La Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la tasa turística mientras Sevilla y Málaga redoblan la presión para poder cobrarla. La comunidad más visitada de España, con casi 38 millones de turistas en 2025, seguirá sin gravar las pernoctaciones. Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco, que la estrena en enero de 2027, llevan años de ventaja.
La Junta sostiene que la competencia para crear la tasa es estatal
El criterio lo sostiene la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Turismo, que dirige Manuel Gavira. Su departamento entiende que cualquier tributo sobre las pernoctaciones debe habilitarse mediante la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una norma estatal, y que la administración autonómica no puede crear por su cuenta una figura impositiva de ese alcance.
No es una posición nueva. El predecesor de Gavira, Arturo Bernal, respondió con el mismo argumento a los alcaldes entre 2024 y 2026. Entonces y ahora, la Junta insiste en que la tasa debe ser finalista y en que ningún regidor ha detallado a qué partida concreta iría el dinero.
“Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, defiende el consejero, que compatibiliza el cargo con la presidencia de Vox en Andalucía. A ese razonamiento se añade otro: los andaluces son el 30% de los turistas de la región —11,5 millones de viajeros— y la Junta no quiere sumar más presión fiscal a quienes ya sostienen los servicios públicos con sus impuestos.
En el Ministerio de Hacienda la lectura es distinta. Ven “con buenos ojos” la experiencia catalana y rechazan que la Junta no pueda legislar por su cuenta, recordando que Galicia, también gobernada por el PP, aprobó su propia tasa. Eso sí, el Ejecutivo central no tiene previsto reformar la ley de haciendas locales a corto plazo, pendiente de cómo evolucione el calendario electoral.
Sevilla y Málaga ponen cifras sobre la mesa
Sevilla cerró 2025 con 3,7 millones de turistas, un 3% más, su mejor registro histórico. Málaga superó los 1,4 millones, con un alza del 3,9%. Las dos capitales reciben oleadas constantes de cruceristas y comprueban cómo el gasto en limpieza, seguridad y conservación del patrimonio sube al mismo ritmo que las llegadas.
Andalucía recibe casi 38 millones de turistas al año y sus capitales aún no tienen una tasa con la que pagar la limpieza que generan.
El Ayuntamiento hispalense, gobernado por el PP, replica al consejero con una pregunta: “¿Cómo vamos a mandarle objetivos de dónde invertirlo si no sabemos la cuantía de la tasa? Antes que nada, tendrá que definirse”. En Málaga, el consistorio calcula que el tributo le reportaría unos 30 millones de euros al año, una cifra que la ciudad vincula directamente con su emergencia de vivienda.
La moción que el PP malagueño llevó al Pleno el pasado junio era explícita: los ayuntamientos necesitan “herramientas jurídicas eficaces” para fijar tasas por pernoctación en viviendas de uso turístico, siempre con el consenso del sector. El alcalde, Francisco de la Torre, prefiere la vía estatal, aunque su equipo no descarta otras fórmulas si el Gobierno central no mueve ficha.
El contraste con otras regiones es medible. Cataluña, con la tasa en vigor desde 2012, ha climatizado ya 84 escuelas públicas de Barcelona con el dinero recaudado a 11 millones de visitantes. En Sevilla o Málaga, ese tipo de inversión municipal sigue dependiendo del presupuesto ordinario, el mismo que paga la recogida de basura o la limpieza de las calles.
En Cádiz, el alcalde Bruno García calcula que la tasa se cobraría a través de los hoteles y se destinaría a patrimonio, cultura o actuaciones sociales, “en ningún caso” al funcionamiento corriente del consistorio. Su preferencia también es la reforma estatal, pero abre la puerta autonómica: “Si desde el Gobierno central no se responde a este requerimiento, se puede explorar la vía autonómica”.
Córdoba comparte el enfoque, aunque su alcalde, José María Bellido, rebaja la urgencia: su prioridad es paliar el corte de la línea AVE a Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda y recuperar la confianza del viajero. “Mi prioridad no es la tasa”, resume.
La patronal hotelera se opone. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), advierte de que las tasas muy altas generan desafección —cita casos de Francia y Alemania con 30 y 40 euros por familia y día— y defiende fórmulas alternativas, como el pago por servicios concretos. Reconoce que en las regiones con tasa no ha caído la llegada de turistas: “No ha habido factores negativos porque vivimos un bum”.
Los sindicatos reclaman lo contrario. Maribel Román, de UGT, recuerda que el sector “ya tiene un IVA reducido del 10%” y que, con un gasto medio diario de 87 euros, “dos o tres euros no espantaría a ningún turista”. Para CCOO, el coste del refuerzo de servicios no puede recaer solo en los andaluces.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias pide legislar al Gobierno central, pero también explora alternativas, como un fondo dentro de la financiación local aportado por la Junta. La entidad puso en marcha hace dos años un observatorio para medir flujos de visitantes e impacto real en cada municipio. Mientras, la Iniciativa Legislativa Popular registrada la pasada primavera en el Parlamento de Andalucía sigue su tramitación con un objetivo claro: que los ayuntamientos puedan recaudar a través de los visitantes.
La Lectura Andaluza
Andalucía es la primera potencia turística de España y una de las mayores de Europa, y esa escala explica la incomodidad de sus capitales. Cuatro ciudades gobernadas por el PP piden a una Junta del PP una herramienta fiscal que ese mismo partido ha respaldado en Galicia. El debate no es ideológico: es de caja. La comunidad recibió casi 38 millones de visitantes en 2025 y los servicios municipales que los atienden se pagan con los impuestos de quienes viven allí todo el año.
Para el lector de a pie, la traducción es concreta. En Málaga, el consistorio vincula los 30 millones previstos a su emergencia de vivienda, con vecinos desplazados fuera de su propia ciudad. En Sevilla, el gobierno municipal quiere saber primero la cuantía antes de decidir el destino del dinero. El siguiente paso depende del Congreso. Sin reforma de la Ley de Haciendas Locales, la vía andaluza exigiría una ley autonómica que el actual Gobierno andaluz no contempla.
El País Vasco estrenará la suya en enero de 2027 y la iniciativa popular seguirá su curso en la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz. La pregunta no es si Andalucía gravará algún día las pernoctaciones, sino con qué dinero pagará, hasta entonces, la factura de ser la comunidad más visitada del país.
