EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Vecinos, comerciantes y transeúntes del centro de Barcelona —plaça Catalunya, passeig de Gràcia, Sants—, los jóvenes identificados en los controles preventivos y las comarcas de Girona y Lleida, donde también hubo operativo.
- ¿Cuándo ocurre? El grueso del despliegue se concentró la tarde y noche del sábado 31 de octubre; el balance oficial se cerró este domingo 1 de noviembre.
- ¿Qué cambia hoy? Los 181 expedientes por arma lesiva inician su tramitación administrativa y la consellera de Interior deberá explicar los criterios en el Parlament si la Mesa admite la petición de la CUP.
El operativo Blocus en Cataluña se cierra con 2.264 personas identificadas, 181 denuncias por armas y diez detenidos. La consejera de Interior, Núria Parlon, defendió este domingo el despliegue ante los micrófonos de El Suplement de Catalunya Ràdio como un mensaje contra la impunidad: los cuerpos policiales querían, dijo, ‘generar confianza’ después de los disturbios y saqueos del 24 de octubre.
El reparto de las identificaciones es elocuente: 1.800 corresponden a los Mossos d’Esquadra y 464 a la Guàrdia Urbana de Barcelona, según el balance que la propia consellera detalló en la entrevista. A esas cifras se añaden 181 denuncias por porte de arma lesiva susceptible de ser empleada en altercados, un paquete administrativo que ahora sigue su curso y que no equivale a una condena.
Las detenciones se reparten por media Cataluña. La policía autonómica mantiene arrestadas a cuatro personas vinculadas a los canales de Blocus que organizaron los saqueos: un joven de 21 años en Cabrera d’Anoia, administrador de uno de los grupos que llamó a saquear Barcelona; un menor de 17 en Bellmunt (Lleida) que habría instigado la convocatoria ante la Paeria; el administrador de otro canal en Sant Sadurní d’Anoia, y un joven de 18 años detenido en Barcelona. En el conjunto de España, el balance ligado al movimiento asciende a diez detenciones.
Qué significa activar un dispositivo de nivel 4
El nivel 4 es el escalón más alto de la escala que los Mossos activan ante movilizaciones en la vía pública. No consiste solo en presencia uniformada: incorpora un dispositivo preventivo de identificación y cacheo de personas que puedan portar objetos peligrosos. Este sábado, más de 500 agentes ocuparon el centro de Barcelona, y el grueso del despliegue se dedicó a blindar los ejes comerciales y los accesos a las estaciones.
Había tres convocatorias: dos a las cinco de la tarde, en plaça Catalunya y en el Arc de Triomf, y una tercera a las ocho en el passeig de Gràcia. Ninguna llegó a materializarse. La jornada transcurrió ‘con tranquilidad’, en palabras del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que compareció el mismo sábado por la noche.
El dispositivo no se midió por las 2.264 identificaciones, sino por las convocatorias que no llegaron a producirse.
El criterio de la ropa oscura y la acusación de perfil racial
Parlon negó en la radio pública que las identificaciones se hicieran por perfil racial. ‘El criterio era: vestidos de negro o de oscuro o con capucha’, aseguró. Es la primera vez que se explicita en voz alta el criterio operativo aplicado en estos controles, y llega mientras el Departament d’Interior acumula peticiones formales de explicación en la cámara catalana.
La CUP no comparte esa lectura. La formación anticapitalista denunció públicamente ‘identificaciones indiscriminadas’ a jóvenes durante la noche del sábado en Barcelona, algunas de ellas ‘también por perfil racial’, y ha pedido la comparecencia de la consellera en el Parlament ‘ante las actuaciones de los Mossos d’Esquadra de estos últimos días’.
Passeig de Gràcia, Sants y Catalunya: un solo acceso abierto
El dispositivo también se vio en las persianas. Los comerciantes del centro bajaron la trapa antes de hora y echaron el cierre en cuanto empezó a anochecer, en plena noche de la Castanyada. En las estaciones de passeig de Gràcia, Sants i Catalunya se clausuraron los accesos secundarios y se mantuvo un único acceso principal para facilitar el control y el cacheo de los usuarios, una tarea compartida por los Mossos y la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Fuera de la capital, el despliegue se replicó en otros puntos. En Figueres, Guàrdia Urbana y Mossos montaron un operativo conjunto en la plaça Catalunya ante las llamadas a movilizarse: allí se detuvo a una persona por prender fuego a un contenedor de papel en el carrer Nostra Senyora de Lourdes, sin daños materiales. En la plaza se contaron menos de 80 personas, repartidas en grupos de menores que habitualmente ya ocupan el espacio.
Del 24 de octubre a la próxima convocatoria: los frentes abiertos
Lo que observamos en esta redacción es un cambio de método más que de discurso. Tras los disturbios y saqueos del 24 de octubre, el Departament d’Interior asumió que la previsión falló y optó por la exhibición de fuerza antes que por la gestión discreta de la protesta. Identificar a más de dos millares de personas en una sola tarde no persigue un objetivo estadístico: construye un archivo de nombres, DNI y motivos por si la próxima convocatoria vuelve a derivar en incidentes.
Hay, eso sí, dos debilidades en el balance. La primera es jurídica: las 181 denuncias por arma lesiva son expedientes administrativos, no condenas, y su tramitación se diluye durante meses. La segunda es política: el criterio de la vestimenta, admitido en voz alta, deja al Govern con una defensa incómoda ante cualquier denuncia de discriminación y coloca a la CUP en su terreno favorito justo cuando el calendario parlamentario aprieta.
Los comerciantes del centro, en cambio, han valorado el dispositivo como ejemplar por su efecto disuasorio, y ahí el Ejecutivo catalán tiene un argumento que sí puede rentabilizar. El pulso, en cualquier caso, se traslada al Parlament: la comparecencia de Parlon depende de que la Mesa admita la petición de la CUP, y la consellera ya ha anticipado que no piensa moverse del relato de la confianza. La próxima convocatoria de Blocus será la prueba real.
