El Gobierno prevé invertir 8.000 millones de euros hasta 2027 para mejora el estado de las cuencas hidrográficas

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales invertirán 8.000 millones de euros en los próximos seis años, un «esfuerzo» inversor que permitirá marcar un «antes y un después en la gobernanza del agua» en España.

Durante el acto de presentación de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca de nueve demarcaciones intercomunitarias que se ponen este lunes en información pública, la ministra ha explicado que los planes de medidas del tercer ciclo de planificación 2022-2027 darán respuesta a algunos de los problemas «más importantes de cada demarcación».

Así, ha explicado que dar solución a los problemas «comunes» a todas las cuencas pasan por la necesidad de contar con una «buena» estrategia de adaptación al cambio climático, que es un «reto que marca toda la gestión» asociada a los recursos hídricos.

«Los nuevos planes van a ser un pilar fundamental en una pieza clave de un marco (el del cambio climático) que no será ya nunca como antes», considera la ministra que ha insistido en que los nuevos planes de cuenca impedirán las «consecuencias más injustas con los más vulnerables» ante el cambio climático.

Con esos 8.000 millones de euros la vicepresidenta ha precisado que se impulsará el saneamiento y la depuración en el tratamiento de las aguas residuales urbanas, «la gran asignatura pendiente», y se luchará contra la contaminación difusa que, según considera, es «uno de los elementos que más alarma y que más rápidamente estamos sintiendo en la población».

Además, ha anunciado que el Gobierno trabaja en un proyecto de Real Decreto para poner freno a la contaminación difusa que compromete el buen estado de las aguas a consecuencia de antibióticos, nitratos o microplásticos.

Ribera ha apelado a la necesidad de recuperar ambientalmente no solo el agua sino el espacio fluvial y de ese modo reducir el espacio de inundaciones a través de acciones orientadas a las soluciones basadas en la naturaleza para frenar las inundaciones.

Para ello, la ministra ha dicho que es preciso incorporar a los planes las mejoras introducidas en el plan de riesgo de inundación que el Gobierno quiere «aprobar antes de final de año». A ese respecto, ha dicho que tendrán en cuenta las actuaciones compatibles con el buen estado de los ríos, la mejora de la seguridad hídrica con la adecuación de las infraestructuras hídricas pero también la garantía del suministro.

Así, ha recordado que el pasado mes de abril el Ejecutivo aprobó un Real Decreto para mejorar la seguridad de presas y embalses pero para garantizar el suministro ha dicho que se dará «mayor protagonismo» a la desalación y la reutilización «como fórmulas en las zonas con mayor estrés hídrico para equilibrar la oferta con las demandas».

PRIORIDADES

Pero ha admitido que estas actuaciones son «incompatibles» si no se invierte en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha indicado que en los próximos tres años se invertirán 1.700 millones a tres prioridades: seguridad de infraestructuras; restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y reducción de la vulnerabilidad; así como a transición digital en la gestión del agua.

«Aprovechamos así el impulso del paquete europeo para hacer ese esfuerzo sin precedentes para lograr los cambios necesarios en todas las administraciones públicas, expertos y regantes».

Ribera opina que esta planificación forma parte de la transición ha un cambio «importante» en la relación que los ciudadanos tienen con el agua en España y ha recordado la necesidad de cumplir con las directivas europeas pero además responder a los «grandes desafíos» que plantea el cambio climático en la cuestión del agua.

«El tercer ciclo de planificación 2022-2027 llega en un momento particularmente importante. Nos encontramos ante el desafío de marcar las nuevas pautas del agua en un país en el que el agua es capital y determinante, pero también un elemento de riesgo que puede incrementar los efectos nocivos del cambio climático en nuestro bienestar, el de las actividades económica o permitirnos tener una buena preparación y capacidad anticipada de como hacer frente a una nueva realidad a la que nos enfrentamos», ha manifestado.

En este contexto, ha recordado que con la nueva planificación se pretende «corregir prácticas» que en el pasado han conducido a la sobreexplotación de acuíferos, a la contaminación de las masas de agua o al deterioro de los ríos.

«Queremos romper con esos malos hábitos y gestionar con éxito este tercer ciclo del agua. Por eso no solo es importante conocer el volumen de agua disponible en cada demarcación sino como priorizar sus usos y como prepararnos para escenarios muy diferentes», ha apostillado.

A su juicio, resulta «imprescindible cumplir de una vez por todas» con esta obligación que marcaba hace más de 20 años la Directiva Marco del Agua, sobre la necesidad de contar con caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas»; reducir las presiones a las masas de agua y mejorar los sistemas de depuración que son «la gran asignatura pendiente», así como fomentar el ahorro y la reutilización para atender a las demandas.

Por último, en la apertura del periodo de información pública del tercer ciclo de planificación hidrológica, la vicepresidenta ha animado a participar en su elaboración para que estos salgan adelante «con el mayor consenso».