La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de asilo del ex juez peruano César Hinostroza, que está reclamado por el país andino por delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de organización criminal.
En la sentencia, que ha contado con un voto particular, los magistrados de la sala explican que la permanencia en España por razones humanitarias «debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca».
«En nuestro caso, no existen condiciones ni concurren circunstancias excepcionales que permitan considerar que concurra alguna o algunas de las circunstancias», recoge el escrito, que señala que procede desestimar el recurso de la defensa de Hinostroza.
El único magistrado que ha mostrado su discrepancia con sus compañeros ha sido Javier Eugenio López Candela, que ha emitido un voto particular al entender que «debió ser otorgado al actor el asilo solicitado».
El ex juez salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantenía en la actualidad.
A su llegada a España solicitó asilo, una petición de protección internacional que le fue denegada. La defensa de Hinostroza recurrió y, finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado concedérselo.
ENVUELTO EN EL ESCÁNDALO DE ‘LOS CUELLOS BLANCOS’
Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, descrito por las autoridades peruanas como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.
La sentencia también hace referencia a la decisión adoptada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto con fecha 19 de septiembre de 2019 en el que se confirmaba la entrega del juez de la Corte Suprema de Perú. En el mismo, se garantizaba que la solicitud de extradición contaba con las garantías suficientes de un trato basado en el respeto a la dignidad humana, garantizándose además su integridad física, psíquica y moral.
«Por tanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha accedido a la extradición precisamente porque ha descartado el riesgo de que el reclamado pudiera ser objeto de tratos inhumanos o degradantes o ser objeto de tortura (…) y si ese riesgo no existe a los efectos extradicionales no podemos acoger su existencia a los efectos de la protección subsidiaria», justifica ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
EL GOBIERNO AUTORIZÓ SU EXTRADICIÓN EN 2020
El pasado mes de abril, la vista celebrada para decidir si su extradición se ampliaba al delito de cohecho activo, que se sumaría a los de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas por los que ya fue autorizada su entrega al país andino, quedó suspendida a la espera de que se resolviera su petición de asilo.
El Gobierno español autorizó en julio de 2020 la extradición a Perú de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.
Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros».
La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada. Quedaba pendiente una segunda petición para incorporar uno de cohecho activo ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes para poder huir del país.
