EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha denegado la suspensión que pedía el Gobierno para mantener suprimido el TPS venezolano y también la pausa administrativa de 21 días solicitada como alternativa.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Seguridad Nacional, que cerró la designación bajo la dirección de Kristi Noem, frente a los abogados de los titulares y un Tribunal Supremo que ya ha intervenido dos veces en el litigio.
- ¿Qué impacto tiene? Salvo intervención del alto tribunal, las protecciones frente a la deportación y los permisos de trabajo se reanudan el 6 de noviembre, cuando expira la suspensión vigente.
El Noveno Circuito despeja la vuelta del TPS venezolano: cientos de miles recuperan su protección frente a la deportación el 6 de noviembre.
La orden del Noveno Circuito y la fecha que lo condiciona todo
La decisión llegó el viernes, en una orden de apenas unos párrafos y sin firma personalizada. El Noveno Circuito deniega la suspensión que pedía el Gobierno mientras se resuelve el fondo del recurso y rechaza la alternativa: una pausa administrativa de al menos 21 días. Una orden separada fijará un calendario acelerado para los escritos. El litigio sigue vivo.
Conviene precisar qué es el TPS (Temporary Protected Status, el Estatus de Protección Temporal: el programa creado por el Congreso en 1990 que permite trabajar legalmente y protege de la deportación mientras está vigente). No concede la residencia permanente ni abre camino hacia ella. Ahí está el nudo: los demandantes no piden la nacionalidad, piden que no se les devuelva a un país que consideran incapaz de protegerlos.
Salvo que el Tribunal Supremo intervenga antes del viernes, las protecciones se reanudan el 6 de noviembre. Ese día expira la suspensión que el propio alto tribunal concedió en octubre de 2025. La fecha marca la frontera entre dos regímenes jurídicos para cientos de miles de familias.
De la decisión de Noem al caso Mullin contra Doe: cómo se llegó hasta aquí
El origen está en la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar primero una extensión del TPS venezolano y después terminar con la designación completa. El 5 de septiembre de 2025, un tribunal de distrito dictaminó que se había excedido en la autoridad que el Congreso le había conferido en en la ley de inmigración. La sentencia no discutía si la medida era acertada, sino si podía tomarla.
El TPS venezolano nunca ha sido solo un asunto migratorio: es la prueba de hasta dónde puede llegar un secretario del Gabinete sin el Congreso.
El Tribunal Supremo pausó esa sentencia el 3 de octubre de 2025 y permitió que las medidas de la administración siguieran aplicándose durante los recursos. Sonia Sotomayor y Elena Kagan se habrían opuesto a la petición del Gobierno; Ketanji Brown Jackson firmó un voto particular discrepante.
El 5 de octubre de 2026, el Supremo anuló un pronunciamiento anterior del Noveno Circuito y devolvió el caso para revisarlo a la luz de su sentencia de junio en Mullin contra Doe. Con la suspensión a punto de expirar, el Gobierno pidió otra pausa. El viernes se la denegaron.
El desacuerdo de fondo es técnico y decisivo. La administración sostiene que esa sentencia impide a los jueces federales revisar este tipo de impugnaciones. Los titulares de TPS responden que un tribunal todavía puede determinar si la secretaria actuó más allá de la autoridad que el Congreso le otorgó. Nadie discute el derecho a trabajar; se discute quién decide si se conserva.
La Lógica de Washington
Desde dentro, la pelea se entiende mejor como una cuestión de separación de poderes que como un pulso humanitario. La administración sostiene que el TPS nació como instrumento excepcional y se ha convertido, renovación tras renovación, en una residencia de facto que ningún congresista votó. El Departamento de Seguridad Nacional defiende que la ley le faculta para cerrar una designación cuando cambian las condiciones que la justificaron.
El precedente americano respalda esa lectura. El programa se creó en 1990 y sus designaciones más antiguas llevan décadas vigentes: El Salvador se renueva desde 2001 y Honduras desde 1999. Lo temporal se volvió estructural sin que el Congreso aprobara una sola ley. La última gran reforma migratoria sigue siendo la de Reagan en 1986; desde entonces, ambos partidos han preferido gobernar por vía administrativa antes que negociar en el Capitolio. La coalición que sostiene esta ofensiva judicial es la misma que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca en 2024.
La incógnita es si el Supremo acepta ese razonamiento en su versión más amplia. La orden del viernes sugiere que el Noveno Circuito no lee Mullin contra Doe como un cheque en blanco para el Ejecutivo, y una solicitud de emergencia ante el alto tribunal es el siguiente movimiento previsible. Washington no ha perdido la partida; ha perdido un turno.
El impacto en España: diáspora, consulados y obra pública
Para España, el asunto llega por tres vías. La primera es la diáspora: la venezolana es una de las comunidades más numerosas de Europa y miles de familias tienen parientes directos en Miami, Houston o Nueva York pendientes de qué ocurra el 6 de noviembre. Muchos de esos titulares tienen además nacionalidad española por vía de abuelos.
La segunda es económica. Ferrovial, ACS y Acciona operan grandes contratos de infraestructura en Estados Unidos, igual que Santander y BBVA en servicios financieros. Buena parte de la mano de obra que sostiene la construcción y la logística en estados como Texas o Florida son titulares de protecciones temporales. Un permiso que se apaga tensiona el mercado laboral donde opera la empresa española.
La tercera es política. El Gobierno español ha seguido el expediente venezolano con un perfil discreto, consciente de que no tiene competencia sobre un tribunal federal. En Bruselas, el debate sobre las protecciones temporales replica el americano con otro nombre: estatus de protección internacional y permisos humanitarios.
El calendario inmediato es corto. El Noveno Circuito fijará en los próximos días el ritmo de los escritos y la administración puede pedir amparo al Supremo antes de que la suspensión expire el 6 de noviembre. La solución duradera no está en ningún tribunal: está en el Congreso, que lleva tres décadas sin aprobar una ley de inmigración completa.
Ficha del Caso
- El caso: El Noveno Circuito deniega al Gobierno la suspensión del fallo que restaura el TPS venezolano, en el litigio National TPS Alliance contra Mullin.
- Datos clave: Protecciones y permisos de trabajo se reanudan el 6 de noviembre de 2026, salvo intervención del Supremo; el tribunal rechazó también la pausa administrativa de 21 días.
- Para España: Afecta a miles de familias con vínculos en ambos países y al mercado laboral donde operan Ferrovial, ACS, Acciona, Santander y BBVA.
