El Debate de Política General ha dejado en el Parlament dos conclusiones que dibujan el rumbo por el que la mayoría de la Cámara quiere transitar durante este curso político para solventar el conflicto político en Cataluña: respaldan la apuesta por la mesa de diálogo y rechazan celebrar un referéndum en este mandato.
Esta hoja de ruta también ha escenificado las divergencias entre los tres socios que auparon a Pere Aragonès hasta la presidencia de la Generalitat, que siguen sin ponerse de acuerdo en cómo alcanzar su objetivo independentista, cuatro años después del referéndum del 1-O y pese a que ahora cuentan con una mayoría en escaños y en votos.
Las votaciones de las propuestas de resolución han puesto de manifiesto que, pese a las críticas a la solución dialogada entre gobiernos, la mayoría del hemiciclo sigue apostando por ello, como se desprende de una propuesta de resolución de ERC que ha salido adelante con 74 votos a favor, 32 abstenciones y 29 votos en contra.
Esta propuesta insta al Govern a «avanzar hacia una resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y el Estado, mediante el impulso del proceso de negociación articulado a través de la mesa de diálogo y negociación política entre gobiernos», y ha salido adelante con los votos a favor del PSC, ERC y los comuns y la abstención de Junts, mientras que Vox, la CUP, Cs y PP la han rechazado.
Esta votación ha puesto de manifiesto que no hay ‘quórum’ entre los socios de Govern en lo que refiere a la utilidad de ese espacio de diálogo, como también lo demuestra otra propuesta de resolución –esta de los comuns– que pedía el «apoyo al presidente de la Generalitat en el impulso de la mesa de diálogo; un diálogo y una negociación, que tiene que ser de Gobierno a Govern, con delegaciones conformadas únicamente por miembros del gobierno catalán y del español».
La propuesta de los de Jéssica Albiach ha contado con el aval del PSC pero también de ERC y sin embargo ha sido rechazada por Junts junto a Vox, CUP, Cs y PP; que no han logrado que la propuesta de los morados decayera.
La conformación de la delegación catalana en ese espacio supuso una nueva fractura entre los socios de Govern, después de que Junts, el día antes de la reunión de la mesa del 15 de septiembre, anunciara a Aragonès que algunos de sus candidatos eran ajenos a su Ejecutivo.
Esta decisión, que los de Carles Puigdemont defienden como inalterable, provocó que el presidente les apartara de la delegación que se quedó sin miembros de Junts, aunque Aragonès insistió en que en el momento en que propongan a miembros del Govern podrán sentarse en la mesa y formar parte de las negociaciones.
Pese a la ausencia de Junts, el jefe del Ejecutivo catalán defiende que la delegación catalana representa al conjunto del Govern, «de Cataluña», dijo el martes en su discurso para abrir el Debate de Política General.
«La delegación catalana representada por el Govern en la mesa representa a toda la sociedad», zanjó en su intervención frente a los diputados y consellers de Junts presentes en el Cámara catalana.
La propuesta de los comuns, que forman parte de la mesa al estar en el Gobierno, recoge simplemente los acuerdos alcanzados entre la Generalitat y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la reunión de mediados de septiembre que ponía las bases y metodología de trabajo, pero a su vez ponía a prueba si realmente lo que dice Aragonès sobre que la delegación catalana representa también a la parte de Junts en el Ejecutivo, es así o no.
Finalmente, la unidad del Govern no ha superado la prueba y se ha puesto de manifiesto que Junts y ERC siguen manteniendo un pulso: los de Puigdemont siguen viendo con recelo este espacio y, sobre todo, no están dispuestos a presentar a otros miembros que les representen en la mesa, mientras que los republicanos muestran en el Parlament a través de una resolución que su estrategia cuenta con un amplio respaldo en la Cámara.
NO AL REFERÉNDUM UNILATERAL
El respaldo de la cámara a la estrategia del diálogo contrasta con el rechazo manifestado a una propuesta de la CUP que pedía al Parlament comprometerse a celebrar un referéndum de autodeterminación en esta legislatura e instaba al Govern a «iniciar inmediatamente los debates y trabajos necesarios para garantizar su realización», es decir, llevarlo a cabo independientemente del acuerdo con el Gobierno.
La resolución no ha salido adelante porque solo han contado con 9 votos favorables de la CUP, pero también ha mostrado la distancia que separa a los socios de Govern: ERC ha emitido 33 abstenciones mientras que PSC-Units, Junts, los comuns, Vox y el PP, han sumado 87 votos en contra; Cs no ha participado de la votación.
Los ‘cupaires’ hicieron pública su propuesta si ponerla en común con sus socios del pacto de investidura y recibieron las críticas primero de Aragonès –que les advirtió de que se circunscribirían al acuerdo sellado a principio de mandato que no incluye una fecha concreta para la autodeterminación– y después del presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, que les reprochó no acordar previamente la propuesta.
REUNIÓN DE ÚLTIMA HORA
Antes de las votaciones de este jueves por la tarde, la CUP ha pedido a ERC y Junts una reunión para intentar convencerles de que incluyeran su punto del referéndum dentro de una de sus propuestas de resolución conjuntas.
Se han mostrado dispuestos a cambiar el redactado y especificar que solo se recurriera a este referéndum unilateral en caso de que el resto de vías que proponían ERC y Junts no funcionara, pero no han logrado su objetivo porque los republicanos insisten en no ponerse plazos y los de Puigdemont solo ven posible sustituir el 1-O por un referéndum acordado, así que finalmente, se han quedado solos defendiendo su referéndum unilateral.
POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES
Con su resolución los ‘cupaires’ no consiguen que el Parlament avale un referéndum sin acuerdo, han evidenciado las distancias en entre ERC y Junts, pero además pueden abrir un nuevo litigio judicial a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el resto de miembros independentistas de la Mesa, que han permitido su tramitación haciendo valer la mayoría que tienen en este órgano.
Pese a las peticiones de reconsideración de PSC, Vox, Cs y el PP, el órgano rector de la Cámara ha mantenido la propuesta de la CUP, y desde varios grupos de la oposición ya se ha advertido de que recurrirán la propuesta al Tribunal Constitucional.
