jueves, 28 octubre 2021 10:01

El Supremo recela de Consuelo Castro, la abogada del Estado que «defiende» a Puigdemont

Pablo Llarena lo ha intentado de todas las formas posibles para tratar de sentar a Carles Puigdemont en el banquillo. El juez del Tribunal Supremo no ha podido contra toda la maquinaria estatal de dos países como España e Italia, que han puesto todo tipo de barreras para evitar la entrega del fugado de la justicia y expresidente de la Generalitat.

La primera vez, hace una semana, Llarena se encontró con la barrera de la Abogacía del Estado. Tal y como afirmó en su oficio, la orden europea de detención estaba en vigor y Puigdemont había perdido su inmunidad en el Parlamento Europeo. No obstante, la defensa del expresidente recurrió la decisión ante el Tribunal General de la UE, sin que haya dado a conocer una respuesta ni a la defensa ni tampoco a las preguntas prejudiciales de Llarena.

Sin complicidades en Europa, Llarena está solo en esta lucha. La, en teoría, Abogacía del Estado no ha realizado su trabajo. Este órgano, liderado por Consuelo Castro, ha tratado de poner la zancadilla, a tenor del auto de oficio de Llarena, en esta operación judicial. «En el procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal que estaban suspendidas las Órdenes Europeas de Detención (OED) emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así», aseguró el propio juez.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO ASEGURÓ QUE LA ORDEN DE DETENCIÓN NO ESTABA ACTIVA

¿Cómo es posible que quién debe velar por los intereses judiciales no conozca si una orden está o no activa? Es una pregunta que la Abogacía no ha respondido aún. Llarena se ha despachado con un duro revés y una llamada de atención que no ha pasado desapercibida, más cuando este organismo depende en su totalidad del Gobierno. Hasta ahora, el asunto de Puigdemont ha pasado de puntillas para no provocar a ERC, socio del partido que lidera el expresidente de la Generalitat, JxCat.

No es la primera vez que un flagrante error de la Abogacía del Estado hace aparición en los asuntos relacionados con el ‘procés’. Durante la instrucción del caso, en 2018, la propia presidenta de este organismo dio la orden de evitar que los condenados e indultados después fueran procesados por un supuesto delito de rebelión.

Era noviembre de 2018 y Edmundo Bal, actual líder de Ciudadanos en Madrid, era el abogado del Estado que defendía los intereses de España en aquel juicio. El cambio de parecer provocó un cisma en la Abogacía y Bal renunció a participar en aquella pantomima, más después de haber recibido la medida de gracia de Pedro Sánchez.

Bal fue responsable del área penal de la Abogacía del Estado más de 15 años antes de ser cesado por Castro. Su delito, evitar firmar el nuevo escrito de acusación donde desaparecía la violencia y cualquier vinculación con hechos violentos y el ‘procés’, pese a la abundante documentación que así lo mostraba. Ejemplo de esta violencia utilizada por los independentistas fue el asedio a la Consejería de Economía, donde la comitiva judicial tuvo que escapar por el tejado por temor a ser golpeada por la horda.

CAMBIÓ EL DELITO DE REBELIÓN POR EL DE SEDICIÓN

En el escrito, tan sólo se hablaba de «disturbios», tumultos o incidentes. Es decir, que el lanzamiento de objetos y con miles de personas cercando a una funcionaria pública para evitar que pudiera realizar su trabajo no fue violencia. Ante esta exposición, la Sala Segunda del Tribunal Supremo descartó la rebelión, pero no la sedición ni malversación de caudales públicos.

Otra de las maniobras de Castro ante los casos que afectan a los independentistas que están bajo la lupa judicial o de otros organismos, como el Tribunal de Cuentas, ha sido precisamente el pago de las fianzas utilizando medios públicos como avalistas.

Castro no se ha pronunciado sobre la legalidad de usar el Institut Català de Finances para avalar las fianzas de los 34 altos cargos de la Generalitat para cubrir su responsabilidad en el gasto en el extranjero de la Generalitat entre 2011 y 2017. El Tribunal de Cuentas la impuso y la instructora del caso apremió a Castro a pronunciarse sobre esta maniobra del Govern, a todas luces más que cuestionable, para echar un capote a los suyos a costa del dinero de todos los catalanes. En total, 5,4 millones de euros.

