña normativa, un terreno en el que el partido lleva años insistiendo como bandera de gestión.
En materia fiscal, la rebaja del IRPF del 0,25 % para rentas de hasta 60.000 euros beneficiará a 4,7 millones de andaluces a partir de enero, con un calendario que ampliará la reducción hasta el 1 % a lo largo de la legislatura. La bonificación del 99 % en el impuesto de sucesiones cuando se hereda la vivienda habitual de un hermano dejará un ahorro de 34 millones. A eso se suma una nueva deducción autonómica para unos 245.000 padres: el 15 % de lo gastado en gafas graduadas o lentillas, con un máximo de 150 euros.
La partida de vivienda crece un 22 %, 172,3 millones más que en 2026, con el objetivo de levantar 20.000 viviendas protegidas. El criterio de adjudicación es la parte más política del paquete: tendrán preferencia quienes acrediten un vínculo o arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Vox sostiene que el acceso a la vivienda pública no puede desligarse de la pertenencia a la comunidad donde se ubica.
La desregulación y la rebaja fiscal no son gestos de escaparate: reordenan la relación con la Administración y marcan perfil propio frente al PP.
El tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales baja del 7 % al 6,75 % en 2027, primera de las rebajas anuales de 0,25 puntos previstas para la legislatura, con un ahorro estimado de 52,3 millones para unas 138.000 personas. Los tipos reducidos se amplían en los precios máximos de la vivienda: hasta 200.000 euros con carácter general y 300.000 para familias numerosas y personas con discapacidad. Los menores de 35 años contarán con 50 millones en ayudas a la compra de vivienda protegida y 25 millones para alquiler con opción a compra.
En inmigración, el compromiso recogido es que Andalucía no destinará en 2027 ‘ni un solo euro’ público a abrir nuevas plazas para menas (menores extranjeros no acompañados). La Junta se opondrá ‘por todos los medios legales, jurídicos y políticos’ a cualquier reparto entre regiones. El presupuesto incluye una partida en Sanidad para que los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud refuercen las pruebas de determinación de edad, y recorta la cooperación internacional para financiar planes de retorno con las familias.
El pulso por el reparto de menas y el trámite de las cuentas
La negativa a asumir nuevos cupos sitúa a Andalucía en el eje de un conflicto competencial con el Ejecutivo central. Vox sostiene que la acogida no puede convertirse en un mecanismo de reparto obligatorio decidido desde Madrid, y la Junta ha trasladado que empleará cuantos instrumentos jurídicos tenga a su alcance. El asunto, además, tiene recorrido político: es el mismo terreno que provocó la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en 2023.
Las cuentas afrontan ahora su tramitación en el Parlamento de Andalucía, con el debate de totalidad y el periodo de enmiendas por delante antes de que cierre el año. El PP gobierna en solitario, sin socio de coalición, de modo que el acuerdo presupuestario es una vía de influencia más política que aritmética. Ese detalle explica el interés de Vox en exhibir resultados verificables y no solo declaraciones.
La estrategia de Vox: influir sin sillón en el Gobierno andaluz
El movimiento encaja en una pauta reconocible. Donde no hay coalición, Vox negocia medidas y las presenta como condición de su apoyo; donde la hubo, la rompió cuando el PP aceptó políticas migratorias que el partido consideraba una línea roja. El antecedente de julio de 2023 funciona como marco de lectura de este presupuesto: la formación quiere demostrar que su agenda se aplica igualmente desde fuera del Consejo de Gobierno.
Hay un riesgo evidente para el PP en esta operación. Cada medida que Vox reivindica como propia erosiona el perfil de gestión del Ejecutivo autonómico y refuerza la idea de que las políticas de la Junta se escriben con el partido de Abascal. Para Vox, en cambio, el cálculo es favorable: suma logros en fiscalidad, vivienda y control migratorio sin asumir el desgaste de gestionar. La lectura que hacemos es otra que la del simple reparto de titulares: aquí se dirime quién fija la agenda de la derecha andaluza en el tramo final de la legislatura.
Queda por ver cuánto de este acuerdo llega intacto al texto final que vote la Cámara. Los menores extranjeros no acompañados y la condicionalidad de las ayudas a la vivienda serán los puntos donde el resto de grupos aprieten. Vox ya tiene su relato y sus cifras. La prueba de fuego será elPleno.
