Un día más duro de lo normal en el cuarto y triste aniversario de los atentados de Barcelona. El 17 de agosto de 2017 fueron asesinadas 16 personas en Barcelona y Cambrils y hay al menos 336 víctimas heridas o que sufren aún las secuelas. Las víctimas lamentan la dejadez de las administraciones a la hora de pagar las indemnizaciones, mientras otras se pelean con los entes públicos para que se les reconozcan sus derechos, como el caso del hijo de tan sólo 20 meses de una pareja francesa al que tuvieron que amputarle ambas piernas.
La sentencia del magistrado Félix Alfonso Guevara sobre los atentados del 17A en Barcelona lo pone de manifiesto. «Las víctimas fueron las grandes olvidadas en la fase de instrucción«, reza el texto. «Nadie las ha llamado«, ha asegurado Robert Manrique en una conversación telefónica con MONCLOA.com.
Nadie les ha explicado ni les ha preguntado cómo están
La administración no explica el por qué del retraso en los pagos de las indemnizaciones, más cuando el 78% de las víctimas no ha percibido ni un solo euro en cuatro años, siempre atendiendo a los nombres y cantidades abonadas hasta ahora por el Ministerio de Interior. «Nadie les ha explicado ni les ha preguntado cómo están», ha proseguido quien es víctima del atentado de Hipercor y asesor de la Unitat de Atenció i Valoració de Afectats per Terrorisme.
Desde la administración no se les pidió voz ni tampoco se les preguntó cómo se encuentran desde aquel fatídico día. Tampoco el juez durante la instrucción, motivo por el que para compensarlas de alguna forma sí se les permitió ejercer de acusación particular y al menos tener reconocido el derecho como víctimas.
ESTOY VIVIENDO LAS MISMAS SITUACIONES QUE HACE 32 AÑOS
El principal problema al que se enfrentan los heridos y con secuelas psicológicas es la propia administración, una situación que a Manrique le recuerda a lo sucedido con el atentado de ETA en el Hipercor de la Meridiana. «Estoy viviendo las mismas situaciones que hace 32 años«, ha explicado respecto a cuando conoció la sentencia de octubre de 1982. En aquel momento comenzó a buscar a cada una de las víctimas que aparecían negro sobre blanco. «Se están cometiendo los mismos errores que con el atentado de Hipercor», ha considerado.
A Manrique le duele que la administración haya mejorado, pero que estas situaciones persistan en el tiempo. «Queda muchísimo trabajo por hacer», ha admitido. El orden burocrático de la Administración desespera aún más. No es un trámite ágil y exigen una gran cantidad de papeleo. Tampoco ayuda el hecho de que los ambulatorios y hospitales consideraran como motivo de ingreso «una caída masiva» de personas en lugar de atentado terrorista. Asimismo, no todas las heridas se curan tras una intervención quirúrgica o un tratamiento psicológico específico. Algunas de ellas han tenido que demostrar que las operaciones siguientes al atentado eran consecuencias del mismo y no lesiones que han aparecido después. Con las de la mente, la situación es aún más caótica ya que no son nada fáciles de clasificar.
LA ADMINISTRACIÓN PASA DE BUSCAR A LAS VÍCTIMAS
Tras el atentado de Hipercor, Manrique cogió las páginas amarillas y la guía telefónica para contactar con las víctimas. Ahora usa las redes sociales, como Linkedin y Twitter, a través de las cuales ha podido identificar a varias de ellas. También los diarios locales, que suelen entrevistar a víctimas del 17A. Una labor que la Administración no ha realizado, pese a que la ley así lo exige. En Cataluña, Manrique hacía esta labor a través de la oficina de atención específica a víctimas del terrorismo, abierta en la última etapa del tripartito de Josep Montilla, con Joan Saura como conseller de Interior.
Sin embargo, con la llegada de Artur Mas a la Generalitat se cerró definitivamente y le dejó sin ayuda alguna para poder localizar a las víctimas tras 21 años de asistencia. La Generalitat consideró que sólo realizaba la labor para las víctimas de Hipercor, pero la realidad es que atendía a quienes habían sufrido los ataques de al menos 30 grupos terroristas en Cataluña, no sólo ETA, el Grapo y el yihadismo han actuado en la región.
«Es muy triste, pero es lo que hay«, ha asumido Manrique, quien señala que esta oficina hubiera hecho una gran labor tras los atentados del 17A. En su empeño de ayudar, Manrique continúa localizando a víctimas nuevas de los atentados de hace cuatro años. «Algunas no han recibido ni una llamada de la administración en este tiempo«, ha apuntado. Motivo más para el bochorno en el seno público.
LA ADMINISTRACIÓN NI LLAMA NI PREGUNTA A LAS VÍCTIMAS
En el mismo día del cuarto aniversario ha acompañado a una pareja de argentinos que acuden al mismo lugar donde estuvieron hace cuatro años. En Las Ramblas. «Hay que revisar si están en el listado», ha señalado. En caso de que así sea, no habrá problema. Si el nombre no aparece en la lista, habrá que realizar un estudio psicológico y detectar posibles secuelas, un hecho que no ha valorado nadie en ningún hospital y que la administración ha pasado por alto, pese a que la normativa así lo exige.
De esta forma, ha destacado que el listado de los 336 heridos de la sentencia se puede quedar corto. «Los ambulatorios apuntaron que el origen del ingreso era caída múltiple, sin vinculación con el atentado», ha destacado. En otros partes, aparecen como «caída en la calle» sin mayor detalle. Algunos fueron arrollados por la furgoneta de grandes dimensiones, otros por los empujones de quienes se apartaban de este sendero de muerte.
Para ellos será complicado demostrar ante la administración que fueron víctimas. «Se les deniega el auxilio económico», ha puntualizado Manrique. «La administración no ha llamado para saber el estado de las víctimas» es su resumen. «A mí no me llama nadie», la más repetida cuando le piden consejo.
LA ADMINISTRACIÓN COMETE LOS MISMOS ERRORES QUE EN HIPERCOR
Por desidia, negligencia o simplemente dejadez de funciones del total de las víctimas de la sentencia tan sólo el 22% ha percibido la indemnización del Ministerio de Interior. El motivo por el que no se han abonado las cantidades correspondientes aún es un misterio, excepto en cuatro casos, que han renunciado a cobrarla. A las víctimas «nadie las ha buscado ni asesorado», ha aseverado Manrique. Exactamente lo mismo que ocurrió en Hipercor.
Las Administraciones tienen el deber de colaborar para asistir y asesorar a las víctimas del terrorismo. Si no las buscas, cómo las vas a asesorar
La sentencia del juez Guevara también lo deja muy claro. «Las Administraciones tienen el deber de colaborar para asistir y asesorar a las víctimas del terrorismo. Si no las buscas, cómo las vas a asesorar», ha respondido Manrique. El fallo judicial no sólo condena a los autores sino que tanto el Ministerio Fiscal como el Ministerio del Interior reciben un soberano sopapo. «Es la primera vez en una sentencia se deja tan en evidencia a la administración pública«, ha reseñado la víctima de Hipercor. Asimismo, el fallo judicial está recurrido ante el Tribunal.
En cuanto al estado anímico, las víctimas aún tienen el miedo en el cuerpo. Como ejemplo de ello es la explosión de este lunes en las cercanías al lugar del atentado. Este susto ha provocado que varias víctimas hayan rechazado acudir al acto solemne. «El miedo no es que esté en el cuerpo, no se olvida», ha destacado. «Las secuelas psicológicas tienen difícil solución«, ha concluido.
