EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias ha remitido aportaciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa estatal que regula las universidades.
- ¿Quién está detrás? La consejera Migdalia Machín y la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Universitaria, frente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
- ¿Qué impacto tiene? Un umbral mínimo de estudiantes igual para todos los proyectos podría dejar sin salida a las islas menos pobladas.
Canarias ha presentado alegaciones a la consulta pública estatal y reclama que la norma trate la insularidad como condición, no como excepción.
Qué pide Canarias y por qué el mínimo de estudiantes lo cambia todo
El departamento que dirige Migdalia Machín, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, remitió sus aportaciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa estatal que regula la creación y autorización de universidades. Conviene aclarar el trámite. Esa consulta es la fase en la que el Ministerio recoge opiniones antes de redactar el borrador. Lo que se discute ahora no es una ley cerrada, sino el suelo sobre el que se construirá.
La petición canaria tiene dos patas. La primera es competencial: el Estado debe respetar las competencias autonómicas en enseñanza universitaria, que el Estatuto atribuye a la comunidad. La segunda es territorial: que la insularidad deje de ser un adjetivo decorativo. «Compartimos la necesidad de reforzar las garantías de calidad. Para hacerlo, el Estado debe respetar las competencias de Canarias y establecer condiciones que tengan en cuenta nuestra realidad territorial», sostiene la consejera.
El punto que más fricción genera es el número mínimo de estudiantes. Canarias pide que ese umbral no sea idéntico para todos los proyectos y que se calcule según la población del lugar, donde la universidad vaya a implantarse. La advertencia es concreta: un mínimo uniforme puede dejar sin formación a los territorios menos poblados. El archipiélago suma más de 2,2 millones de habitantes en ocho islas y dos universidades públicas, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
De la anulación del decreto a la vía de urgencia
La Consejería también cuestiona que la enseñanza virtual o híbrida sirva de criterio para trasladar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades competencias sobre universidades radicadas en las islas. Sostiene que las comunidades pueden ejercer sus funciones con los mismos requisitos de calidad que se exigen a las presenciales. Y rescata un aviso del Consejo de Estado: la formación a distancia no basta para desvincular una universidad del territorio donde se creó.
El contexto normativo no es menor. El Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 905/2025 por defectos de tramitación y el Ministerio abrió esta consulta para preparar una nueva reforma. Canarias ya había presentado objeciones a aquella norma y, tras su aprobación, formuló un requerimiento previo a la vía judicial. La comunidad avisó por escrito antes de que el Supremo tumbara el decreto.
La insularidad no es una excepción administrativa que se concede: es la condición de partida de más de dos millones de personas.
A eso se suma una petición de forma que parece menor y no lo es: Canarias quiere que la reforma se tramite por el procedimiento ordinario y no por la vía de urgencia, porque no concurren las circunstancias excepcionales que justificarían acelerar el calendario. Sin trámite ordinario no hay plazo real de participación pública.
El Pulso Territorial
Gobierna Canarias una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente y 70 escaños en el Parlamento de Canarias; las próximas elecciones están previstas para 2027. La consejería de Machín juega una carta institucional de perfil bajo: no confronta por la calidad del sistema, sino por el reparto de competencias. La lectura es otra. Quien diseña el umbral de estudiantes diseña qué islas tendrán universidad.
No es un caso aislado. Baleares, la otra autonomía insular de esta cobertura, sostiene un argumento parecido ante el Ministerio, aunque sin el estatus de región ultraperiférica que sí tiene Canarias. Castilla y León y La Rioja llegan al mismo debate por otra puerta: allí el umbral choca con la despoblación, no con el mar y la distancia. Ceuta y Melilla dependen de campus de la Universidad de Granada.
Lo que viene ahora depende de dos calendarios. El Ministerio debe publicar el texto articulado y abrirlo a información pública antes de elevarlo al Consejo de Ministros; Canarias pedirá que sus aportaciones entren desde el inicio y no en el trámite de enmiendas. Si la norma final vuelve a ignorar la insularidad, el ejecutivo ya tiene el precedente del requerimiento previo. El riesgo es conocido: una ley de calidad puede acabar siendo una ley de uniformidad.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias pide que la futura ley universitaria respete sus competencias y contemple la insularidad.
- Datos importantes: consulta pública previa abierta tras la anulación del Real Decreto 905/2025; dos universidades públicas y más de 2,2 millones de habitantes en ocho islas.
- Resumen: alegaciones presentadas. Falta el texto articulado, la información pública y la decisión sobre el umbral mínimo y el procedimiento.
