Unidas Podemos ha defendido la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de solicitar una aclaración al Tribunal Supremo (TS) sobre el alcance de la condena sobre el diputado, Alberto Rodríguez, dado que en su fallo no existe «nada» en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, ha advertido al alto tribunal que esclarecer no puede comportar «inventar» algo que no está en la sentencia».
De esta forma, el grupo parlamentario ha subrayado que privarle de su condición de parlamentario, como quería PP y Vox, hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara «prevaricación», una «barbaridad» y una «vergüenza» para España.
Así lo han indicado en rueda de prensa los dos secretarios de Unidas Podemos en este órgano parlamentario, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, tras la reunión de la Mesa en la que, por cinco votos a favor y tres en contra, se ha acordado remitir al Supremo un escrito aclaratorio de las consecuencias del fallo, una vez que ayer remitió un oficio pidiendo información precisamente sobre la ejecución de su sentencia contra Rodríguez.
Pisarello ha señalado que hoy se ha defendido la «autonomía parlamentaria», de acuerdo al criterio de los letrados, de transmitirle al Supremo que «no puede querer hacer decir a la Mesa por parte del Supremo lo que el propio Supremo no está diciendo».
SI MARCHENA QUERÍA QUITARLE EL ESCAÑO, QUE HUBIERA SIDO «CLARO»
«Si el Supremo, si (el presidente de la Sala de lo Penal) Manuel Marcha no es claro, no le corresponde a la Mesa privar del cargo a Rodríguez. Si el señor Marchena quería otra cosa debería haberlo dicho de forma más clara (…) Si esa era su voluntad (la inhabilitación como diputado), lo hubiera hecho con una pena mayor», ha insistido para recalcar que el papel de los «jueces es juzgar y no pretender que la Mesa del Congreso lo haga».
Eso sí, el también dirigente de En Comú Podem ha enfatizado que el Supremo debe aclarar pero «no inventarse una pena que no viene en la sentencia, dado que como expusieron los letrados de la cámara en su informe jurídico no se alude mención expresa en esta resolución a la pérdida de su escaño.
INTELIGENCIA DE BATET
Su compañero Sánchez Serna ha explicado que el acuerdo mayoritario de la Mesa del martes está «fundamentado» y es «garantista» con relación a los derechos de Rodríguez como diputado, pues se sustenta en el informe de los letrados del Congreso.
No obstante y tras el oficio, ha entendido que era necesario un debate pese a compartir la primera respuesta dada en la Mesa, que considera ejecutada ya la pena de Rodríguez tras el pago de la multa que conmutaba los 45 días de prisión decretados por el Alto Tribunal como condena por un delito de atentado a la autoridad.
Por tanto, el diputado de Unidas Podemos ha aseverado que no se podía consentir «de ninguna manera» interpretar de manera «unívoca» que el oficio del Supremo comportar la pérdida del acta de su compañero de bancada, pues hubiera sido «violentar» la autonomía de la cámara y vulnerar los derechos de este parlamentario.mesa el informe de los diputados de esta decisión.
Por tanto, ha reivindicado la necesidad de que el tribunal aclare su fallo, sobre todo cuando la inhabilitación es por sufragio pasivo, lo que comporta perder el derecho a ser elegido en unas elecciones durante 45 días.
PRESIONES DEL PP Y VOX
También se ha mostrado «sorprendido» por la intervención de Batet, favorable a la inhabilitación, pero ha elogiado su determinación «valiosa e inteligente» al dejar que se escuchara a los miembros de la Mesa para decidir.
Y es que Sánchez Serna ha destacado que no han influido en la presidenta de la Cámara Baja las «presiones» de miembros de la oposición a Batet durante el debate, al decirle que si no tomaba la decisión de quitar el escaño a Rodríguez podría incurrir en un delito. Incluso ha dicho que ha habido «amenazas» de sacar el asunto del debate político y ponerlo en el judicial.
Pisarello también ha agradecido a Batet que, pese a su postura, haya dejado que se pronunciaran los miembros de la Mesa, que es un órgano colegiado, y los servicios jurídicos para poder así reflexionar sobre la forma de proceder. «Hay una mayoría que entendía que había buenas razones para pedir aclaraciones», ha ahondado para referise también a los representantes del PP.
