El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ha pedido al Ministerio del Interior la regularización de 147.000 niños y niñas migrantes y sus familias en situación administrativa irregular, que viven en España desde hace dos años o más.
«Estamos hablando de entre 100.000 y 150.000, un porcentaje significativo pero sobre todo sería una decisión de carácter humanitario», ha explicado Ernesto Gasco en una entrevista. En concreto, el dato de 147.000 menores que maneja el Alto Comisionado proviene de un estudio de Save The Children.
El Alto Comisionado ya planteó su propuesta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el próximo martes mantendrá una reunión con el secretario de Estado de Seguridad para ir trabajando en esta cuestión.
«Así lo expresé al ministro y fue muy receptivo. Vamos a ver los trámites que se pueden dar para que aquellos menores que son los que el Alto Comisionado tiene entre sus competencias, que están en esa situación de no regularización porque sus padres tienen que llevar un mínimo de 3 años y demostrar ese arraigo, –que ya pueden ir a escuelas y tienen atención sanitaria–, puedan tener también esos derechos de residencia», ha explicado Gasco.
Se trata, según ha dicho, de dar unos «derechos de ciudadanía mínimos» a «esas familias que vienen a trabajar, a convivir y desean progresar», unos derechos que «les permitan contribuir a la Seguridad Social, aflorar a la economía real, pagar sus impuestos y tener la protección social necesaria, que les ayude a poder desarrollar su vida con dignidad».
Además, Gasco considera necesaria esta regularización porque muchas de estas familias son las que están en las denominadas ‘colas del hambre’. «Con la Covid se ha puesto de manifiesto, a través de las ONG y de los bancos de alimentos, que ha aumentado la necesidad de atender a más familias, que mayoritariamente son familias no regularizadas, algo que les dificulta mucho la inserción sociolaboral, imprescindible para que las cosas vayan bien», ha señalado.
Por ello, apuesta por esta medida para ser «un país humanitariamente ejemplar». «Estaríamos ante una situación de defensa de los derechos del niño. España, en eso, durante mucho tiempo ha sido modélica y deberíamos recobrar esa capacidad política de ser un país humanitariamente ejemplar», ha subrayado.
A su juicio, «Europa debe reflejar de nuevo los valores que la constituyeron. «Un país avanza y es digno si el conjunto de la población también lo puede ser», ha enfatizado.
Gasco propone que esta regularización se realice al margen de la reforma de Extranjería. «Hay decisiones puntuales de adaptación que pueden ser más sencillas, es lo que estamos analizando, por lo menos para determinados colectivos, y habría un consenso amplio», ha augurado.
UN MES DE LA ENTRADA MASIVA EN CEUTA
Por otro lado, sobre la entrada masiva de 10.000 migrantes en Ceuta, entre ellos, unos 1.500 menores, de la que se acaba de cumplir un mes, Gasco ha ensalzado la respuesta del Gobierno ante dicha crisis en la que «lo primero era recobrar la normalidad, para que la población de Ceuta sintiera el confort necesario para afrontar una situación inusitada y con tintes de poca humanidad».
Una vez tomada esa decisión, según ha dicho, había que «preocuparse de todas esas personas» y preguntarse «qué les impulsa a hacer ese trayecto a nado donde podía correr riesgo la vida, sobre todo de los más pequeños como el bebé que fue salvado por la Guardia Civil».
«La humanidad te dice que esos jóvenes huyen de situaciones de precariedad, de abandono, de falta de esperanza, buscan un futuro mejor, dejan todo atrás quizá por lo que conocen a través de la televisión y las series», ha puntualizado.
Por ello, ha apostado por garantizar las mejores condiciones posibles en los países de origen estos chicos y chicas y, para ello, ha llamado «al conjunto de países, no solo a Marruecos, a construir un mundo mucho más justo donde las personas puedan desarrollarse en su entorno físico y no tengan la necesidad de migrar para buscarse la vida».
A partir de ahí, ha indicado que hay que «restablecer el diálogo y el entendimiento» con todos los gobiernos desde una política de Estado «para que esas situaciones no se vuelvan a producir, porque las fronteras, la seguridad de las fronteras es indispensable para que las sociedades avancen y se desarrollen adecuadamente».
APELA A LA SOLIDARIDAD DE LAS CCAA
Respecto a «los menores en Ceuta en situación de precariedad», el Alto Comisionado ha apelado a la «solidaridad» de la sociedad española y europea y, en concreto, de las comunidades autónomas, porque considera que «España es un país grande y con riqueza suficiente como para poder dar una salida digna a esos 900 menores que se encuentran en Ceuta».
«Algunas CCAA presumen de su gran desarrollo económico y de su riqueza y creo que es el momento para ser una sociedad rica, y también hay que ser solidario con Ceuta, una parte de España. Es curioso cómo algunas voces hablan muchísimo de España pero se les olvida que España somos todos», ha subrayado.
El Alto Comisionado ha asegurado que le «llama un poco la atención la falta de agilidad o de predisposición de las CCAA ante el problema de una ciudad autónoma como es Ceuta». «Esa solidaridad se debería notar mucho más, especialmente por aquellos que están más cerca o que conocen perfectamente la problemática», ha zanjado.
