La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entra este 3 de septiembre de 2021 en vigor, «una fecha histórica», en palabras del presidente del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno. La norma modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad aunque también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población.
Tras una ‘vacatio legis’ de tres meses, Pérez Bueno ha destacado la entrada en vigor de esta «ansiada reforma, amplia, integral y ambiciosa del derecho civil sustantivo y procesal» que, después de muchos años de «insistencia y demandas» del movimiento asociativo, da cumplimiento a un mandato de Derechos Humanos de la Convención de la ONU de 2006, en concreto su artículo 12.
«Significa pasar de un sistema en el que la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no era reconocida como personas en plenitud, se las podía privar y minimizar su capacidad jurídica y ser representadas por otros a través de mecanismos como la tutela o la incapacitación. Esto desaparece: ahora todas las personas con discapacidad, si necesitan apoyos para la toma de decisiones, tienen que tenerlos pero no ser sustituidas, prima su autonomía y deseos. Y el entorno jurídico y social les tiene que prestar asistencia y acompañamiento para que ejerzan los derechos que tienen reconocidos», ha subrayado.
De este modo, se sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación« para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales por lo que la representación o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad, que se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
La norma — impulsada por Aequitas y CERMI– elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. También la ley del Notariado y la Ley de Comercio se acomodan terminológicamente a estos cambios.
Así, la norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.
Preguntado, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, ha afirmado que la ley «es de una trascendencia enorme» y ha subrayado que «es una ley que afecta a todos», ya que cualquiera puede vivir una situación de discapacidad. «Se trata de una ley tremendamente humana», ha insistido.
También ha hecho hincapié en la importancia de «respetar las preferencias de las personas, no se trata de sustituirlas sino de apoyarlas en todo lo posible». «La ley implica un cambio completo de paradigma, no son sujetos segregados que, por la razón que fuera son sujeto de protección sino que realmente se les reconoce como adultos en una esfera de libertad», ha señalado.
Por su parte, Pérez Bueno también ha destacado el «amplio consenso político, también de operadores jurídicos y de la sociedad civil» y, de cara a su puesta en práctica, ha vaticinado que «llevará un tiempo porque es pasar de un modelo con décadas de existencia a otro nuevo, disruptivo y progresivo». «No será fácil pero pedimos toma de conciencia de los operadores jurídicos, que asuman el nuevo modelo, y a las administraciones que doten de medios a la justicia», ha apostillado.
Por ello, desde CERMI piden a las Administraciones competentes realizar las inversiones y poner los recursos humanos y materiales necesarios para operativizar la reforma, mientras que todos los grupos de interés jurídicos han de asumir el cambio de paradigma que supone y formarse en el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad.
En la misma línea, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión celebran la entrada en vigor de esta reforma, aunque demandan a las administraciones públicas financiación y compromiso con el fin de garantizar los apoyos que necesitan los afectados para tomar sus propias decisiones.
En este sentido, las organizaciones hacen hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma y la Convención de la ONU. También reivindican la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo, para que se pueda garantizar la determinación de los apoyos y su provisión.
«QUE NO QUEDE EN PAPEL MOJADO»
Las personas con discapacidad intelectual han mostrado ya su satisfacción sobre la modificación de esta ley. Es el caso de Santiago, de 48 años, con una discapacidad intelectual y que ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico. El día de la aprobación de la norma en el Parlamento lo celebró «a lo grande», pero avisó: «Que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado».
«Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana», alertó en declaraciones para añadir que la norma ayuda a recuperar lo que de toda la vida tenían que haber tenido y que nunca les deberían haber quitado.
Santiago incidió en el significado de «igualdad» y explicó que «dependiendo de cada caso» es preciso buscar los apoyos «justos». «Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás», sentenció.
Pablo, con Síndrome de Down y graduado en la Universidad Pablo de Olavide, también celebró la norma aunque nunca haya estado incapacitado. «Lo de la ley me parece muy bien. Estoy contento con la reforma que han aprobado. Acabo de cumplir 30 años y desde que nací llevo una vida normal», explicó.
Mari Carmen, su madre, destacó que Pablo es una persona muy independiente, algo que se ha incrementado tras completar en la Universidad Pablo de Olavide un Programa de Formación para la Vida Independiente Adulta hace cuatro años. «Nunca movimos los papeles. No nos parecía bien incapacitarlo, porque le podían quitar de hacer cosas que él iba a echar de menos», manifestó cuando se aprobó la norma.
Ante la entrada en vigor de la nueva legislación, la AEFT y su red de entidades saldrán este viernes a la calle en siete comunidades autónomas para celebrar lo que consideran «un paso adelante por el derecho a decidir de las personas con discapacidad». En Madrid, se leerá un manifiesto y el acto culminará con carteles con el mensaje ‘Un paso adelante por el derecho a decidir’.
