La sentencia del Tribunal Constitucional aprobada esta semana por la mayoría del pleno, declaraba la inconstitucionalidad de confinamiento obligatorio decretado durante el primer estado de alarma. Una medida con la que el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de combatir la primera ola de la pandemia de Covid-19, y que jurídicamente ha resultado ser un error, ya que debería haberse decretado a través de un estado de excepción y no de alarma. La complicada situación legislativa que ha dejado en evidencia las lagunas que existen en nuestra Constitución.
2FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO
La mayoría de los partidos apoyaron la primera prórroga del estado de alarma, aunque con reticencias, en un momento grave en el que la cifra de fallecidos se situaba entre los 800 y los 900 diarios. Sin embargo en las siguientes prórrogas las opiniones en contra en el Congreso comenzaron a ser más evidentes, sumándose cada vez más abstenciones o votos en contra, por considerar que el estado de alarma no es la herramienta indicada para limitar la movilidad y por entender que el Gobierno estaba utilizando la pandemia para ampliar su poder.
El fallo del Tribunal Supremo aclara en sus fundamentos jurídicos que la declaración de inconstitucionalidad de la medida no pone en cuestión la declinó política del Gobierno, a quien no se le atribuye inconstitucionalidad. Se destaca a demás el hecho de que tanto el Gobernó como el Congreso, estimaron que el país se hallaba en una situación extraordinaria en la que era urgente y necesario declarar un estado de alarma para proteger la salud de todos.
