Durante más de una década, Venezuela ha ocupado un lugar privilegiado en el discurso de la derecha española. El sufrimiento de los venezolanos, la falta de garantías democráticas y la situación de los opositores al chavismo se convirtieron en argumentos recurrentes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La solidaridad con la población del país latinoamericano servía para alimentar una estrategia política muy concreta: desgastar a Podemos y cuestionar la legitimidad de su proyecto.
Pablo Iglesias y otros dirigentes de la formación morada tuvieron que responder durante años por sus relaciones pasadas con el entorno político venezolano y por las acusaciones sobre una supuesta financiación chavista. La derecha convirtió aquellas sospechas en uno de sus principales argumentos contra el partido regeneracionista. Venezuela dejó de ser únicamente un país que atravesaba una profunda crisis política y económica para convertirse en un arma arrojadiza en la política española.
En 2016, durante la campaña de las elecciones generales del 26 de junio, Albert Rivera viajó a Caracas y situó a Venezuela en el centro de su discurso electoral. El entonces presidente de Ciudadanos defendió a la oposición venezolana y acusó a Podemos de mantener vínculos con el chavismo. La visita generó un cruce de reproches con Pablo Iglesias, que acusó a Rivera de utilizar el viaje para hacer campaña en España.
El episodio resumía una dinámica que se repetiría durante años. El PP también participó en la ofensiva política contra Podemos, mientras Vox incorporó Venezuela a su discurso contra la izquierda. La situación del país servía para advertir de los supuestos riesgos de que España adoptara un modelo político semejante al venezolano. Caracas aparecía como una amenaza, una advertencia y un recurso electoral.
Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal han recurrido en diferentes momentos a la crisis venezolana para marcar distancias con la izquierda española y denunciar la deriva autoritaria del chavismo. La falta de democracia, la persecución de opositores y las denuncias de corrupción ocupaban un lugar central en sus críticas.
Sin embargo, el escenario ha cambiado y la hemeroteca plantea ahora preguntas incómodas. Tras el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, la intervención de Donald Trump y el posterior poémico acuerdo petrolero con el Gobierno interino venezolano han colocado sobre la mesa cuestiones que también deberían preocupar a quienes durante años reivindicaron la democracia y la soberanía de Venezuela.
La democracia, según quién intervenga
La operación estadounidense que terminó con Maduro fuera del poder abrió una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas. Pero el desenlace no ha despejado las dudas sobre el futuro institucional del país. La salida del dirigente chavista no garantiza por sí misma la recuperación de una democracia plena, ni resuelve las preguntas sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas por las nuevas autoridades.
Feijóo ha insistido en la necesidad de convocar elecciones libres y transparentes y ha respaldado a María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana. Abascal, por su parte, ha utilizado la intervención para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar protección internacional para Machado, al tiempo que ha vuelto a poner el foco en los supuestos vínculos económicos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el chavismo.
Son posiciones que mantienen la atención sobre la situación política venezolana, pero dejan una cuestión pendiente: ¿qué ocurre con la defensa de la soberanía nacional cuando la potencia que interviene es Estados Unidos y el presidente que dirige la operación es el bélico Donald Trump?
La contradicción aparece cuando la condena de los abusos pierde intensidad ante una operación militar que permite a Washington ampliar su influencia sobre Venezuela. Si la falta de democracia era uno de los grandes argumentos contra Maduro, el nuevo escenario debería suscitar preguntas sobre los mecanismos de control, la representación política y las condiciones en las que se toman decisiones que comprometen el futuro del país.
El petróleo entra en escena
El acuerdo anunciado el 28 de agosto por Donald Trump y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha añadido una dimensión económica de enorme importancia a la crisis política. Según el anuncio de Washington, Estados Unidos obtendría el control mayoritario sobre 17 yacimientos con un potencial estimado de más de 65.000 millones de barriles de petróleo, alrededor de una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela.
Trump presentó el pacto como un acuerdo histórico y aseguró que contribuiría a aumentar el suministro energético estadounidense. Rodríguez defendió que la iniciativa permitiría atraer inversiones y recuperar la industria petrolera venezolana. Sin embargo, las condiciones del acuerdo y su alcance han suscitado dudas sobre la transparencia, el reparto de los beneficios y la soberanía económica del país.
La pregunta es inevitable: ¿dónde queda la defensa de los recursos nacionales cuando una potencia extranjera consigue una posición privilegiada sobre una parte tan importante de las reservas petroleras?
Durante años, dirigentes de la derecha española denunciaron el deterioro económico de Venezuela y el supuesto saqueo de sus recursos por parte de dirigentes chavistas y empresarios cercanos al poder. Las sospechas sobre corrupción y enriquecimiento privado alimentaron buena parte de sus críticas. Ahora, cuando el nuevo escenario abre la puerta a una explotación petrolera en condiciones favorables para los intereses estadounidenses, la cuestión de quién obtiene los beneficios debería seguir ocupando el debate público.
Venezuela ya no sirve para todo
Durante años, Venezuela fue una palabra recurrente en las intervenciones de dirigentes conservadores, una advertencia contra Podemos y un recurso para desacreditar a sus adversarios. La situación de los venezolanos se utilizó como ejemplo de lo que podía ocurrir si la izquierda alcanzaba el poder en España. La democracia y la libertad ocuparon el centro de aquel discurso.
Ahora, con Maduro fuera del poder tras una operación violenta estadounidense y con Trump negociando el acceso a una parte sustancial de las reservas petroleras venezolanas, la conversación exige ir más allá de la celebración política. La democracia no se mide únicamente por quién abandona el palacio presidencial, sino también por las garantías que se establecen después. Y la soberanía no deja de importar cuando el beneficiario de un acuerdo es una potencia aliada de la derecha española.
