La Asociación Líberum ha comparecido este pasado viernes en la audiencia pública de la Junta General del Principado de Asturias para exigir la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Salud Pública. Los servicios jurídicos de la asociación han calificado el texto normativo como un «atentado sin precedentes contra los Derechos Fundamentales (DDFF) y el bolsillo de los asturianos», cuyo único fin real es asegurar la recaudación de fondos mediante la coacción administrativa. Líberum ha asestado un golpe jurídico al proyecto del Ejecutivo asturiano al poner sobre la mesa del Parlamento las tres sentencias clave del Tribunal Constitucional que han desarmado normativamente los abusos sanitarios autonómicos en España.
Se tratan de la STC 136/2024 (Galicia), la STC 141/2024 (Islas Baleares) y la STC 95/2025 (Canarias). En todas ellas, el Alto Tribunal estimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el partido político Vox y sentó una doctrina inamovible: las Comunidades
Autónomas no tienen la capacidad jurídica de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante normativas sanitarias.
«El Tribunal Constitucional ya ha dicho textualmente que la vacunación en España es un acto médico voluntario. El Principado no puede usar los artículos 22 y 71 de esta ley para forzar coberturas médicas bajo la amenaza de multas y asfixia financiera a los ciudadanos», declararon los portavoces de la asociación.
Durante la ponencia parlamentaria, Líberum ha recordado el historial de «engaños y opacidad» de la Consejería de Salud, rescatando un documento de octubre de 2021 donde el propio Gobierno asturiano admitió por escrito que una prueba PCR por sí sola jamás ha servido para diagnosticar la COVID-19, requiriendo pruebas complementarias de laboratorio (aislamiento, cultivo), y la sintomatología clínica de los pacientes. A pesar de este reconocimiento oficial, el nuevo proyecto pretende legalizar confinamientos forzosos basándose en un único resultado analítico aislado.
Plenos poderes sobre salud
Líberum ha alertado a los diputados asturianos sobre el peligro de otorgar plenos poderes a una administración que ya cuenta con antecedentes de mala fe procesal. La asociación ha recordado cómo en diciembre de 2021 la Consejería ocultó deliberadamente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias el informe técnico del Consejo Interterritorial que desaconsejaba el pasaporte COVID por ineficaz. «Los
pillamos en el renuncio gracias al recurso de Líberum y tuvieron que retirarlo en 10-15 días», señalan desde el equipo jurídico.
Además, la asociación ha puesto el foco en la confiscación económica que esconde el Título V del proyecto: El artículo 78.3 obliga a las empresas a financiar el coste de su propio cierre cautelar. Si un inspector precinta un local por «precaución» (incluso sin certeza
científica, según el Art. 78.5), el propietario debe pagar las tasas de custodia y mantenimiento de su mercancía requisada, afrontando pérdidas que pueden superar decenas de miles de euros sin haber cometido infracción alguna.
También denuncian que el artículo 82 de la ley duplica el régimen de multas cruzadas para castigar con sanciones económicas brutales a los
ciudadanos que ejerzan su derecho constitucional a la objeción médica frente a la vacunación forzosa institucional.
Líberum ha concluido advirtiendo que recurrirá la norma ante los más altos tribunales si el Parlamento asturiano decide seguir adelante con lo que consideran una «ley exprés para embolsarse el dinero de los ciudadanos a costa de sus libertades más sagradas».
