La sucesión de Lagarde en el BCE ya tiene fecha política: el Consejo Europeo del 26 y 27 de noviembre.
Antonio Costa ha movido ficha. Según las fuentes comunitarias consultadas por este medio, el presidente del Consejo Europeo quiere que el debate clave sobre el próximo presidente del Banco Central Europeo se celebre en la cumbre que los líderes tienen prevista para finales de noviembre en Bruselas. La cita, en principio, estaba consagrada a otra cosa: el Marco Financiero Plurianual, es decir, el MFP, que no es sino el presupuesto de la Unión para 2028-2034. Las consultas con las capitales ya están en marcha y en esa misma reunión se celebrará una cumbre del euro.
El paquete de tres sillones que se negocia a puerta cerrada
Porque no se trata solo de la presidencia. En el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo se van a liberar tres asientos casi a la vez, y las capitales negocian con la lógica del paquete: todo se cierra en bloque para que el resultado final respete los equilibrios geográficos y políticos. Christine Lagarde deja el cargo el 7 de febrero de 2027. Isabel Schnabel, responsable de Operaciones de Mercado, sale en enero. Y Philip Lane, economista jefe, termina mandato el 31 de mayo de 2027.
El paso formal ya está dado. Lagarde ha remitido una carta a Costa pidiendo que se lance el proceso de designación del sustituto de Lane, una gestión que confirma un portavoz del Consejo Europeo. Los tres nombramientos son por ocho años no renovables: quien entre en 2027 no saldrá hasta 2035 salvo dimisión o cese. Ese detalle explica la prisa y también el nerviosismo de algunas delegaciones.
El calendario que maneja la institución pasa por tener un candidato de consenso en noviembre y cerrar la adopción formal en el Consejo Europeo del 17 de diciembre. El objetivo declarado es llegar a fin de año con el paquete resuelto. La ventana es estrecha y no admite un segundo intento: a partir de enero el banco afronta dos salidas consecutivas sin margen para un interinaje largo.
Un banco central no se elige por decreto ni por currículum: se reparte como un tablero donde cada capital cobra su cuota antes de firmar la paz.
De Cos, Knot y el reparto que España no puede permitirse perder
Los nombres sobre la mesa son dos y ambos tienen recorrido. Pablo Hernández de Cos, hoy director gerente del Banco Internacional de Pagos tras su etapa al frente del Banco de España, y el neerlandés Klaas Knot, ex gobernador del banco central de Países Bajos. España nunca ha presidido el BCE desde 1998. Tampoco Países Bajos, aunque Duisenberg, el primer presidente, era holandés y el sillón se le atribuye a Ámsterdam en el relato fundacional de la moneda única.
La política española juega a favor y en contra al mismo tiempo. Sánchez y Feijóo han respaldado públicamente a De Cos, lo que convierte la candidatura en uno de los pocos asuntos con consenso de Estado. Pero el nombre podría decidirse antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y las fuentes diplomáticas consultadas insisten en que un Gobierno en funciones no debería penalizar. La lectura contraria también circula en Bruselas: nadie quiere que un nombramiento de ocho años quede atado a un Ejecutivo que puede cambiar semanas después.
Y luego está el resto del lote. Todas las quinielas sitúan a la francesa Elisabeth Boone como favorita para la economía jefe y al alemán Tobias Adrian para Operaciones de Mercado. Si ese reparto se confirma, París y Berlín se quedan con los dos sillones técnicos de más peso y la presidencia queda libre para un tercer país. Es la geometría que conviene a Madrid y, a la vez, la que puede dejar a De Cos compitiendo contra el instinto de los frugales, poco amantes de ceder la cúpula a un Estado del sur.
El Eje del Poder Europeo
Analizamos esta operación como lo que es: un reparto de poder entre bloques, no una selección de currículos. París quiere controlar la doctrina económica a través del economista jefe y lleva meses empujando perfiles propios. Berlín prefiere la gestión de mercados, el sillón que decide cómo se compra y se vende deuda, y acepta sin entusiasmo el resto del lote. La Haya reclama la presidencia con Knot como aval de los países frugales, esos que llevan una década pidiendo rigor fiscal y desconfiando de cualquier candidato que suene a gasto fácil. Y Roma, que ya colocó a Draghi entre 2011 y 2019, observa sin mover ficha porque su prioridad está hoy en la negociación presupuestaria.
El precedente que debería tener en cuenta Madrid es 2019. Aquel verano, el reparto de la cúpula europea se cerró en una sola noche: Lagarde al BCE, Ursula von der Leyen a la Comisión, Charles Michel al Consejo Europeo y Josep Borrell a la política exterior. La lógica fue exactamente la misma que ahora, aunque entonces nadie hablaba de tres sillones en Fráncfort. Quien negocia por partes pierde; quien negocia el conjunto, cobra.
Para España el envite va más allá del orgullo. El BCE fija el precio del dinero que paga el Tesoro, condiciona la hipoteca de millones de familias, y marca el tono del debate fiscal en Bruselas. Un presidente español no garantiza laxitud, ni debería, pero sí asegura un canal directo en un momento en que la Comisión aprieta con la regla de gasto (el límite anual que Bruselas impone al aumento del gasto público nacional según el nuevo marco fiscal) y en que el MFP de 2028-2034 se negocia con los mismos interlocutores. La lectura a cinco años es sencilla: quien presida el BCE influirá en la revisión de la estrategia monetaria, en el despliegue del euro digital y en cómo se interpreta la estabilidad financiera cuando llegue la próxima crisis.
Hay un riesgo evidente que conviene decir en voz alta. Si el paquete se cierra en noviembre con Boone y Adrian y la presidencia cae del lado de un candidato del norte, España se quedará fuera de la cúpula del BCE otros ocho años y con la sensación de haber jugado bien sus cartas demasiado tarde. No sería la primera vez: tras la salida de González-Páramo, Madrid vivió años sin asiento en el Comité Ejecutivo y no lo recuperó hasta 2018.
La próxima ventana crítica es la cumbre del euro del 26 y 27 de noviembre. De ahí debe salir un nombre que el 17 de diciembre se formalice, y antes del 7 de febrero de 2027 Lagarde habrá entregado las llaves. Lo que se decida en esas cinco semanas marcará la política monetaria de la Eurozona hasta 2035, con España mirando desde un lado u otro de la mesa.
