La mayoría de los políticos de Vox no está en contra de las vacunas, ni mucho menos. Sin embargo, su compromiso con la «libertad» de quienes deciden no administrarse el pinchazo puede llevar al PP y al partido de extrema derecha a un divorcio temprano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está de acuerdo con implantar el pasaporte covid y que los bares y los restaurantes, así como otros locales, exijan un certificado de vacunación a aquellos que quieran entrar. Andalucía ya ha puesto la maquinaria en marcha para aprobarlo. Pero Vox, que ha hecho suyas las dudas de muchos negacionistas y «agnósticos» sobre la dosis de Pfizer o Moderna, no quiere que esto salga adelante porque entienden que es un ataque a la libertad individual.
La vacuna es segura. No hay un solo informe científico que diga lo contrario. Aún así, Vox ha decidido defender el criterio de quienes se niegan a ponerse el suero. ¿Por qué? Eso es un misterio, aunque hay muchos simpatizantes del partido que argumentan, en contra de todo criterio científico, que es una vacuna «experimental» de la que se desconocen los efectos secundarios. Aunque esto sea una falacia, hay un sector muy importante de la derecha populista al más puro estilo Bolsonaro que defienden a aquellos que dudan sobre la vacuna. Y el problema es que en este punto Vox se ha quedado solo, pues el PP apoya firmemente la idea de implantar el pasaporte covid para que se restablezca la actividad comercial sin riesgo.
La Comunidad de Madrid es la primera que puede resentirse por este choque entre el PP y Vox, dado que los populares necesitan a Rocío Monasterio para sacar adelante cualquier medida. Pero es que Andalucía es otra de las autonomías que puede ver cómo las aspiraciones de Juan Manuel Moreno Bonilla se compliquen dado que mientras que el presidente autonómico quiere implantar esta medida del pasaporte covid mientras que Vox se niega de plano. Las elecciones de Andalucía son las siguientes. Y las encuestas, pese a que dan ganador de los comicios a Moreno, auguran que el presidente dependerá de Vox para gobernar en un contexto en el que ya han pedido amparo judicial para poder implantar esta medida que presionará a los negacionistas para que se pongan el suero por el bien de todos.
Esta defensa a ultranza de la libertad por parte de Vox es criticada por el PP porque «la libertad de uno empieza donde acaba la del otro». Quienes no se vacunan no ponen en riesgo solo su salud. También amenazan con convertirse en vectores de contagios, por no hablar de que ponen en riesgo su propia salud. Desde el PP, que sí asumen que el criterio de los científicos a nivel mundial es válido, temen que su postura vaya a dificultar la gobernabilidad de las comunidades autónomas en las que los populares dependen de la formación de Macarena Olona.
Santiago Abascal ya ha amenazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con consecuencias si implanta el pasaporte covid. Abascal dejó caer un «aviso a navegantes en aguas turbulentas» en relación con esta medida porque entiende que atenta contra las libertades individuales. Desde Vox se han sensibilizado con una buena cantidad de escépticos que hay entre su electorado y no quieren que les priven de entrar en los establecimientos. Al final se trata de diferenciar su criterio y coger una bandera que nadie se ha atrevido a coger porque va en contra de los criterios científicos. Aún así, el PP no sabe muy bien cómo convencer a Vox de que adoptar el pasaporte covid no es algo que que atente contra las libertades individuales, sino que las defiende.
Tanto Juan Manuel Moreno Bonilla como Isabel Díaz Ayuso son los más afectados por la decisión tomada por Vox abrazando el discurso de los antivacunas. Pese a que la formación de Macarena Olona no comparte necesariamente el discurso de este colectivo, sí que defiende su libertad de entrar en un restaurante sin estar vacunado. Ayuso, de hecho, fue la primera baronesa en proponer la implantación de esta medida ante la sorpresa y el escándalo de la izquierda. Ahora, el único partido que se ha mostrado contrario es Vox.
«El bipartidismo, convertido en caciquismo autonómico, sigue sin entender que no puede recortar derechos fundamentales arbitrariamente. Lo que pretenden con el pasaporte covid es una salvajada que no van a aceptar ni los ciudadanos que voluntariamente eligen vacunarse», ha asegurado el presidente de Vox. Este discurso se ha orientado para atacar en especial a los presidentes autonómicos y el miedo del PP se deja notar porque, quieran o no, dependen de este grupo para sacar adelante las leyes.
LA FACCIÓN ANTIVACUNA
El partido de Santiago Abascal tiene una facción que se está rebelando contra las vacunas. Un grupo de diputados unido a las patas mediáticas del partido se ha dedicado a difundir presuntos documentos en los que se habla de que la vacuna tiene “efectos secundarios” más graves de lo que parece. Este grupo no predomina en Vox, pero sí que está utilizando todos los medios posibles para presumir de que no se van a vacunar y para justificar su decisión con esos presuntos textos que hablan de los efectos secundarios de Pfizer y otros sueros. Pese a que los gráficos son demoledores y dejan absolutamente claro y sin margen de duda que la vacunación está siendo un éxito y que las muertes y los ingresos en UCI se han reducido considerablemente gracias a los pinchazos, este grupo sigue a lo suyo generando cierto malestar en el partido. No hay que olvidar que la mayoría de los políticos de Vox sí se han vacunado.
Esta facción de Vox tiene cuidado a la hora de criticar las vacunas. Al menos se andan con ojo (aunque no todos) porque saben que la vacunación se basa en evidencias científicas y ellos en los textos que publica el tuitero Alvise Pérez. El polémico eurodiputado Hermann Tertsch ha sido el primero en caer en esa idea que ha deslizado el analista político cercano a Vox en el que se dice que el 10% de los ingresos hospitalarios son por efectos secundarios de las vacunas. La idea de este grupo es la de defender a todos aquellos que tienen reservas a la hora de vacunarse y, sobretodo, anticiparse a la idea de que el Ejecutivo pueda hacer obligatoria la vacunación, dados los buenos resultados que está arrojando la campaña desde que se inició.
