El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta este miércoles claramente dividido y sin un horizonte claro sobre el resultado del debate sobre su respuesta a la reciente reforma instada por PSOE y Unidas Podemos que le resta atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial, han señalado fuentes de este órgano.
Obligado por un escrito suscrito por ocho vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, Carlos Lesmes convocó un Pleno Extraordinario en el que se tratarán tres asuntos relacionados con la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El primero es la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales, y el segundo una petición al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma instada por PSOE y Podemos
Como tercer aspecto, se estudiará la contestación que envía este órgano a las preguntas remitidas al CGPJ por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021. El informe sobre este punto, elaborado por la vocal Nuria Díaz Abad, se discutirá a partir de las 10.00 en la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y posteriormente se remitirá al Pleno Extraordinario, que se reúne a las 19.00.
Sobre las posibilidades de que los tres puntos citados salgan adelante, fuentes del Consejo consultadas aventuran que el informe de Díaz Abad puede contar con retractores, pero se espera que se apruebe por mayoría holgada.
Cosa diferente es la posibilidad de acudir al TC, ya que la propuesta de los ocho convocantes del Pleno no tiene el apoyo mayoritario. Algunos vocales consultados aventuran sin embargo que si a los ocho vocales que lo plantean se unen los cuatro que son abogados, y que podrían apoyar las propuestas, se alcanzarían de sobra los 11 apoyos mínimos necesarios para sacarla adelante, e incluso se podría obtener el voto del presidente, Carlos Lesmes, no proclive en un principio a apoyar este movimiento.
La cuestión es que se crearía cierto malestar en la Carrera si el CGPJ no responde a la reforma realizada, ya que a su polémico contenido se une la tramitación ‘express’ de la norma, que hurtó el trámite de informe al propio órgano de gobierno de los jueces. No obstante, el procedimiento elegido, el de un conflicto de atribuciones frente al Constitucional, no se ve con buenos ojos por la mayoría, que no comparte el planteamiento de que las Cortes Generales haya invadido competencias del Consejo porque reformar las leyes es precisamente su función.
Además, la reforma ya está de hecho sobre la mesa en el tribunal de garantías por iniciativa de partidos políticos en la oposición como Vox, que recurrió el nuevo texto la pasada semana. El PP, por su parte, recurrió el pasado mes de enero la tramitación ‘express’ de la reforma.
CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicarse antes al «órgano invasor» -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.
Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.
En el borrador que se somete mañana a debate sobre este asunto se solicita pedir expresamente a las Cortes Generales que «se deje sin efecto la supresión de competencias constitucionales» que se han visto afectadas por la reciente reforma aplicable a este órgano, que se encuentra en funciones. La reforma produce «un menoscabo en una de las principales competencias que la Constitución le encomienda», que es la de nombramiento.
COMUNICACIÓN A LA UE
Lo que puede concitar más apoyos es la remisión del informe a Europa, ya que el posible contenido del mismo fue encargado el pasado jueves a la vocal Nuria Díaz Abad, que es una de las firmantes de la convocatoria de Pleno.
El texto a debatir advierte de que el principal impacto de la reciente reforma instada por PSOE y Unidas Podemos, y que le impide hacer nombramientos estando en funciones, se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir.
En el borrador del informe, el CGPJ explica a la Comisión Europea en qué cosiste la reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que le resta atribuciones, y cuestiona la técnica legislativa empleada en el texto, que ha obligado a este órgano a encargar incluso un informe técnico para conocer su alcance.
