Los presos de ETA en primer grado en las cárceles de los Estados español y francés se han reducido de 78 a seis en el último medio año, mientras que 157 están en segundo grado, frente a los 100 del primer mes de 2021, según ha dado a conocer este viernes el Observatorio Behatokia.
El abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, han presentado este viernes el tercer número de la publicación semestral del ‘Observatorio de la política penitenciaria’.
Asla ha apuntado que los datos señalan que solo quedan seis reclusos en primer grado, «el más duro», y de ellas, tres están con aplicación del artículo 100.2, que «lo suaviza». En enero, según ha recordado, eran 78 las personas en primer grado, de ellas 34 con artículo 100.2.
Además, ha indicado que, en la actualidad, «la mayoría de este colectivo, 157 personas, está en segundo grado, de ellas cinco con el artículo 100.2», mientras que «en enero eran 100, y tres con el artículo 100.2».
El letrado ha explicado que «la modificación más pequeña está en el tercer grado, ya que si en enero eran 11 las personas así clasificadas (5 de ellas en prisión atenuada), hoy son 13 (8 de ellas en prisión atenuada)».
Actualmente, según el estudio, son 210 los presos que se identifican con los planteamientos de EPPK: 30 mujeres y 180 hombres. De estos, 57 se encuentran en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés.
En porcentajes, ha indicado Alsa, estas cifras indican que «el 13% de este colectivo está ahora en el ‘kilómetro 0’, cerca de sus familiares y entorno social», que el 61% se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de Euskadi y Navarra, y que «el 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 kimómetros, y el 1% a más de 600 kilometros. Así, ha dicho que se está cerca de que «cierre la primera fase de este proceso de cambio, con los traslados y acercamientos».
«Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo. Eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar», ha manifestado.
Sin embargo, se ha referido a las «dificultades» que plantea «la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria». «Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español y son 60 las condenadas con la ley 7/2003», ha precisado.
Por otro lado, ha destacado la actitud de «las personas presas del EPPK» que, según ha dicho, están «desarrollando el camino que el colectivo abrió en 2017, es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional».
Estas personas, ha indicado, «han presentado escritos individuales reflexionando sobre su trayectoria, reconociendo el daño causado y empatía con las víctimas». «Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero tenemos la seguridad de que los pasos dados no caen en el vacío», ha afirmado.
UN AÑO DEL REINICIO DE LOS TRASLADOS
Por su parte, Teresa Toda ha recordado que este sábado, 19 de junio, se cumplirá «un año exacto desde que se reiniciaron los traslados efectivos de los anuncios realizados durante los meses de pandemia de abril y mayo», y ha constatado «el cambio que en política penitenciaria ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de los traslados el aspecto más visible».
Tras destacar que ya no hay presos de ETA ni en Levante ni en Galicia, solo tres en Andalucía y ninguna en aislamiento, ha indicado que «la inmensa mayoría está en prisiones limítrofes con la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra».
No obstante, ha advertido que aún quedan por resolver puntos de la «Agenda Urgente de Resolución» que planteó el Foro Social en septiembre 2018, entre ellos, «la cuestión de la acumulación de penas, que sigue pendiente y afecta gravemente a más de medio centenar de personas».
Toda ha dicho que es «indudable que se va avanzando, que en este terreno, las cosas no están como estaban hace tres años», y ha añadido que, «pese a la existencia de un ‘lobby’ bastante poderoso contrario al cambio, se está a punto de completar una primera fase», aunque ha insistido en que «no todo está hecho» y «ciertos pasos aún se quedan cortos».
La representante del Foro Social Permanente ha considerado que se van «asentando» tres aspectos necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, como son «la voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad penitenciaria, la implicación clara de las personas presas afectadas, dando pasos importantes que aportan a esa perspectiva, y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro, así como de las organizaciones de la sociedad civil implicadas, para aportar a los procesos de reintegración».
En ese sentido, Toda ha considerado «positivo» el anuncio por parte del Gobierno Vasco, tras recibir la transferencia de la gestión de prisiones, de una forma de gestión de las competencias penitenciaras «más humana y abierta, dentro de la normativa vigente».
Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que «los itinerarios de reintegración cuenten con garantías suficientes para que quienes los inicien los puedan completar sin tropezar con trabas imprevistas, cuestiones que no están e la legislación ordinaria, la que debería aplicarse con normalidad a estas personas presas».
