La seguridad rural en Ourense se sostiene con cuatro de sus 38 cuarteles abiertos las 24 horas: hay 102 plazas sin cubrir.
Cuatro puestos permanentes y 34 dependencias a medio abrir
La provincia suma 38 dependencias de la Guardia Civil, pero solo cuatro prestan servicio permanente durante todo el día: O Barco, Verín, Xinzo de Limia y O Carballiño. Las otras 34 abren al público de forma presencial por la mañana, dos o tres días a la semana. El mapa lo maneja la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) en la provincia, y lo publica este sábado el diario La Región.
En un territorio de 92 concellos —los municipios gallegos— y algo más de 300.000 habitantes, esa malla deja comarcas enteras sin atención presencial diaria. Hay puestos con un único efectivo. Ocurre en Esgos y en Bande, según JUCIL, y otros muchos apenas reúnen tres o cuatro guardias. «Un cuartel no puede ser un mero edificio decorativo; debe prestar un servicio cercano y continuo al rural ourensano», defienden desde la asociación.
La distancia cambia también la conducta de la gente. Fuentes consultadas por la asociación relatan que en la feria de Lobios se registraron varios hurtos y que algunas víctimas prefirieron no denunciar: les costaba más llegar hasta Xinzo que el importe de lo que llevaban en las carteras. A eso se suma la vulnerabilidad de las mujeres amenazadas o agredidas por violencia de género, que deben añadir kilómetros a la decisión de denunciar.
Trasmiras, el cuartel que se apagó en diciembre
El caso más visible está en Trasmiras, donde el puesto que cubría la comarca cerró en diciembre de 2025. La Subdelegación del Gobierno justificó la decisión con un informe de riesgos laborales del servicio de prevención que advertía de «un nivel de risco severo na saúde das persoas polo estado deplorable da instalación.
El alcalde, José Emilio Pazos, sostiene que nadie le ha entregado todavía una explicación técnica que avale el cierre. Lleva casi un año reclamando por escrito las llaves de un inmueble de titularidad municipal para acometer las obras de reforma, para las que el Concello ya tiene partida presupuestaria asignada. «A partir del 30 de noviembre removeré Roma con Santiago para que vuelva el cuartel», advierte.
Cerrar un cuartel en el rural no resta un edificio: resta la única presencia cotidiana del Estado donde no hay comisaría ni juzgado.
El cierre ha cambiado la convivencia. Antes los agentes patrullaban a pie, entraban en los comercios y conocían a los vecinos. Ahora la presencia se limita al paso esporádico de un vehículo patrulla, y el cuartel era también un canal de confianza vecinal. «Eso se lo dices a quien ves en el día a día; a un señor vestido de verde que pasa de vez en cuando no le dices nada», resume el regidor.
El origen del problema es la plantilla. Los últimos datos facilitados por el Gobierno central cifran en 856 los efectivos disponibles en Ourense, con 102 plazas todavía sin cubrir. «No hay ni un solo puesto en la provincia que tenga su plantilla cubierta al 100%», señalan desde JUCIL, que advierte de que las unidades especializadas —Equipos de Violencia de Género, ROCA o delitos telemáticos— se nutren «desvistiendo» a los cuarteles, con merma también en Seprona y Tráfico.
Con ese mapa, hay turnos en los que una o dos patrullas cubren una compañía entera o la provincia. Si esa única patrulla traslada a un detenido o custodia a una víctima de violencia de género, la zona queda desprotegida. La respuesta a una llamada de auxilio puede demorarse hasta una hora. La falta de efectivos no solo desprotege: pone en riesgo a los propios agentes.
El Laboratorio Gallego
La política gallega lleva años mirando este asunto de reojo, porque el margen autonómico es estrecho. La plantilla y el despliegue de la Guardia Civil dependen del Ministerio del Interior; Santiago no decide cuántos guardias hay en Verín ni cuándo reabre Trasmiras. El terreno autonómico es otro: la despoblación y los servicios de proximidad.
Ahí se mueve la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela), que con Alfonso Rueda al frente ha convertido la estrategia demográfica en uno de los ejes de su relato. El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, con mayorías absolutas desde 2009) responde a cada cierre con el reparto de competencias, y, señala que los cuarteles se despliegan en Madrid.
En el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 diputados), el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) usa episodios como este para reclamar el traspaso de Tráfico y una policía propia, una demanda histórica del nacionalismo gallego.
El PSdeG (la federación gallega del PSOE) pone el acento en los servicios públicos del rural. El debate local choca siempre con la misma frontera administrativa.
La lectura nacional aparece aquí. Alberto Núñez Feijóo ha apelado al mundo rural gallego como referencia en su discurso sobre la despoblación, y el PP ha situado ese asunto entre sus mensajes de fondo para toda España. La contradicción es que el Estado que debe reforzar la plantilla no es la Xunta que rentabiliza el relato. La incógnita tiene plazo: el alcalde de Trasmiras ha fijado el 30 de noviembre para elevar el conflicto, y Galicia encara el invierno con cuatro cuarteles permanentes para una provincia de 92 concellos.
Ficha del Caso
- El caso: De los 38 cuarteles de la Guardia Civil en Ourense, solo cuatro abren las 24 horas; el de Trasmiras sigue cerrado desde diciembre de 2025 y sin fecha de reapertura.
- Datos importantes: 856 efectivos disponibles y 102 plazas vacantes, según el Gobierno central; 34 dependencias con atención de dos a tres mañanas por semana; respuesta de hasta una hora en el rural; el alcalde de Trasmiras fija el 30 de noviembre como plazo.
- Resumen: La seguridad rural se ha convertido en el espejo de la despoblación ourensana: la competencia es estatal, el relato es autonómico y el coste lo asumen los vecinos de una provincia de 92 concellos.
