La población migrante en EE. UU. creció solo 174.000 personas entre 2024 y 2025, frente a 2,4 millones el año anterior.
Del 2,4 millones a 174.000: el frenazo que rompe sesenta años de política migratoria
El dato sale de la encuesta de población con la que la Oficina del Censo mide cada año cuántos somos y de dónde venimos. El recuento cierra con 50,4 millones de residentes nacidos en el extranjero —legales e irregulares— frente a los 50,2 millones del ejercicio anterior. El informe que el Center for Immigration Studies difundió este viernes 30 de octubre cruza esas cifras con los registros de visados y pone el acento en la serie corta: el salto anual pasó de 2,4 millones a 174.000 en un solo ejercicio. Sin las políticas de Donald Trump, calcula el CIS, la población migrante habría engordado otros 2,4 millones durante 2025.
Hay un segundo tramo que aún no ha entrado en los grandes titulares. Los datos interinos de 2026 muestran una caída adicional de unos 790.000 residentes extranjeros entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Si se confirma, será la primera reducción neta de la población migrante en EE. UU. desde que existen series modernas. Con los 290 millones de nacidos en el país, el peso relativo de la población extranjera se ha estancado: uno de cada siete residentes.
Robots en lugar de trabajadores: la apuesta de productividad de la Casa Blanca

La explicación oficial no esconde el objetivo. Donald Trump lo resumió en agosto: ‘Vamos a necesitar robots… para que nuestra economía funcione, porque no tenemos gente suficiente. La frase tiene más fondo del que parece. La Casa Blanca ha convertido la escasez de mano de obra en un instrumento de política económica: si no hay trabajadores disponibles, el empresario tiene que invertir en tecnología y subir salarios. Es la vieja receta de la productividad, aplicada por la vía de cerrar el grifo.
El diagnóstico que maneja el CIS es más duro. Durante seis décadas, sostiene, el Gobierno federal ha importado consumidores trabajadores e inquilinos de países pobres para sostener el crecimiento: alrededor de un millón de trabajadores temporales al año, un millón de inmigrantes legalizados y 3,6 millones de nacimientos como telón de fondo. Ese flujo abarató la mano de obra en la hostelería, el inmobiliario, la restauración y el ocio. El coste lo pagaron los salarios de los americanos con menos cualificación, según esta lectura.
La ruptura con la etapa anterior es total. Desde 2024, los departamentos de Trump han cerrado la vía aérea de la inmigración legalizada y han bloqueado la entrada irregular por la frontera sur. La comparación con la administración de Joe Biden —que el CIS cifra en al menos ocho millones de personas acogidas— sirve de marco. Y el mercado laboral ya descuenta el cambio: con menos brazos, la Reserva Federal vigila si la presión salarial acaba trasladándose a los precios.
Washington ha decidido que el crecimiento de la próxima década no vendrá de más trabajadores, sino de más máquinas por trabajador.
La Lógica de Washington
Para entender por qué la Casa Blanca acepta el coste político de este frenazo hay que retroceder un siglo. La Ley Johnson-Reed de 1924 fijó por primera vez cuotas por nacionalidad y hundió la inmigración a una fracción de lo que había sido; solo se desmontó en 1965, con la ley Hart-Celler, que abrió la puerta a la reunificación familiar y al talento extranjero. La doctrina actual no es una anomalía: es la primera vez en sesenta años que Washington se toma en serio la otra mitad de la ecuación. Donde las administraciones de Reagan y Clinton veían mano de obra barata, la coalición actual ve una factura pendiente.
La coalición que sostiene la política es más ancha de lo que sugiere el ruido. Une al núcleo populista del Partido Republicano, a sectores sindicales que llevan décadas pidiendo controles en la construcción y la logística, a los gobernadores de estados con crisis de vivienda y a una parte del electorado hispano que llegó antes y no quiere competencia en el mismo mercado laboral. Ninguno de esos grupos se define por el libre mercado. Todos se definen por la escasez.
La lectura ortodoxa, la que defiende la mayoría de los economistas y centros como Brookings, sostiene lo contrario: que el crecimiento americano de las últimas tres décadas se explica en buena parte por el flujo migratorio, que sin él la población activa se estanca y que la productividad no sube por decreto. El propio Trump lo admite a medias cuando habla de robots. La incógnita es si la automatización llegará antes que la factura demográfica. Ese es el riesgo real del experimento, y no se resolverá en un trimestre.
España observa el experimento desde la orilla opuesta. El país ha construido su crecimiento de los últimos veinticinco años sobre la llegada de trabajadores extranjeros: en torno a 8,9 millones de residentes han nacido fuera, cerca del 18% del total, según el INE. Hostelería, agricultura, cuidados y construcción son los mismos sectores que en EE. UU. empiezan a quejarse. La diferencia es que aquí la política migratoria no se ha cerrado.
La conexión económica es directa en varios frentes. Meliá y NH Hotels compiten por el turista americano con cadenas que ahora pagarán más por cada habitación limpia; Ferrovial e Iberdrola ejecutan obra pública y renovables en EE. UU. con plantillas locales más caras; Santander sigue de cerca un mercado de crédito que crece con menos clientes nuevos. Y el turismo español puede ganar cuota si los destinos americanos suben precios por falta de personal. Las proyecciones del INE, por su parte, dan por hecho que sin flujo exterior la población activa española encogería en la próxima década. Madrid no ha abierto ese debate.
El calendario manda. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre, dentro de tres días, medirán hasta qué punto el electorado compra el relato de la escasez; la próxima actualización de las estimaciones del Census Bureau, prevista para diciembre, dirá si la caída de 790.000 residentes se confirma; y la próxima cita del FOMC, también en diciembre, revelará si los salarios presionan los precios. Tres citas. Ninguna resuelve la pregunta de fondo.
Ficha del Caso
- El caso: El Censo constata que la población nacida en el extranjero en EE. UU. apenas creció en 2025, primer efecto medible de la política de baja migración y alta productividad de la administración Trump.
- Datos clave: 50,4 millones de residentes extranjeros frente a 50,2 millones del año previo; un aumento anual de 174.000 personas frente a los 2,4 millones de 2023-2024; caída interina de 790.000 entre marzo de 2025 y marzo de 2026, según el CIS.
- Para España: El modelo económico español depende del flujo migratorio en los mismos sectores que en EE. UU. se encarecen. Las empresas españolas con plantilla en América —Ferrovial, Iberdrola, Meliá, NH Hotels— asumen costes laborales mayores; el turismo español puede ganar competitividad frente a destinos americanos encarecidos.

