Los diputados nacionales de Vox Pablo Sáez, Georgina Trías, Rodrigo Jiménez y Pedro Requejo han cargado este sábado en Valladolid contra la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y los colectivos LGTBI durante su visita a la capital del Pisuerga para participar en un acto organizado por jóvenes del partido.
El primero en intervenir, Pablo Sáez, ha mostrado la preocupación de Vox por la situación de la economía en Castilla y León, que ha visto reducido su peso en el PIB nacional del 5,5 en el 2000 al 4,8 en 2019. «Nos preocupa que el PIB a nivel nacional en 20 años ha crecido un 92 por ciento, mientras en Castilla y León, solo un 67 por ciento y que el PIB per capita sea un 9,95 inferior a la media nacional», ha aseverado.
Asimismo, ha acusado la fuga de talento joven, la pérdida de tejido empresarial o que la Junta no tenga «iniciativa suficiente» para fomentar la fijación de empresas en la Comunidad, evitar la despoblación, favorecer la reindustrialización, la innovación, el desarrollo o la extensión de la digitalización, entre otras.
Al respecto, ha recordado que Vox plantea soluciones tales como reducir la burocracia y el gasto político o eliminar duplicidades, ya que, según ha apuntado, «las empresas dedican cerca del 20 por ciento de su tiempo a tareas administrativas». «Es importantísimo reducir burocracia y cargas fiscales y eliminar trabas para fomentar la contratación de jóvenes y luchar por fijar población», ha incidido el diputado por Valladolid.
Por su parte, Georgina Trías, diputada nacional por Ávila, ha reiterado la defensa cerrada que hace Vox de la libertad de los padres de educar a sus hijos acorde a sus convicciones y principios, algo que «no respeta la LOMLOE, pero tampoco las diversas leyes que se están aprobando en las distintas comunidades autónomas y que imponen una educación con perspectiva de género».
Como ejemplo, ha utilizado el borrador de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León, que, a su juicio, «impone en los centros educativos una perspectiva de género que atenta directamente contra la libertad de los padres de educar a sus hijos en base a sus principios y convicciones».
«El PP no puede tener un discurso a nivel nacional de defensa de la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos y luego, en las distintas comunidades, aprobar estas leyes ideológicas (Madrid, Galicia y borrador en CyL) porque se contradicen y porque las leyes que apoyan los colectivos minoritarios LGTBI van contra los menores, contra las mujeres y contra el más elemental sentido común, así como contra las leyes de la biología», ha aseverado Trías en declaraciones a los medios.
Por todo ello, ha incidido, «Vox estará en pie defendiendo y hasta las últimas consecuencias la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos».
De igual modo, Rodrigo Jiménez (diputado por Segovia), ha hecho hincapié en la proceso de digitalización en el mundo rural para frenar una despoblación que ha supuesto un descenso de 151.000 personas en los últimos 10 años, con las provincias de Ávila, León y Zamora a la cola de esta lista. Como solución, Jiménez, plantea el despliegue de la red 5G y que «las comunicaciones lleguen a las zonas rurales de forma inmediata ya que, sin ello, los jóvenes no podrán fijar población».
En este sentido, ha criticado una de las alternativas planteadas por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha abogado por fijar población a través de la inmigración. «Más o menos ha venido a decir que nos quieren sustituir», ha interpretado el diputado de Vox.
Por último y en esta misma línea, Pedro Requejo (diputado por Zamora), ha asegurado que «lo primero que hay que exigir son planes de natalidad potentes, al modo de Hungría» para combatir la despoblación, al tiempo que ha abogado por una fiscalidad diferenciada para territorios despoblados, aunque, por el momento la UE reconozca a Cuenca, Soria y Teruel como tal. «Es un sistema que puede ser de más ayuda que las subvenciones», ha zanjado.
