Trump anuncia la derogación de la regulación de metano de la era Biden y la EPA propone relajar la vigilancia de fugas en pozos de petróleo y gas, con impacto directo en las emisiones.
El anuncio: qué se deroga y qué cifras se ponen encima de la mesa
El anuncio llegó el pasado martes por la noche, en un mitin en Lubbock (Texas). Allí, Donald Trump afirmó que su administración da por terminadas las reglas que obligaban a las petroleras a responder por las grandes fugas de metano y cargó contra una normativa que describió como cara e innecesaria para el pequeño operador. El marco que se desmonta afecta a instalaciones nuevas y a las ya existentes.
Las dos cifras que acompañan al anuncio son un ahorro de 45.000 millones de dólares para consumidores y productores y la liberación de 210 millones de barriles de crudo, equivalentes a unos diez días de consumo estadounidense. Son números del propio Ejecutivo. No hay, por ahora, un desglose metodológico público que explique cómo se llega a ellos ni qué parte del ahorro procede de las fugas que se dejarán de vigilar.
Lo que sí está sobre el papel es el mecanismo: menos obligación de inspeccionar y menos obligación de reparar. La norma anterior fijaba campañas periódicas de detección y reparación de fugas con cámaras infrarrojas, límites a las emisiones de los controladores neumáticos y restricciones a la quema rutinaria en antorcha. Esos tres frentes son, precisamente, donde se concentra el metano que no se ve.
La letra pequeña: los pozos que producen poco y fugan mucho

El detalle que cambia todo está en los pozos de baja producción, los conocidos como stripper wells, que extraen unos pocos barriles al día. Según la propuesta que maneja la EPA, esas instalaciones quedarían sometidas a una vigilancia menos exigente. El argumento de la industria es de caja: con dos barriles diarios, una inspección con infrarrojos cuesta más que el crudo que sale del pozo.
Una fuga no desaparece porque la norma deje de mirarla; solo desaparece del informe que la compañía entrega a la agencia.
Al otro lado del balance, el contraargumento también es de caja. Un pozo marginal tiene pocos barriles con los que amortizar la reparación, y por eso es justo donde más se difiere la inversión. La consecuencia es una asimetría conocida: el coste de inspeccionar lo paga el operador y el coste de la fuga lo paga la atmósfera.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Potencia de calentamiento: el metano calienta unas 80 veces más que el CO2 en un horizonte de 20 años, según el IPCC.
- Volumen desbloqueado: 210 millones de barriles, unos diez días de consumo de petróleo en EE UU, según el anuncio presidencial.
- Ahorro declarado: 45.000 millones de dólares para productores y consumidores, sin metodología publicada.
- Emisiones adicionales: no cuantificadas en la propuesta de la EPA, que no ha divulgado estimación de CO2 equivalente.
El metano que no se ve y la norma europea que sí lo mira
El metano es el componente mayoritario del gas natural. Cuando escapa sin quemar no deja rastro visible ni olor, y ahí está el problema: se mide con sensores o no se mide. La AIE sostiene desde hace años que buena parte de las fugas podría evitarse con tecnología disponible y a coste bajo o incluso negativo, porque el gas recuperado se vende. No es filantropía: es mantenimiento.
El calendario internacional tampoco acompaña. Estados Unidos firmó en 2021 el Global Methane Pledge, el compromiso de más de 150 países para recortar un 30% las emisiones de metano en 2030 respecto a 2020. Y enfrente está el Reglamento Europeo de Metano: desde 2027, los exportadores que vendan gas a la Unión Europea deberán declarar la intensidad de metano de cada cargamento, con límites más estrictos a partir de 2030.
Ahí aparece el efecto dominó que llega hasta el consumidor. Una eléctrica europea que compra gas licuado estadounidense tendrá que justificar ante su regulador y sus inversores qué intensidad de metano trae el cargamento. Ese dato acabará en el contrato y el contrato en el precio del gas que paga la industria y el hogar.
Lo que ya pasó la última vez que se movió la regla
Este no es el primer vaivén. La norma de 2024 llegó después de años de deliberación, demandas cruzadas y batallas en el Congreso, y las grandes compañías —ExxonMobil y Chevron entre ellas— habían respaldado un criterio federal uniforme. No por entusiasmo ecologista: un marco único y estable les resulta más barato que un mosaico de normas estatales que cambia con cada administración.
La propuesta abre ahora un periodo de comentarios y, con toda probabilidad, una nueva ronda judicial. Ese es el punto débil del anuncio: una regla que se revierte en un mandato es una regla que volverá, y quien haya invertido en detección de fugas habrá pagado dos veces, una por cumplir y otra por competir contra quien no cumplió. La propia contabilidad de gases de efecto invernadero de la EPA seguirá publicando estimaciones anuales de metano, con norma o sin ella.
Conviene separar dos cuestiones. Que una inspección cueste más que la producción de un pozo marginal es un problema real de diseño regulatorio, y admite soluciones: agregación de operadores, muestreo por cuenca, ayudas al cierre ordenado. Que la respuesta sea dejar de mirar es otra cosa: traslada la factura del operador al clima y, por la vía del metano, a la próxima década. El metano tiene una vida corta en la atmósfera, y eso es a la vez su peligro y la única buena noticia: recortarlo ahora es la palanca más rápida contra el calentamiento.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: cada punto de vigilancia retirado deja fugas sin cuantificar; el metano evitado se mide en calentamiento ahorrado, no en barriles extraídos.
- Modelo que cambia: la confianza sustituye a la inspección con infrarrojos en los pozos de menor producción, los más numerosos y los que menos incentivo tienen para reparar.
- Para las próximas generaciones: el gas que no se fuga hoy es margen climático para 2030, y la contabilidad europea lo exigirá aunque Washington deje de pedirlo.

