El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación de la pieza separada en la que se intenta esclarecer si la organización criminal supuestamente liderada por el productor de televisión José Luis Moreno contaba con una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
Así consta en un auto del pasado 29 de octubre, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 autoriza esa ampliación del plazo toda vez se encuentran pendientes de su conclusión «diligencias de investigación acordadas que se estiman esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados».
En concreto, entre esos flecos pendientes se encuentra informe técnico policial sobre efectos y dispositivos intervenidos en los registros realizados el pasado 29 de junio, el día en el que se puso en marcha la ‘operación Titella’ que se saldó con la detención del ventrílocuo y de más de 50 personas.
Además, también está pendiente la designación de funcionarios de la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial que, a su vez, intervendrán en la elaboración de informes y derivadas de las anteriores. Así, y «en atención a las circunstancias concurrentes», el juez estima que procede «prorrogar el plazo acordado de instrucción» otros seis meses, empezando a correr este plazo el próximo 4 de noviembre.
«COCAÍNA EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA»
Todo ello relacionado con las averiguaciones que los investigadores realizaron y que fijaban que varios de los detenidos «habían sido contactados por individuos presuntamente dedicados al narcotráfico a gran escala, los cuales les habrían propuesto participar en actividades de introducción y distribución de cocaína en cantidad de notoria importancia».
Y lo hicieron, según consta en el oficio policial al que alude el magistrado, a «través de la financiación de la importación de cocaína base y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos por medio de los entramados empresariales objeto de investigación» en ‘Titella’.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Por un lado, Brambilla se encargaría de utilizar mercantiles de importación de productos, principalmente desde países considerados «zonas calientes» por su relación con el narcotráfico, desde los que importaban sobre todo fruta, madera o café, simulando una actividad normal, ganándose la confianza de los servicios de control aduanero, para posteriormente introducir en España la mercancía ilícita.
TIEMPO PARA ANALIZAR «LA ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN»
El juez ha tomado esta decisión siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, que interesó la prórroga en los mismos términos para poder llevar a cabo el «análisis de la abundante documentación hallada con ocasión de las distintas diligencias de entrada y registro practicadas».
«Consideramos que las sucesivas prórrogas de la instrucción acordadas en la causa principal engloban la de sus piezas separadas, toda vez que se trata del mismo procedimiento. Si bien, y en aras de garantizar el eficaz ejercicio de la acción penal, el cual no puede quedar al socaire de interpretaciones de una norma que no contempla expresamente esta cuestión, se interesa que se acuerde la prórroga por otros 6 meses de la presente pieza separada a la vista de las diligencias pendientes de su práctica», defendía la Fiscalía.
Una ampliación del plazo contemplado en la pieza separada que dimana de la principal, que se centra en un «importante entramado criminal de carácter económico, con múltiples ramificaciones y cuyo objetivo fundamental consiste en la defraudación de cantidades millonarias de dinero a entidades financieras», según recuerda el juez.
Esa red, que estaría supuestamente liderada por Moreno, habría alterado «las reglas básicas del funcionamiento económico, generando enormes pérdidas de dinero a las entidades víctimas del fraude y por tanto a la Hacienda pública». Esa organización se dedicaba presuntamente «a la obtención de dinero procedente de las entidades bancarias por medio del conocido sistema de ‘peloteo’ de cheques y pagarés, así como por medio de la concesión mediante engaño o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito».
