Vox ha fijado este sábado en Lorca la agenda del campo para el 29-N. El portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha trasladado a agricultores y regantes de la comarca el mensaje que resume su campaña: un Gobierno que anteponga los intereses del campo español a los de terceros países.
Alonso se desplazó hasta la diputación de La Tercia, en el término municipal de Lorca, para mantener un encuentro de trabajo con agricultores y productores locales. Le acompañaron la número dos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Ascensión Gómez; el candidato al Senado y presidente de Vox Murcia, José Manuel Pancorbo; y la también candidata a la Cámara Alta y teniente de alcalde de Lorca, Carmen Menduiña. El recorrido sirvió para conocer de primera mano la situación crítica que atraviesa el sector agrícola lorquino.
Antes de entrar en materia agraria, el portavoz trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo y exigió explicaciones objetivas al Ejecutivo. Señaló la responsabilidad política de Pedro Sánchez y del ministro Óscar Puente, cuya dimisión inmediata reclamó, y situó la cita del 29 de noviembre como la vía para exigir responsabilidades ante la justicia.
Qué propone Vox para el campo y con qué argumentos
La primera batalla es fitosanitaria. Alonso denunció la ‘enésima traición al campo español y lorquino’ del ministro Luis Planas por negarse a autorizar de forma excepcional el fitosanitario Movento, una herramienta que el partido considera imprescindible para frenar la plaga del pulgón en la Región de Murcia y la del parvispinus en Almería. Sin ese producto, sostiene, el productor queda sin margen frente a una plaga que ya castiga las explotaciones.
El segundo frente es comercial. El portavoz acusó al Gobierno de beneficiar deliberadamente a la agricultura de terceros países y de permitir ‘la competencia desleal mediante un acuerdo comercial ilegal que ha llevado a Marruecos a desplazar a España como segundo proveedor de tomate a la Unión Europea. De ahí su exigencia de suspensión inmediata del acuerdo y su advertencia de que ‘no se puede mantener ningún tipo de relación de este tipo con un país que ha invadido nuestras fronteras mediante el asalto a Ceuta’.
La factura del acuerdo con Marruecos no la paga Bruselas: la paga el agricultor de Lorca, Almería o Murcia que compite con reglas distintas.
Queda la arquitectura europea de ayudas. Alonso alertó de la decisión del Ministerio de dar luz verde a la unificación de los fondos FEAGA y FEADER de la PAC en una caja única, un paso que, a su juicio, ataca los pilares de la política agraria común: ‘Tras romper el principio de preferencia comunitaria, ahora van a cargarse el mercado único, abriendo la puerta a que los países miembros compitan entre sí y dejando la PAC al borde de la ruptura’.
Frente a ese modelo, Vox defiende una PAC con presupuesto reforzado y actualizado a la inflación, con la rentabilidad real de las explotaciones y la soberanía alimentaria en el centro de la política agraria.
La hoja de ruta incluye medidas de aplicación inmediata si Vox entra en el Gobierno: autorización masiva e instantánea de todos los fitosanitarios pendientes y refuerzo de los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) para examinar el 100% de los productos de terceros países. El criterio es rechazar en frontera a todo aquel que no cumpla exactamente los mismos requisitos sanitarios y laborales que se exigen a los agricultores españoles.
El cuarto compromiso es el agua, el asunto que vertebra la política murciana. Alonso garantizó que ‘no se va a recortar ni un solo litro del trasvase Tajo-Segura, sino que se van a reforzar y aumentar los caudales y los derechos de los regantes’. Y puso el contraste sobre la mesa: un Gobierno que niega agua a los agricultores españoles mientras financia con fondos públicos la construcción de desaladoras en Casablanca.
Qué recorrido tienen estas exigencias y quién decide cada cosa
El recorrido de cada medida es distinto. La autorización excepcional de un fitosanitario depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta la fecha ha mantenido la negativa. El control de los productos que llegan de terceros países se enmarca en las normas europeas de sanidad vegetal y en los acuerdos comerciales que negocia la Comisión Europea. Y la PAC se discute en Bruselas. Ninguno de esos frentes está en manos de un solo ministerio.
Eso sí, el calendario manda. Las elecciones generales del 29 de noviembre convierten cada exigencia técnica en un argumento de campaña. Vox se dirige a un electorado que no necesita explicaciones sobre el pulgón ni sobre el precio del tomate: lo sufre en la cuenta de resultados.
La estrategia de Vox: agua, frontera y soberanía alimentaria
Hay un hilo que conecta los cuatro frentes. Vox no presenta el campo como un expediente sectorial, sino como una prueba de soberanía: quién decide qué se cultiva, con qué fitosanitarios, a qué precio se importa y de dónde sale el agua. Ese enfoque le permite agrupar en un solo discurso a regantes del Segura, productores de tomate de Almería y agricultores de secano, tres electorados que no siempre votan igual.
El precedente del trasvase es elocuente. Vox ha convertido la defensa del trasvase Tajo-Segura en una exigencia recurrente y en un marcador de su distancia con el PP en la Región de Murcia, comunidad que los populares gobiernan en solitario desde la ruptura de los ejecutivos de coalición en 2024. En ese tablero, el campo es un terreno donde el partido de Alberto Núñez Feijóo no puede permitirse quedar a la derecha de nadie.
Queda por delante casi un mes de campaña. Vox tiene hasta el 29 de noviembre para convertir la queja del regante en voto y para instalar en la conversación nacional un principio que repite en cada acto territorial: que el agua, la frontera y la comida no se negocian fuera de España.
