La crisis institucional en Polonia se desborda: una jueza suspende al presidente del Tribunal Constitucional y la Policía se despliega en Varsovia.
Un mes de suspensión, tres detenidos y un presidente que vuelve de Senegal
Anna Korwin-Piotrowska, magistrada del Tribunal Constitucional, ordenó este viernes la suspensión durante un mes del presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, y de su adjunto, y anunció que asume ella misma la dirección del tribunal. Święczkowski rechazó su autoridad y calificó la maniobra de ‘golpe de Estado’. Su número dos ni siquiera llegó a entrar: se lo impidieron en la puerta del edificio.
Fuera, la escena fue la de un pulso callejero. Grupos de manifestantes se enfrentaron a la Policía, que asegura haber recibido el lanzamiento de objetos y detuvo a tres personas tras saltar la valla del recinto. El cuerpo desplegado sostiene que no ha entrado en el inmueble y que su misión era proteger a jueces y personal ante las amenazas recibidas. La política polaca, otra vez, en la calle.
Entre los manifestantes estaba Jarosław Kaczyński. El líder de PiS intentó forzar la entrada al edificio, acusó a Donald Tusk de perpetrar un ‘golpe’ contra el tribunal y de convertir Polonia en un ‘Estado policial’, y reclamó la intervención del presidente de la República.
Karol Nawrocki, aliado de PiS y rival declarado del primer ministro, interrumpió un viaje oficial a Senegal para volver al país. ‘En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia’, declaró. No es un actor secundario en este drama: es quien hasta ahora se ha negado a tomar juramento a los jueces designados por la mayoría parlamentaria.
El problema ya no es si el Constitucional polaco es independiente, sino quién manda en él cuando dos jueces firman sentencias opuestas.
Tusk no dio un paso atrás. ‘Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber’, escribió en X. ‘Tras años de ilegalidad de PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, que exige decisiones contundentes. No hay otro camino’.
El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, cargó la responsabilidad sobre Święczkowski, al que acusa de haber convertido la institución en su ‘feudo privado’ e impedir trabajar a los jueces nuevos. Żurek ha presentado cinco solicitudes para levantar la inmunidad al presidente y a su adjunto, respaldadas por 50 volúmenes de expediente, y defiende que la decisión de Korwin-Piotrowska la adoptó una jueza legalmente nombrada y que el Gobierno no ha intervenido en ella.
Y una palabra que vuelve al vocabulario político: ‘polexit’. Kaczyński ha abierto la puerta a replantear la pertenencia de Polonia a la Unión, un gesto que PiS ya utilizó como amenaza hace cinco años y que choca con el respaldo a la UE que sostienen todas las encuestas polacas desde la adhesión de 2004.
Por qué Bruselas lleva ocho años mirando ese edificio
El tribunal que ahora se parte en dos arrastra un conflicto con Bruselas que dura ya ocho años. Con PiS en el poder, el Constitucional fue ocupado por afines al partido, validó la práctica prohibición del aborto y llegó a cuestionar la primacía del derecho europeo, el principio que obliga a los Estados a aplicar las normas comunitarias por encima de su legislación nacional. En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminó que ese órgano no cumple los estándares europeos de independencia judicial.
El problema es de aritmética constitucional. Cambiar la composición del tribunal exige reformar la Constitución, y Tusk no tiene los dos tercios de la Cámara. Nawrocki se negó a tomar juramento a cinco jueces designados por el Sejm; juraron en el Parlamento y Święczkowski les cerró las salas de vista. La consecuencia es la que se ha visto este viernes: dos legitimidades paralelas dentro del mismo edificio y sentencias que, según quién las firme, pueden ser nulas.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos en Bruselas es un eje franco-alemán incómodo. París y Berlín comparten la lectura de que el pulso polaco erosiona la credibilidad exterior de la Unión, pero ninguno quiere convertirlo en una crisis bilateral con Varsovia: Alemania tiene intereses industriales y de defensa que pasan por Polonia, y Francia dosifica el discurso del Estado de derecho según el expediente. Los frugales del norte, con Países Bajos y Suecia a la cabeza, ponen el acento en el dinero: Polonia es uno de los mayores receptores de fondos de cohesión y del MRR, y cada reapertura del expediente es una oportunidad para exigir condicionalidad real. Budapest, en cambio, cubre a Varsovia. El artículo 7 del TUE (el mecanismo que permite suspender derechos de voto a un Estado que vulnere el Estado de derecho) exige unanimidad en el Consejo Europeo, y durante años esa unanimidad ha sido imposible por la cobertura de Orbán. Eslovaquia comparte el relato; los bálticos y Chequia miran más a Ucrania que a este edificio.
Hay precedente y no invita al optimismo. En 2021, el TJUE impuso a Polonia una multa de un millón de euros diarios por la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, y Bruselas acabó descontando el importe de los fondos europeos. Funcionó para una cámara administrativa; no hay herramienta equivalente para un Constitucional que se declara a sí mismo ilegítimo. El mecanismo de condicionalidad (la vía que permite congelar fondos a un Estado que vulnera el Estado de derecho) es lento por diseño y exige mayoría cualificada.
Para España el cálculo es incómodo en dos direcciones. La primera es económica: Santander Bank Polska es una de las mayores entidades privadas del país y una pieza relevante del beneficio internacional del grupo cántabro, además de la exposición de constructoras y empresas de renovables españolas en un mercado que ha crecido a ritmo alto con fondos comunitarios. La segunda es negociadora: España necesita aliados entre los países receptores de cohesión para la batalla del Marco Financiero Plurianual posterior a 2027, y un expediente de Estado de derecho reabierto debilita esa alianza y refuerza a quienes quieren condicionar cada euro. A eso se suma un detalle que en Moncloa se evita mencionar: el Consejo General del Poder Judicial estuvo cinco años con el mandato caducado hasta su renovación en 2024, y Bruselas lo incluyó durante años en su informe anual sobre el Estado de derecho. Dar lecciones sin matices tiene coste.
La lectura a cinco años es la de una dualidad constitucional tolerada. Si el tribunal declara nula la suspensión, Polonia tendrá dos cúpulas, dos relatos y ninguna autoridad capaz de zanjar el conflicto; la Comisión tendrá que elegir entre ignorarlo, lo que erosiona su propia doctrina, o abrir un expediente que tardará años en producir efecto. Ese es el precedente real que se cocina en Varsovia: que un Estado miembro puede convivir con un órgano constitucional capturado sin pagar un precio inmediato. El próximo hito será la reacción del propio tribunal a la suspensión y el siguiente informe anual de la Comisión sobre el Estado de derecho, donde el expediente polaco volverá a la primera página.
El pulso no es judicial. Es político, y se dirime en la calle.
