Tusk lleva la crisis constitucional en Polonia al terreno de la guerra híbrida: sus rivales, dice, usan un ‘ejército de bots rusos’. No aportó una sola prueba.
Una jueza, una suspensión y dos acusaciones cruzadas de golpe de Estado
El detonante fue un auto judicial. El viernes, Anna Korwin-Piotrowska, jueza elegida por la mayoría parlamentaria que sostiene al primer ministro, ordenó la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional polaco, Bogdan Świeczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, ambos vinculados a la oposición de Ley y Justicia (PiS). La cúpula del tribunal rechazó la medida y advirtió de que quienes participaran en el intento de toma del edificio ‘cometen el delito de golpe de Estado’.
La jornada terminó con protestas ante la sede, un despliegue policial poco habitual y una escena que resume el momento. El presidente de la República, Karol Nawrocki, canceló su viaje a Senegal, entró en el edificio y se plantó ante la jueza y sus aliados: ‘No sois jueces del Tribunal Constitucional’, les dijo.
El sábado por la noche, Tusk compareció en televisión. ‘¿Codicia, estupidez o traición?’, preguntó. Habló de ‘fuerzas prorrusas en todo el mundo’, de un ‘ejército de bots rusos’ que trabaja a favor de sus rivales y de ‘cumplidos públicos del ideólogo jefe del Kremlin’. No presentó pruebas, no concretó de qué cuentas hablaba y no detalló qué organismo lo había verificado.
La respuesta llegó de Zbigniew Bogucki, jefe de gabinete del presidente: ‘mentiroso patológico’, dijo, un hombre que prende fuego mientras finge apagarlo y cuyo discurso no contiene ‘una sola palabra que refleje la realidad jurídica’. Moscú no entró al fondo: su portavoz, Dmitri Peskov, ya había negado en julio la autoría rusa de los ciberataques contra la red energética polaca. Dmitri Medvédev, más locuaz, habló de ‘golpe de Estado constitucional’ y de ‘protegido de Bruselas’.
Cuando un primer ministro necesita un adversario extranjero para explicar a su propio presidente, el problema ya no está en Moscú.
Por qué Tusk necesita el relato de los bots ahora
El choque no es jurídico. Es de poder, y viene de lejos. Desde diciembre de 2023, Tusk gobierna con un jefe del Estado con derecho de veto y con un Tribunal Constitucional cuya cúpula designó la anterior mayoría de PiS, en un proceso que Bruselas consideró ilegal. La coalición eligió a cinco jueces que Nawrocki se niega a tomar juramento; el tribunal se niega a incorporarlos. El auto del viernes es el primer intento serio de romper ese bloqueo por vía administrativa. Y un riesgo evidente: si una jueza puede decapitar la cúpula de un órgano constitucional, el siguiente en usarlo no será Tusk.
El problema no es que la guerra híbrida rusa en Polonia no exista. Existe y está documentada: sabotajes en almacenes logísticos, ciberataques contra la red eléctrica, presión migratoria en la frontera bielorrusa, interferencias de GPS en el Báltico, y campañas de desinformación sobre Ucrania. Precisamente por eso la acusación resulta tan eficaz y tan tóxica. En un país con sabotajes reales, la etiqueta de complicidad con Moscú es letal en política interior y no necesita prueba para circular.
Lo que desgasta el argumento es el precedente inmediato. Tras los ataques ucranianos contra centros de datos de Yandex se difundió que la operación había paralizado una red de bots rusos al servicio de Alternativa por Alemania y del movimiento de Trump. Un gráfico viral con cifras fabricadas sostuvo el relato durante días. Varias investigaciones independientes lo desmontaron. La lección es incómoda: ‘bots rusos’ ha dejado de ser una categoría técnica y funciona ya como arma de disputa interna, cómoda para quien la esgrime e imposible de refutar para quien la recibe.
Equilibrio de Poder
Bruselas está en una posición imposible y lo sabe. La Comisión Europea construyó entre 2016 y 2023 un mecanismo —el artículo 7, los hitos del fondo de recuperación, casi 60.000 millones de euros comprometidos con Varsovia— que descansaba en un supuesto: PiS era el problema y Tusk la solución. Aplicar ese mismo rasero a la suspensión del presidente del tribunal obligaría a Bruselas a admitir que un gobierno puede decapitar al árbitro constitucional si lo firma un juez afín. No lo dirá. Y ese silencio es el activo que Moscú rentabiliza sin gastar un rublo en bots.
Washington no va a mover un dedo. La administración Trump ha convertido el flanco este en un asunto de compras: Polonia es el cliente más rentable de la OTAN, con más del 4% del PIB en defensa, F-35, Abrams, Apache, HIMARS y Patriot en cartera, y alberga el Aegis Ashore de Redzikowo, el mismo sistema AEGIS que la Armada española opera desde Rota. Pero hay un detalle que Moncloa y las demás capitales europeas deberían subrayar: sostener que los rivales internos de un primer ministro europeo están financiados por bots rusos equivale a decir que el movimiento que llevó a Trump a la Casa Blanca se benefició de Moscú. Eso en Washington no se olvida.
Para España hay dos vectores de riesgo. El primero es de doctrina. La renovación del CGPJ en 2024, pactada tras cinco años de bloqueo y con mediación comunitaria, dejó claro que el gobierno de los jueces es terreno de negociación política. El precedente polaco va un paso más allá: convierte el control del órgano constitucional en botín del ganador y legitima que la mayoría de turno lo intervenga por vía administrativa. Si eso se normaliza, la próxima vez que Madrid choque con el Tribunal Constitucional o con el CGPJ nadie en Bruselas tendrá autoridad moral para mediar.
El segundo es de seguridad. Polonia es la columna logística del apoyo a Ucrania y alberga la División Multinacional Noreste en Szczecin, con oficiales españoles en su cuartel general. Una Varsovia absorbida por su propia crisis institucional negocia peor, despliega más tarde y arrastra al conjunto de la OTAN justo cuando el rearme europeo exige unanimidad y dinero. El Consejo Europeo de diciembre y el próximo informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho medirán si Bruselas tiene estómago para aplicar a su alumno aventajado el rasero que ayer reservaba a sus adversarios.
La lectura a cinco años es más incómoda. El método que PiS aplicó al tribunal desde 2015 no ha desaparecido: ha cambiado de firmante. Cuando el árbitro constitucional es un trofeo, quien pierde no lo respeta al volver. En 2028, si la oposición polaca recupera el poder, encontrará el manual escrito, la excusa ya usada y un electorado convencido de que empezó el otro. Polonia se ha convertido en el laboratorio europeo de una idea que Bruselas creía enterrada: que la Constitución también se gana en las urnas, en los juzgados o en un plató un sábado por la noche.
