La Comunidad de Madrid ha llevado la acampada de la Puerta del Sol a los tribunales por la vía penal. El destinatario de la denuncia no es un manifestante: es Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid que dimitió esta semana.
El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el ya exdelegado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al no actuar ni desalojar el asentamiento, y otro de omisión del deber de perseguir los delitos que, sostiene, se cometen de forma continuada sobre el pavimento de Sol. Así lo explicó el consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García.
El escrito no se queda en la ocupación del espacio público. La Comunidad enumera lo que, según su relato, ha ocurrido alrededor de las tiendas de campaña: agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas,, delitos de odio, amenazas e injurias contra la propia presidenta regional.
La acampada cumple ya más de un mes y sigue en pie. En la Puerta del Sol se ven claros donde antes había plásticos y lonas, pero el asentamiento no ha desaparecido. En ese tiempo, la única vía que ha avanzado ha sido la judicial.
Qué imputa la Comunidad y por qué actúa justo ahora
La acusación se sostiene sobre una idea: la Delegación del Gobierno no debió tolerar el campamento y, al permitirlo, incurrió en una inacción antijurídica. El Gobierno autonómico ya lo llevó al terreno contencioso-administrativo y ahora da el salto al penal, donde pide depurar la responsabilidad de quien fuera su interlocutor durante meses.
El calendario no es casual. Francisco Martín presentó su dimisión esta semana, después de no ser incluido en las listas del PSOE por Madrid y a menos de un mes de las elecciones generales. Su partido reconoce que la salida les ha hecho un ‘roto’ y admite que deja ‘muchos frentes abiertos’. Uno es precisamente Sol, que heredará su sucesora en el cargo, Pilar Trinidad.
Una dimisión no cierra un expediente: la responsabilidad que se reclama por vía penal viaja con el nombre y apellidos de un exdelegado, no con su sillón.
Desde la Delegación del Gobierno responden que desconocen el contenido de la denuncia y que, por tanto, no pueden valorarla. Eso sí, salen en defensa de Martín: ‘todas las decisiones adoptadas por esta Delegación del Gobierno desde el inicio de la acampada en la Puerta del Sol se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad’.
El TSJM ya dijo que no al desalojo: el recorrido que abre la denuncia
La Comunidad presentó el 1 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Delegación, con petición de medidas cautelares para desalojar de inmediato. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó esa salida exprés. Dos semanas después, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía posibles delitos de odio contra la presidenta y, más tarde, los actos vandálicos en la Real Casa de Correos y en otros edificios históricos de la plaza.
Con la denuncia penal en marcha, el asunto entra en un terreno distinto: ya no se discute solo si procede el desalojo, sino si alguien debió ordenarlo y no lo hizo. La instrucción recae en el Tribunal de Instancia de Madrid, mientras el contencioso sigue su curso en el TSJM.
Un pulso que lleva meses jugándose fuera de la plaza
Madrid tiene memoria de acampadas. La del Movimiento 15-M en 2011 se levantó en cuestión de semanas, con la Policía Nacional actuando en mitad del desgaste político y sin que hiciera falta un pronunciamiento judicial sobre la inacción de nadie. Quince años después, la misma plaza acumula un mes de lonas, dos frentes judiciales abiertos y una denuncia que señala a un cargo que ya no está.
El precedente no resuelve el fondo, pero ordena las prioridades. La vía penal no desaloja a nadie: instruye, cita a declarar y, en el mejor de los casos, fija responsabilidades muchos meses después. Quien espere ver la plaza libre antes de Navidad tendrá que mirar al contencioso, donde el TSJM ya ha marcado un listón alto al tumbar la medida urgente. Ahí se libra la batalla que de verdad pesa.
Hay además una lectura política que conviene no disimular. La Comunidad convirtió la ocupación de Sol en símbolo desde el primer día y la denuncia llega justo la semana en que su adversario se marcha. También es cierto que la competencia sobre el espacio público no es exclusiva de la Delegación: el Ayuntamiento gobierna la plaza y la Comunidad tiene edificios en ella. Concentrar el foco en un solo nombre simplifica un problema de tres administraciones.
La próxima fecha marcada en rojo no es judicial, sino la cita con las urnas, a menos de un mes vista. Después llegarán los papeles del Tribunal de Instancia y la resolución de fondo del contencioso. Para entonces, quizá la plaza esté limpia. O quizá siga habiendo lonas en el kilómetro cero de Madrid.
