La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto cifras este martes al impacto de la huelga médica que desde hace cinco semanas sacude la sanidad madrileña. Según los datos difundidos por la propia presidenta, los paros intermitentes han dejado 221.233 consultas sin atender, 10.700 cirugías aplazadas y 22.602 pruebas diagnósticas sin realizar.
El coste económico de esta parálisis parcial asciende, siempre según el Ejecutivo autonómico, a 16.845.334 euros. Una factura que Ayuso ha vinculado directamente con la «incapacidad» del Ministerio de Sanidad, liderado por la madrileña Mónica García, para reconducir un conflicto que, aseguran los convocantes, apunta a una huelga indefinida a partir de septiembre si no hay avances en la negociación del nuevo Estatuto Marco.
El comité de huelga —integrado por los principales sindicatos médicos— arrancó el lunes la quinta semana de movilizaciones. Lo hizo con un mensaje claro: o el Gobierno central da marcha atrás en el anteproyecto del Estatuto Marco, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o los paros se convertirán en permanentes tras el verano. Una amenaza que eleva la presión sobre un sistema sanitario que, paradójicamente, venía mostrando signos de mejora en sus listas de espera.
El coste de una huelga que ya suma cinco semanas
La cifra de 221.233 consultas «perdidas», como las ha calificado Ayuso en sus redes sociales, equivale a toda la actividad ambulatoria de varios hospitales medianos durante un mes. Las 10.700 cirugías suspendidas afectan sobre todo a intervenciones programadas: cataratas, artroscopias, hernias. Procedimientos que no son urgentes, pero cuya demora deteriora la calidad de vida de los pacientes.
La Consejería de Sanidad evitó ayer hacer una valoración adicional más allá de los datos publicados por la presidenta. Sin embargo, fuentes del departamento admiten que el goteo de aplazamientos está tensionando aún más unos servicios que ya arrastraban demoras tras la pandemia. El coste de 16,8 millones incluye desde horas extra del personal que cubre los servicios mínimos hasta derivaciones a centros concertados y pérdida de productividad asistencial.
Mientras, los facultativos insisten en que la huelga no va contra Madrid, sino contra un Estatuto Marco que, a su juicio, precariza la profesión. «No es un pulso con la Comunidad», repiten desde el comité de huelga. Pero lo cierto es que el principal damnificado, al menos en el corto plazo, es el paciente madrileño que ve cómo su cita se aleja en el calendario.
El pulso político: Ayuso contra Mónica García
La presidenta madrileña no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra la ministra de Sanidad. El hecho de que Mónica García fuera líder de la oposición en la Asamblea de Madrid antes de dar el salto al Gobierno central añade una capa de tensión política al conflicto. Ayuso la acusa de «incapacidad» para resolver un problema que, según el Ejecutivo autonómico, está «destrozando» los avances en la reducción de listas de espera.
El Ministerio, por su parte, defiende que el anteproyecto del Estatuto Marco busca modernizar las condiciones laborales del sector y que las críticas de los sindicatos médicos son «legítimas, pero no compartidas en su totalidad». La ministra ha evitado hasta ahora responder directamente a los ataques de la presidenta madrileña.
La presidenta convierte un conflicto laboral de alcance nacional en un agravio territorial contra Madrid, mientras los pacientes siguen sumando días de espera.
Cabe recordar que el enfrentamiento entre ambas dirigentes no es nuevo. Durante la anterior legislatura, la entonces portavoz de Más Madrid ya utilizó la sanidad pública como principal ariete contra el Gobierno de Ayuso. Ahora, con García en Sanidad y los médicos en la calle, el choque se ha convertido en un problema con consecuencias directas para los madrileños.
Por qué la huelga no frena la mejora de las listas de espera
La paradoja es que, pese a los paros, la Comunidad de Madrid logró reducir los tiempos de espera para consultas, pruebas y operaciones durante el primer trimestre del año, según los datos del propio Servicio Madrileño de Salud. Una mejora que ahora corre el riesgo de diluirse si el conflicto se cronifica.
Se trata de una situación similar a la vivida en 2012, cuando una huelga de médicos en la región también coincidió con un repunte puntual de las listas de espera que luego se corrigió parcialmente. La diferencia es que aquel paro era estrictamente autonómico —contra los recortes del Gobierno de Ignacio González—, mientras que este tiene su epicentro en un texto legislativo nacional.
Otras comunidades como Cataluña, que también han registrado movilizaciones médicas en los últimos años, han logrado contener el impacto gracias a acuerdos previos con los colegios profesionales. En Madrid, el diálogo entre el Sermas y los sindicatos es prácticamente inexistente en este momento, lo que anticipa un verano tenso. Con la amenaza de una huelga indefinida en septiembre, los próximos meses serán decisivos para saber si las listas de espera resisten o si, como teme el Gobierno regional, el pulso entre Sanidad y los facultativos acaba pasando factura a los pacientes.
