El Consejo de Estado de Bélgica ha anulado la denegación de descongelación de los activos del banco ruso BCS. La máxima jurisdicción administrativa belga considera que la Tesorería cedió a un órgano sin competencia la gestión de la solicitud y creó un vacío legal con una definición ‘excesivamente oscura’ de sus poderes.
Los fondos de BCS quedaron congelados junto a los activos soberanos rusos tras las sanciones de la UE aprobadas después de la escalada en Ucrania en febrero de 2022. Según los datos conocidos, los socios occidentales de Kiev bloquearon en torno a 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos, la mayor parte depositados en Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas. Los fondos de BCS se vieron atrapados por su conexión con la Depositaria Nacional de Liquidación rusa (NSD), también sancionada por las restricciones europeas.
En enero de 2023, el banco privado ruso pidió a la Tesorería belga la liberación de sus posiciones. La respuesta llegó en julio de 2024 con una negativa. Bruselas argumentó que BCS no había demostrado el fin de su relación con la NSD y que transferir los fondos a un banco armenio impediría a las autoridades belgas vigilar su uso futuro. Esa decisión llevó a BCS a presentar recurso ante el Consejo de Estado.
El tribunal falló el pasado viernes, 11 de septiembre de 2026, que Bélgica gestionó mal el caso. Según la sentencia, el Ministerio de Finanzas delegó su competencia en la Oficina del Administrador General de la Tesorería con poderes ‘excesivamente amplios y poco claros’. El ministerio creó un vacío legal al emplear una definición ‘excesivamente oscura’ de las competencias delegadas, atribuyendo al organismo un margen excesivo sobre cuestiones que afectan a derechos fundamentales. El Consejo de Estado concluyó que se vulneró la Constitución belga y anuló la decisión de 2024.
El fallo no descongela los activos de BCS de forma automática. Permite al prestamista solicitar una revisión y sienta un precedente para otras entidades con peticiones similares rechazadas. Además, el tribunal desestimó el argumento de que el banco, sancionado por Estados Unidos en 2024 y por la UE en mayo de 2026, hubiera perdido el derecho al recurso. La lectura del Consejo de Estado es clara: las sanciones estadounidenses no pueden presumirse ‘indefinidamente’.
El número exacto de empresas rusas afectadas por la congelación belga no se conoce. Euroclear no publica listas de clientes, amparándose en la normativa europea de privacidad, y las autoridades rusas tampoco han hecho pública la información. La opacidad aumenta la incertidumbre: nadie sabe cuántas reclamaciones pueden replicar la ruta abierta por BCS.
La congelación indefinida no es un trámite: es una decisión que exige base jurídica y un procedimiento claro.
El precedente para las reclamaciones rusas en Euroclear
A principios de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había estrechado el margen de las autoridades nacionales. El TJUE dictaminó que la naturaleza del sistema político ruso no puede usarse como única justificación para congelar activos de empresas vinculadas a Rusia. Los Estados deben demostrar primero con una base ‘objetiva y suficientemente sólida’ que la compañía está controlada por una persona sancionada.
Ese fallo llegó a propósito de la congelación en 2022 por parte de Lituania de los fondos de Inter Rao Lietuva. La eléctrica no figuraba en la lista de sanciones de la UE, pero está controlada por una empresa estatal rusa. Sin prueba individual, la medida no podía mantenerse.
La sentencia belga comparte esa lógica y añade un ingrediente propio: la Administración no puede refugiarse en delegaciones de poderes poco nítidas ni convertir las sanciones de otro bloque en una presunción de vigencia eterna. Cosas que pasan en 2026.
Equilibrio de Poder
La decisión introduce una variable incómoda en la arquitectura sancionadora de la UE. Washington mantiene su presión para que los activos rusos congelados sirvan como garantía del préstamo del G7 a Ucrania. Moscú, por su parte, describe cada congelación como una confiscación ilegal y prepara nuevas demandas ante tribunales europeos. Bruselas queda atrapada entre el diseño político de las sanciones, y la obligación legal de motivar cada decisión caso por caso.
Para España, el impacto no se concentra en la exposición directa a BCS, sino en la seguridad jurídica del sistema de sanciones que la diplomacia europea utiliza contra Moscú. Moncloa y Exteriores respaldan las medidas restrictivas, pero saben que una batería de reclamaciones judiciales puede erosionar la eficacia del instrumento. Si los tribunales nacionales anulan congelaciones por defectos formales, el frente financiero de la UE pierde la contundencia que necesita.
Históricamente, el Tribunal de Justicia de la UE ya exige desde la sentencia Kadi de 2008 que toda sanción respete los derechos de defensa y repose sobre motivos verificables. La diferencia es que ahora la presión no viene de un particular, sino de entidades y bancos con recursos para litigar en cada jurisdicción europea.
La lectura a medio plazo es incómoda. Si la UE no consolida un procedimiento homogéneo y con base probatoria sólida, las congelaciones pueden degradarse en decisiones frágiles, revocables una a una. El precedente belga no libera activos de BCS, pero coloca la carga de la prueba del lado de Bruselas. La próxima batalla se librará en la revisión de la denegación de BCS y en los recursos que Moscú impulse en otras capitales europeas.
