Diez defensores del pueblo han consensuado un decálogo que pide reconocer la vivienda como derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas.
Del papel a la reclamación: qué significa que la vivienda sea exigible
El documento se presentó el viernes 30 de octubre en las 39ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común de Canarias (la institución que ejerce como defensora del pueblo en el archipiélago) bajo el lema «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda». Ha hecho falta un año de trabajo para que instituciones de origen político distinto firmen el mismo texto.
El primer punto es el de mayor recorrido. Las defensorías piden reconocer la vivienda como derecho subjetivo, es decir, una facultad que su titular puede reclamar ante la administración y que la obliga a responder de forma concreta. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda ya declara ese derecho, pero no lo dota de una vía individual de exigibilidad. Ahí está el salto: de la declaración al procedimiento.
El decálogo reclama un incremento «significativo y sostenido» del parque de vivienda social y protegida hasta alcanzar, como mínimo, los estándares europeos. También mantener de forma permanente la calificación protegida de las viviendas públicas, priorizar el alquiler asequible y evitar que esos inmuebles acaben en el mercado libre. Se añade más inversión pública vía nuevas promociones, rehabilitación y movilización de pisos deshabitados. El consenso entre instituciones de distinto signo es lo que cambia el tablero.
El tercer bloque apunta a la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con «planificación rigurosa de las necesidades residenciales», más suelo para vivienda protegida y recursos presupuestarios estables. Y una exigencia que toca directamente al ciudadano que lleva años esperando: que cada solicitud de los registros de demandantes reciba una resolución expresa en un plazo razonable, con información sobre las actuaciones previstas.
Las defensorías ponen el foco, asimismo, en los alquileres de uso turístico y en los contratos de temporalidad, cuyos efectos sobre la oferta residencial de larga duración exigen supervisar. Se suman ayudas al alquiler adaptadas a la realidad del mercado y atención prioritaria a menores, personas mayores y víctimas de la violencia machista. El problema deja de leerse como un fallo del mercado y pasa a leerse como un fallo de protección.
Reconocer la vivienda como derecho exigible no construye un solo piso, pero cambia el lugar donde el ciudadano puede reclamar cuando no lo hay.
«La vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado», defendió la diputada del común Lola Padrón, que situó la responsabilidad en las administraciones competentes. El defensor del pueblo estatal, Ángel Gabilondo, reivindicó «el acuerdo y el trabajo conjunto» frente a la desafección, que a su juicio puede acabar poniendo en cuestión la democracia.
Canarias como escenario: insularidad, turismo y listas de espera
No es casual que el encuentro se celebrara en las islas. Canarias, con más de dos millones de habitantes según el INE, soporta una presión turística que se traduce en competencia directa entre el alquiler vacacional y el residencial. El suelo escasea, y se encarece. La lista de demandantes de vivienda protegida no deja de crecer.
La comunidad que preside Fernando Clavijo lleva años discutiendo cómo limitar el alquiler de uso turístico sin dañar su principal industria. El decálogo llega con algo de espejo: lo que las defensorías reclaman al conjunto del país es lo que el Gobierno de Canarias tiene pendiente en casa. La institución que alerta es la misma que fiscaliza.
El Pulso Territorial
En Canarias gobierna Coalición Canaria con el PP y el respaldo de formaciones insulares en el Parlamento de Canarias (el parlamento autonómico, con 70 escaños), donde la mayoría es ajustada. La vivienda se ha convertido en el eje con el que la oposición mide al ejecutivo en cada pleno, y las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, se decidirán en buena parte por lo que ocurra en los registros de demandantes y en los portales inmobiliarios.
El patrón no es exclusivo del archipiélago. Comunidades como Aragón, Castilla y León, Navarra o La Rioja cuentan con defensorías propias que forman parte de esa coordinación habitual, y todas comparten el mismo cuello de botella: el parque público sigue siendo una excepción frente a la vivienda libre. Conviene recordar un precedente. Los estatutos reformados en la última década, el canario entre ellos, incorporaron mandatos de vivienda digna a sus catálogos de derechos. La palabra derecho ya estaba escrita; lo que faltaba era el procedimiento.
Lo que viene ahora es presión institucional sin calendario legislativo. Las conclusiones se trasladarán a los parlamentos autonómicos y al Congreso, pero ningún gobierno está obligado a convertirlas en ley. El plazo real lo marcará el trámite presupuestario de cada comunidad: ahí se decide cuánto suelo protegido y cuánto dinero para alquiler sobreviven al papel.
Ficha Autonómica
- El caso: Las diez defensorías del pueblo del país han cerrado un año de trabajo con un decálogo sobre vivienda, presentado en las 39ª Jornadas de Coordinación celebradas en Canarias.
- Datos importantes: Diez puntos; entre ellos, el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo exigible, el aumento del parque social hasta los estándares europeos, la resolución expresa para los inscritos en los registros de demandantes y la supervisión del alquiler turístico.
- Resumen: El texto es una posición común sin rango normativo. Su traslado a los parlamentos y al Congreso, junto a los presupuestos autonómicos de 2027, decidirá si alguna de las diez propuestas se convierte en obligación legal.