¿FIANZAS CON DINERO PÚBLICO? LA ABOGACÍA DEL ESTADO NO TIENE OPINIÓN

La Abogacía del Estado debía o bien avalar la fianza o, por contra, dar luz verde al embargo de los bienes de los políticos nombrados por Puigdemont y Junqueras. De nuevo, el silencio como respuesta para evitar el embrollo político por escrito. Según la Abogacía, no podía mostrarse ni a favor ni en contra por el «riesgo de nulidad» de las actuaciones debido a su participación en otros procedimientos. Es decir, se negó a dar una respuesta a una consulta relativamente sencilla.

La Fiscalía de Cataluña, por su parte, está investigando estos avales a raíz de una denuncia de Ciudadanos. Por el momento, se han abierto diligencias y sólo se investiga a la cúpula del Institut Català de Finances, mientras que Vox ha denunciado a los miembros del Govern que dieron la orden de consignar estas fianzas.

El caso de Castro en cuanto a lo concerniente a los políticos del ‘procés’ es inaudito. Si el Estado no llega por la vía del decreto, Castro enmienda la plana en lo judicial, o al menos eso intentó con Oriol Junqueras.

Mientras se le acusaba de sedición y malversación, la Abogacía del Estado tuvo la feliz idea de solicitar la libertad para el líder de ERC y que pudiera recoger el acta de eurodiputado una vez condenado a 13 años de prisión. Pese al fallo judicial, que le inhabilita para ejercer en el cargo público, Castro solicitó esta medida, tumbada después por el Tribunal Supremo.

ITALIA SIGUE EL EJEMPLO: EMBROLLO POLÍTICO CON PUIGDEMONT, NO GRACIAS

Se asegura que no la presidenta de la Abogacía del Estado no tiene afiliación política, pero la gallega ha hecho bueno el dicho ‘por sus obras le conoceréis’. Ni una sola contraria a los procesados, indultados y fugados de la justicia. Una casualidad que espanta a numerosos políticos por cómo está actuando el Gobierno en el caso del ‘procés’.

Hay que recordar que sin el apoyo de ERC, el Ejecutivo de Pedro Sánchez caería irremediablemente. Por tanto, las formas de negociación son cuanto menos poco ortodoxas para la seriedad de un país como España.

En Italia, por su parte, parece copiar la misma estrategia seguida por Castro. Para evitar el embrollo político, la justicia ha preferido esperar al TGUE antes que entregar a Puigdemont a España. Según el tribunal trasalpino, Puigdemont podría conseguir la inmunidad parlamentaria, pero ésta no le exime de responder ante la justicia por sus presuntos delitos.

Llarena ha pedido una vez más a Italia que lo entregara, pero Puigdemont ha salido libre y paseando por las calles de Cerdeña. El Tribunal de Apelaciones de Sassari ha suspendido la extradición pese a las órdenes de detención activas.

EL FUGADO PUIGDEMONT AFIRMA QUE ESTÁ PERSEGUIDO POR SER INDEPENDENTISTA

El fugado y huido de la justicia ha exigido a España que pare su persecución y en tono serio ha afirmado que no es un fugado. Sin embargo, donde no se ha atrevido a pisar aún es territorio español.

Este mes se van a cumplir este mes 4 años de su huida, apoyada por agentes de los mossos d’Esquadra. El expresidente huyó en el maletero de un vehículo para cruzar por Francia y alcanzar finalmente Bélgica. Por ahora ni Italia, ni Francia, ni Bélgica ni Alemania han hecho caso a la orden europea de detención, una muestra de la debilidad judicial de España y por el temor de convertir el independentismo catalán en un problema europeo, un extremo que hasta ahora la UE ha evitado.

Para Puigdemont, los independentistas catalanes «somos perseguidos», pese a estar en la cúpula de las instituciones y controlar un presupuesto de 55.000 millones de euros con sueldazos superiores a los que gobiernan a 47,5 millones de personas.

«España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos, y sí, digo objetivos políticos porque España utiliza el poder judicial para que no podamos hablar», ha afirmado Puigdemont en su rueda de prensa en Cerdeña. «Basta, España, de seguir un camino que no le da ningún resultado positivo», ha afirmado.