La Fiscalía de Baleares se querella contra Pedro Bestard, líder de Vox en el Consell de Mallorca, por malversación. El Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar si el también vicepresidente segundo de la institución utilizó vehículos oficiales del departamento de Medio Ambiente para desplazamientos privados y para acudir a actos de su partido.
La querella, que deberá resolverse en un juzgado de instrucción de Palma, apunta a un posible delito de malversación continuada de caudales públicos, al que se suman prevaricación y falsedad documental. El origen del procedimiento es la denuncia que el grupo socialista del Consell presentó ante la Fiscalía el 2 de julio de 2026, tal y como ha adelantado El Mundo este domingo y han confirmado fuentes del procedimiento judicial.
Qué sostiene Bestard y qué concluyeron los informes internos del Consell
La polémica estalló en mayo de 2026, cuando se conoció que el vicepresidente disponía de coches públicos sin rotular. Bestard compareció el 7 de mayo en la Comisión de Transparencia del Consell y negó haber hecho un uso particular de los vehículos. Defendió que todos los desplazamientos estaban ligados a su actividad institucional y justificó que en ocasiones los dejara en su domicilio por razones de practicidad.
El Consell encargó entonces dos informes internos para revisar el caso. El primero de ellos, conocido el 17 de junio, concluyó que era inapropiado que Bestard tuviera a su disposición exclusiva tres coches de la institución sin identificar, y reveló que el propio conseller ordenó retirar la rotulación o no colocarla. El análisis, sin embargo, no apreció irregularidades jurídicas ni ‘ninguna relevancia destacable’ en las incidencias examinadas.
Ese es el eje sobre el que se sostiene la defensa. Los funcionarios que firman el análisis subrayan que la falta de una regulación expresa sobre el uso y la rotulación de los vehículos impide calificar automáticamente de indebidos esos trayectos, lo que convierte el aval técnico en el principal activo de Bestard frente a la querella. A ello se suma la presunción de inocencia y el hecho de que el informe no haya apreciado irregularidad jurídica alguna en las incidencias revisadas.
Bestard conserva el aval técnico de los informes internos, pero la querella coloca al PP ante una decisión incómoda en el Consell.
Qué recorrido tiene la querella y cómo queda el pacto con el PP
La querella cambia la naturaleza del caso. Ya no se trata de un debate político en la Comisión de Transparencia, sino de una investigación judicial que deberá determinar si hubo desvío de caudales públicos. La Fiscalía aprecia indicios, no certezas, y la instrucción puede prolongarse durante meses antes de que se concrete un posible juicio oral.
En el plano político, el movimiento del Ministerio Público coloca en una posición delicada al PP, socio de coalición de Vox en el Consell. El presidente de la institución, Llorenç Galmés, afirmó tras conocerse las conclusiones de los informes que no compartía la conducta de Bestard, aunque se remitió al criterio técnico de los funcionarios y descartó actuar al margen de esos informes.
El grupo socialista mantiene que las explicaciones fueron insuficientes desde el primer día, sobre todo por la falta de rotulación, la presencia de los vehículos en el domicilio del vicepresidente y los trayectos que no figuraban en la agenda pública. La oposición cuenta ahora con el respaldo del Ministerio Público para exigir comparecencias y preguntas en el próximo Pleno del Consell.
La lectura estratégica: el flanco que se abre en Baleares
El episodio se inserta en un contexto conocido. Vox y el PP rompieron sus gobiernos de coalición en varias comunidades en julio de 2024, y desde entonces la relación se rige por una competencia abierta por el electorado de la derecha. El Consell de Mallorca es uno de los escasos ejecutivos donde ambos partidos siguen gobernando juntos, lo que convierte cualquier crisis interna en un test de resistencia del pacto.
Para Vox, el riesgo es de doble filo. El partido ha hecho de la austeridad en el gasto público y de la limpieza institucional una de sus banderas, y cualquier sombra sobre el uso de bienes públicos desgasta ese discurso. Del lado del PP, la contradicción es igual de visible: Galmés marca distancia de su vicepresidente mientras mantiene la coalición y la Vicepresidencia segunda en manos de Vox.
El dirigente mallorquín se juega ahora la credibilidad de su argumento técnico ante un juzgado de instrucción de Palma, mientras el Consell afronta el debate sobre la rotulación y el uso de los vehículos oficiales, un asunto que afecta a la gestión ordinaria de la institución insular. La próxima comisión de Transparencia y el siguiente Pleno serán la primera prueba de cómo se sostiene el pacto.
