Argentina vota el 12 de noviembre su ley Malvinas y el Código Penal entra en la ecuación. España tiene un espejo: Gibraltar.
La Cámara de Diputados de la Nación no discute solo un puñado de artículos sobre unas islas del Atlántico Sur. El proyecto de Defensa de la Soberanía, impulsado por el asesor Santiago Caputo, reescribe penas del Código Penal, blinda secretos de Estado y somete la inversión extranjera a un nuevo filtro. Y ahí, en ese cruce, aparece el interés español.
Qué se vota el 12 de noviembre en el Congreso argentino
El oficialismo de La Libertad Avanza cerró esta semana un dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. La idea es aprobar el texto sin cambios. La aritmética, por ahora, acompaña: había que reunir 60 firmas en comisión y el Gobierno las consiguió. No fue gratis.
Las disidencias quedaron rubricadas por los santafesinos José Núñez y Pablo Farías, los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa, y la radical Karina Banfi con su monobloque. Todas apuntan al mismo lugar: el título VII, el que modifica los artículos 127 a 130 y mete al Código Penal en plena campaña electoral.
El artículo que más ruido genera es el nuevo 129, que sustituye al 111 original y castiga con prisión la injerencia extranjera en un proceso electoral cuando se hace de forma ‘clandestina, engañosa, coercitiva o ilícita’. El texto excluye la actividad diplomática, el periodismo y la investigación académica. La redacción, sin embargo, no convence a todos. Varios diputados sospechan que ese artículo puede ser la excusa para perseguir a dirigentes opositores y avisan de que lo rechazarán en la votación en particular. Los otros tres artículos castigan poner secretos de Estado en manos de un país o un servicio de inteligencia extranjero, y también la logística de una operación clandestina ajena.
Si el oficialismo no retira los artículos 127 a 130, varios aliados ya han advertido de que los tumbarán artículo por artículo en el recinto.
El espejo de Gibraltar: la soberanía como doctrina, no como eslogan
Conviene recordar que España libra su propia batalla de soberanía en el Estrecho. Lo hace con otro método —la negociación con Londres y Bruselas por el estatus de Gibraltar tras el Brexit—, pero con el mismo principio jurídico que invoca Buenos Aires: la integridad territorial frente a la autodeterminación de los habitantes de un territorio no autónomo, la doctrina que sostienen las resoluciones de la ONU sobre casos coloniales pendientes.
La diferencia está en el instrumento. Madrid negocia; Buenos Aires legisla. Y legislar soberanía con el Código Penal en la mano tiene un coste colateral. El título V del proyecto crea un Consejo de Seguridad, dependiente del Ejecutivo, que revisará y dará conformidad a las operaciones de inversión de un Estado extranjero o de una sociedad controlada por él en defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería. Siempre que estén implicadas las llamadas infraestructuras críticas, es decir, los activos cuya caída paraliza un país, y que ese mismo Consejo define a su gusto.
Traducido: cualquier grupo español con activos en esos sectores puede acabar pidiendo permiso a un órgano político argentino. Telefónica, Repsol, Iberdrola o la banca española mantienen posiciones relevantes en el país desde hace décadas. No es un riesgo inmediato, pero sí un cambio de reglas que las compañías van a mirar con lupa.
El precedente de Sea Lion y la letra pequeña del filtro inversor
El proyecto no nació en el vacío. El avance del yacimiento Sea Lion, operado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, calentó el debate. Y la presión de Estados Unidos —preocupado por que las sanciones alcanzaran a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores— obligó a la Casa Rosada a rebajar el alcance. Las penalidades quedarán limitadas a las empresas que operen ilegalmente, sea como operadoras directas, proveedoras o accionistas directas. Las subsidiarias quedan fuera.
Ese pulso es la lección. Las sanciones con vocación extraterritorial acaban siempre en la mesa de un tercero. España lo sabe por experiencia: su propio mecanismo de cribado de inversiones extranjeras —el examen previo que hace el Gobierno antes de dejar entrar capital ajeno en sectores sensibles— nació en 2020 y se reforzó en 2023 precisamente para que Madrid pudiera decir no sin depender de la buena voluntad de nadie. La diferencia es de naturaleza: allí el filtro es un real decreto con controles administrativos; aquí, un Consejo de Seguridad pegado al Ejecutivo.
Y un detalle que casi nadie cuenta. La sesión del 12 de noviembre se ha convocado para el día siguiente de que el Papa León XIV concluya su visita al país. El calendario político no es casual. Tampoco lo es que el texto llegue al recinto con las disidencias ya firmadas.
Queda por ver si el oficialismo acepta retirar los artículos 127 a 130 para evitar el desgaste en la votación en particular. Si no lo hace, la ley Malvinas puede aprobarse en general y descoserse artículo por artículo en el mismo recinto. Para España el asunto importa por dos vías: el precedente de una potencia media que convierte la soberanía en derecho penal y el nuevo filtro que vigilará la inversión española en Argentina. Conviene seguir la votación.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La Cámara de Diputados de Argentina debate el proyecto de Defensa de la Soberanía, conocido como ley Malvinas, con votación fijada para el 12 de noviembre y reformas del Código Penal incluidas.
- Datos importantes: El dictamen de mayoría reunió 60 firmas en comisión; los artículos 127 a 130 se firmaron en disidencia y el nuevo artículo 129 sustituye al 111 original. El título V crea un Consejo de Seguridad sobre inversión extranjera.
- Resumen: Para España el interés es doble: el precedente soberanista que se refleja en Gibraltar y un filtro de inversiones que puede alcanzar a empresas españolas con activos en sectores críticos argentinos.
