El rechazo del Ministerio de Agricultura al spirotetramat agrava la crisis del pimiento en Almería: 12.500 hectáreas se quedan sin tratamiento eficaz.
Una plaga que ya no se esconde y tres campañas sin respuesta
La denegación de la autorización excepcional que había solicitado la Junta de Andalucía ha convertido una demanda técnica en un pulso abierto. ASAJA Almería denuncia que los productores encaran su tercera campaña consecutiva reclamando soluciones frente a una plaga que compromete la rentabilidad de unas 12.500 hectáreas de cultivo bajo plástico en la provincia. La decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación era la última puerta que quedaba entreabierta.
No pedía un cheque en blanco la solicitud. Planteaba el uso temporal del spirotetramat, una materia activa autorizada en otros cultivos, para frenar un insecto que se ha hecho fuerte en el Poniente. Según la organización agraria, la plaga deja pérdidas directas y más costes de producción y erosiona los márgenes de explotaciones que compiten en el mercado europeo con productores de países donde el catálogo de herramientas fitosanitarias es distinto.
El Thrips parvispinus es pequeño, difícil de detectar al principio y muy prolífico. Se alimenta de los tejidos vegetales y deja su firma en hojas, flores y frutos: deformaciones, brotes que no crecen, la piel del pimiento alterada y flores que caen. Cuando el daño se ve, el ciclo ya está comprometido. Muchos agricultores han tenido que adelantar arranques o cambiar calendarios de plantación, y eso añade incertidumbre a una campaña que se decide meses antes del primer trasplante.
No es un problema nuevo, pero sí más grave. En enero de 2025, las estimaciones de ASAJA situaban al parvispinus en el 30% de la superficie de pimiento de Almería. Aquel porcentaje ya encendió las alarmas. Hoy la organización sostiene que la presión ha crecido mientras el catálogo de soluciones se estrecha, y ahí está el nudo del asunto.
Tres campañas reclamando lo mismo y una certeza incómoda: cada materia activa que se cae deja al invernadero con menos defensas y las mismas obligaciones.
Tampoco es blando el marco obligatorio. La Junta de Andalucía declaró oficialmente la existencia del Thrips parvispinus mediante una resolución de abril de 2026 y fijó medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio: protocolos de arranque, higiene de las instalaciones, retirada de restos vegetales, control de reservorios y vigilancia permanente. Este tipo de disposiciones se publican en el BOJA, el boletín oficial autonómico. ASAJA no discute esas obligaciones; discute el equilibrio entre deberes y recursos técnicos disponibles.
Sobre el control biológico se sostiene el modelo almeriense. Las sueltas de Orius laevigatus y de ácaros depredadores han permitido mantener la producción integrada durante años, y funcionan si las poblaciones de insectos auxiliares llegan antes que la plaga. Asímismo, el sector ha intensificado las recomendaciones de suelta cuando las condiciones ambientales favorecen la reproducción del insecto. Pero el control biológico no llega solo: cuando la presión se dispara, los enemigos naturales no bastan y hacen falta tratamientos compatibles, técnicamente avalados y legalmente autorizados.
Del Ministerio a Bruselas: lo que reclama el sector
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio. ASAJA Almería le reclama que explique las razones concretas de la denegación y que revise qué posibilidades legales permite la normativa para responder a una situación fitosanitaria excepcional. No va sola en esa petición: en septiembre de 2026, Unión de Uniones respaldó una iniciativa parlamentaria para agilizar las autorizaciones de productos fitosanitarios, convencida de que el calendario administrativo no camina al ritmo del invernadero.
A eso se suma el frente europeo. La organización pide armonizar las reglas entre Estados miembros, porque hoy un productor de Almería y otro del norte de Europa pueden competir en el mismo lineal con exigencias distintas. La reclamación enlaza con el debate sobre límites máximos de residuos más estrictos para alimentos importados, una propuesta comunitaria que el sector viene siguiendo desde principios de 2026, y con la exigencia de controles equivalentes para las producciones de terceros países. La reciprocidad, sostienen, no es proteccionismo: es jugar con el mismo reglamento.
En el centro de todo esto hay una cifra que mide la dimensión del problema: 12.500 hectáreas de pimiento bajo plástico, concentradas sobre todo en el Poniente, con El Ejido y Níjar como epicentros de una producción intensiva que sostiene empleo, actividad auxiliar y exportación. Cada hectárea afectada es una decisión de compra, un contenedor que sale o no sale y una nómina en un invernadero. Y cada campaña que arranca sin soluciones deja al productor con menos margen para la siguiente.
La Lectura Andaluza
Andalucía no puede permitirse mirar hacia otro lado. El pimiento es una de las columnas de la horticultura protegida andaluza, y el invernadero del Poniente es uno de los motores de empleo de la provincia: de él viven productores, jornaleros, transportistas, almacenes y comercializadoras que colocan fruta y hortaliza en media Europa. La Junta de Andalucía hizo su parte al tramitar la autorización excepcional y al declarar oficialmente la plaga en abril de 2026, con un paquete de medidas obligatorias que el sector acata. La decisión final, en cambio, es competencia estatal con marco normativo europeo, y ahí es donde el campo almeriense dice sentirse sin red.
La proximidad del problema se mide en nóminas. Cada hectárea que se abandona o se arranca antes de tiempo es empleo que no se genera en El Ejido ni en Níjar, y también es oferta que se tensa y precio que acaba notando quien compra pimiento en cualquier mercado andaluz. No es un debate abstracto sobre moléculas: es la diferencia entre una campaña rentable y una campaña de aguante. Y el calendario no espera, porque las plantaciones de la nueva temporada ya están en marcha.
Lo que viene después se juega en tres mesas. La primera, la del Ministerio, que debe explicar la denegación y aclarar qué vías legales quedan abiertas. La segunda, la del Parlamento, donde la iniciativa respaldada por Unión de Uniones en septiembre de 2026 mantiene viva la exigencia de agilizar autorizaciones. La tercera, Bruselas, donde se decide si las reglas se armonizan o si cada país improvisa la respuesta. Mientras tanto, el invernadero de Almería seguirá haciendo lo que mejor sabe: producir pimiento con la vigilancia puesta en una plaga que ya lleva tres campañas ganando terreno.
