El Ministerio de Justicia espera que el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria antes de que acabe este año 2021, según han indicado fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Campo. De este modo, habrá que esperar como mínimo a 2022 para que entren en vigor las medidas que contempla.
El texto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes comienza ahora un trámite previo a su envío a la Cámara baja que puede durar varios meses.
Los textos aprobados por el Gobierno deben pasar por un proceso de consulta pública en el que reciben aportaciones de la sociedad civil y de otras administraciones, y que suele durar alrededor de dos meses. Tras esta fase, el Ejecutivo modifica lo que crea conveniente con dichas propuestas.
El anteproyecto debe pasar, después, por el análisis del Consejo Fiscal, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, por este orden, que deben emitir un informe sobre su contenido. Estos organismos suelen tardar entre uno y dos meses para realizar estos documentos, aunque no siempre es así.
Entre medias de todos estos informes, el Ejecutivo debe ir modificando el texto para adaptarlo a las recomendaciones que les realizan estos organismos.
Una vez modificado el texto con las aportaciones de la consulta y de los organismos, este regresa al Consejo de Ministros, donde debe ser ratificado por el Gobierno como proyecto de ley. Es entonces cuando se envía al Congreso y la norma comienza su tramitación parlamentaria.
Dados estos plazos, no es previsible que las medidas que contempla la futura norma, como la autodeterminación de género, entren en vigor como mínimo antes de marzo de 2022, teniendo en cuenta los plazos de tramitación habituales en ambas cámaras para normas no orgánicas. En todo caso la celeridad o no de su entrada en vigor dependerá finalmente de la voluntad de los grupos parlamentarios.
Precisamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, emplazó ayer a las formaciones de Congreso y Senado a tener en cuenta la «urgencia» que supone poner en marcha esta ley. En todo caso, no será hasta final de año, según las previsiones de Justicia, cuando el texto llegué al Parlamento, dado que debe pasar por los órganos preceptivos pertinentes antes de que el Consejo de Ministros de luz verde definitiva al texto.
La titular de Igualdad ve posible mejorar la norma en estos y otros aspectos durante el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado y, ha indicado, los grupos tendrán el «apoyo» del Gobierno en este proceso. A las formaciones en las Cámaras también les ha recordado la «urgencia» que supone poner en marcha esta ley, teniendo en cuenta la «realidad» de las personas trans.
La ministra recordó el pasado martes que ya pidió perdón ante la Cámara baja por la tardanza en la aprobación de la norma, entre otras cosas. Lo hizo después de que el texto no fuera tomado en consideración en la Cámara baja tras la decisión del PSOE de abstenerse.
