La prohibición de la compra especulativa de vivienda en Cataluña sigue sin ley cuatro meses después del pacto presupuestario. El PSC se comprometió con los Comuns a tramitar esa norma para desbloquear las cuentas del Govern. Hoy el texto no avanza: el Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen desfavorable y los dos socios han registrado enmiendas por separado. Cada uno por su lado.
El compromiso se cerró en plena negociación de los presupuestos, cuando el Govern necesitaba cada voto del hemiciclo. Los Comuns llevaban la medida en su programa y la convirtieron en condición para dar el sí. El PSC la aceptó. Cuatro meses después, aquel acuerdo se ha quedado en el enunciado: no hay redactado consensuado, no hay solución común a los reparos jurídicos y no hay calendario.
Lo que observamos no es una pelea cualquiera entre socios de investidura. Es la prueba de que el pacto presupuestario se construyó sobre una ambigüedad que ahora pasa factura. Una cosa es prometer una ley y otra muy distinta escribirla de modo que resista el escrutinio del Consell de Garanties y el voto del Pleno.
Por qué el dictamen del Consell de Garanties ha congelado el texto
El Consell de Garanties Estatutàries es el órgano consultivo que examina si los proyectos del Parlament encajan con el Estatut y con la Constitución. Su dictamen no es vinculante. Eso sí, cuando aprecia contradicciones el trámite se complica: el texto debe volver al Pleno y el margen político se estrecha.
En este caso el informe fue desfavorable, según la información publicada por Ara. Traducido a la práctica: el redactado pactado no pasa el filtro jurídico. Y ahí arranca el problema real, porque PSC y Comuns no coinciden en qué hay que tocar para salvarlo.
Los socialistas priorizan el encaje competencial y la seguridad jurídica del texto. Los Comuns temen que la corrección desnaturalice la norma hasta dejarla en un brindis al sol. Son dos diagnósticos del mismo informe. Cuatro meses sin alternativa común es, en términos políticos, un atasco de manual.
Una ley que nace de un acuerdo presupuestario y muere en un informe consultivo no es una anomalía: es la forma habitual en que se aparcan los compromisos incómodos.
Dos enmiendas separadas y una aritmética que no perdona
El Parlament tramita el proyecto y ambos grupos han presentado enmiendas por su cuenta. No es un detalle menor de procedimiento. Cuando dos socios enmiendan el mismo articulado sin un texto alternativo compartido, el mensaje que llega al hemiciclo es que ya no negocian juntos, sino en paralelo.
La aritmética explica parte de la frialdad. El PSC tiene 42 escaños y los Comuns, 6: 48 de 135. La mayoría absoluta son 68. Ninguna ley de calado sale adelante sin Junts o ERC, y eso cambia quién tiene la última palabra sobre cada coma.
Ahí está el punto débil del compromiso. Los Comuns pueden exhibir la promesa, pero no tienen los votos para imponer el redactado que querían. El PSC puede exhibir la ley, pero tampoco reúne los números para aprobarla sin mirar a grupos que no comparten el enfoque. El calendario no ayuda.
Mientras tanto, el debate sobre el acceso a la vivienda sigue su curso en las comarcas más tensionadas. La compra por parte de inversores y grandes tenedores es una de las quejas que más se repite en los registros de la propiedad, y en las asambleas vecinales de Barcelona, el área metropolitana y la costa.
Nadie discute el diagnóstico. La discrepancia está en el instrumento y en hasta dónde puede llegar la Generalitat sin invadir competencias estatales. Cosas del reglamento, dirán algunos. Solo que el reglamento, en este caso, decide si la norma existe o se queda en papel mojado.
Lo que este atasco anticipa de los presupuestos de 2027
La lectura política es otra. El Govern afronta el próximo ciclo presupuestario con el mismo socio que ahora le reclama una ley bloqueada. Si el texto no se mueve antes de que arranque la negociación de las cuentas, los Comuns tendrán un argumento difícil de rebatir: lo prometido no se cumplió.
Hemos visto este patrón otras veces en el Parlament. Medidas estrella de un pacto presupuestario que se anuncian con foto y se quedan después en la comisión, sin ponencia y sin fecha. Otras comunidades han optado por vías administrativas —declaraciones de zonas tensionadas, límites a la compra por parte de fondos— en lugar de abrir una ley con riesgo competencial. Es más gris, pero se aprueba.
Aquí el riesgo es distinto y conviene decirlo: si el Pleno acaba aprobando un texto corregido solo para cumplir el expediente, la norma puede nacer sin efectos prácticos. Y entonces el problema no será jurídico, sino de credibilidad. Una ley simbólica cuesta más caro que una ley que nunca se presenta.
El siguiente hito es la negociación de las cuentas de 2027, que arrancará en los próximos meses y volverá a poner a los Comuns ante la misma disyuntiva: sostener al Govern o cobrarse el incumplimiento. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
Lo que sí está claro es que el compromiso cerrado en verano llegó al otoño sin redactado, sin acuerdo y con un dictamen en contra. Si alguien pensaba que la prohibición de la compra especulativa de vivienda iba a resolverse en unas semanas, la realidad del Parlament le ha dado la respuesta.
