«Algún gesto tenemos que hacer», ha comentado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Este comentario lo ha hecho este miércoles en el Congreso de los Diputados en referencia a que desde Bruselas esperan la imposición de peajes con los dientes largos. La Comisión Europea ya ha aprobado la primera parte del plan de recuperación para entregar al país más de 64.000 millones de euros. Y a cambio, el PSOE se ha visto obligado a ceder en algunas cuestiones como es la imposición de peajes por la cara en muchas carreteras españolas. El problema es que en un anexo de los documentos entregados por el Gobierno a Europa se detalla que la primera parte de esa imposición de peajes llegará en tan solo 12 meses. Vamos, que en 2022 habrá que pagar tasas nuevas por circular por muchas carreteras españolas porque Bruselas así lo espera. Y los socialistas no están precisamente cómodos con esta decisión.
El PSOE se ha visto obligado a cambiar su estrategia a raíz del resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Las encuestas por primera vez en años dan por ganador a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y esto ha obligado al PSOE a iniciar la campaña electoral soterrada más prolongada de la historia. La idea de Pedro Sánchez y de su gurú y jefe de gabinete, Iván Redondo, era la de simplemente aprovechar la recuperación económica, el fin de las restricciones y las ayudas europeas (de las que ya tienen aprobada la primera tanda) para esconder bajo la alfombra las malas decisiones y así encarar las elecciones de 2023 con el viento a favor. El problema es que cada vez que Sánchez cree tener una ventaja, aparece un handicap que la lastra.
Redondo sabe que en la pizarra de las malas decisiones tiene los indultos a los líderes del procés, la tasa al diésel, los peajes y los impuestos eco que encarecen la vida hasta niveles incómodos. Sin embago, el gurú contaba con poder aplicar este tipo de medidas con cierta holgura para elegir el momento adecuado. Los indultos se tienen que conceder ahora porque si no el presidente del Gobierno no podría acabar la legislatura con suficiente apoyo parlamentario. El apoyo de ERC y quizás el de la CUP y el de PdeCat es crucial para tener capacidad de decisión (y especialmente con la llegada de las ayudas europeas). La estrategia de Redondo es la de concederlos y acto seguido iniciar un plan para levantar las restricciones impuestas por la pandemia como es el fin del uso de mascarillas al aire libre y la reapertura del ocio nocturno y de los eventos multitudinarios (conciertos, partidos de fútbol…). Esta estrategia sigue en pie, pero a esto se le ha añadido una nueva dificultad que tiñe de negro el futuro electoral socialista.
Bruselas exige reajustes y Sánchez quiere meter mano en aquello que puede justificar bajo su agenda progresista. El uso del coche particular, la transición ecológica (a la que se le ha dedicado un ministerio y una vicepresidencia cuarta) y los impuestos eco son claves para contentar a Bruselas, presentar un reajuste del déficit vía impuestos y, sobretodo, para hablar de transformación verde. El problema es que la impopular medida de subir los peajes llegará antes de tiempo dado que Bruselas ha exigido gestos y Ábalos se ha comprometido a establecerlas en un periodo no superior a los 12 meses. Es decir, que en 2022 Redondo necesitará otra bomba de humo para tapar un hachazo fiscal que hará que los españoles tengan que pagar por la coger una carretera pública.
«Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer»
«Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer. Por lo menos un compromiso de estudiarlo», ha comentado Ábalos. Lo que no dejó claro es que ese gesto vendrá en forma de impuestos que afectarán más a las rentas más bajas antes de 12 meses truncando la estrategia electoral del PSOE. Y esto sin tener en cuenta a la gasolina y al diésel, que ya tocan máximos históricos y que los socialistas no parecen tener un plan para bajar su precio, sino más bien todo lo contrario.
«El Gobierno simplemente ha querido abrir el debate» y «no tiene ninguna propuesta decidida». «Queremos abrirla y antes de poder abrirla ya ha sido sometida a todo tipo de control, pero con un poquito de paciencia nos hubiéramos podido reunir», ha comentado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
LA GASOLINA Y EL DIÉSEL, DISPARADOS
En la gasolina, más de la mitad de lo que pagamos por ella son impuestos que van al Estado. En el diésel, no llega a la mitad, pero hablamos de un porcentaje muy cercano al 50%. En concreto, la gasolina está gravada en un 54% del importe total y el diésel un 46%. Aún así, ambos combustibles rozan máximos históricos en cuanto a su precio y el Ejecutivo no tiene ninguna intención de tocarlo, sino más bien todo lo contrario. Otra de las medidas que los socialistas, según palabras del Gobierno, pretenden aplicar es la de igualar la imposición del diésel a la de la gasolina. De golpe veremos como el litro de gasoil sube de media unos 10 céntimos de euro por la cara, dinero que irá directamente a las arcas del Gobierno socialista para cuadrar sus cuentas.
Mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy subió todos los impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, Patrimonio…) tras la crisis de 2008, el Ejecutivo de Sánchez pretende recaudar lo mismo subiendo solo algunos (como Sucesiones o Patrimonio) y metiendo mano en todo aquello que contamine. Vamos, que si emite CO2, tendrá más impuestos que, según los economistas expertos, repercutirán en el consumidor último, como siempre. La gasolina, que no será tocada de momento, ya es la más cara de la historia de este país. Pero esto no es nada, seguirá subiendo. La idea de los socialistas es que se coja menos el coche o que, si se hace, se saque a pasear la cartera para quedarse tiritando.