El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se ha comprometido con la «desinstitucionalización» de los niños, niñas y adolescentes que viven en centros residenciales, en lugar de crecer en familias.
«Este Gobierno muestra un compromiso firme en relación con la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes», ha subrayado Nacho Álvarez, este miércoles durante su intervención en el V Congreso ‘El Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia’, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Nacho Álvarez ha recordado que en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña se reconoce el derecho a crecer en familia e incluye el derecho a la protección de la infancia, del que son garantes últimos las administraciones públicas.
Si bien, ha precisado que, «lamentablemente, en la búsqueda de esa protección, en muchas ocasiones, no se ha hecho lo suficiente por asegurar el derecho a crecer en familia» y «lo que debería ser la excepción», el acogimiento en residencias, «sigue siendo la norma». «Prácticamente 1 de cada 2 niños o niñas cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas vive en un centro residencial», ha indicado.
Entre otros datos, ha señalado que, en 2020, 1.177 niños y niñas menores de seis años fueron acogidos en una institución, a los que hay que sumar otros casi 2.000 de entre 7 y 10 años. Además, ha indicado que, de aquellos chicos y chicas que causan baja de un centro, el 47,7% lo hicieron porque cumplieron la mayoría de edad, frente al apenas 8,8% que salió de un centro para ser acogido por una familia. «Esto nos indica que hay niños y niñas que pasan toda su infancia en un centro residencial», ha lamentado.
Para revertir esta situación, entre otras medidas, el secretario de Estado ha destacado que el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé la realización de reformas e inversiones destinadas a transformar el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, avanzando en un proceso de desinstitucionalización.
En concreto, según aparece recogido en los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán 93 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas.
PISOS Y CENTROS MÁS PEQUEÑOS Y FLEXIBLES
Nacho Álvarez ha precisado que será necesario contar con «centros, pisos o unidades más pequeñas y flexibles» que permitan atender de forma «más personalizada» las necesidades afectivas y de desarrollo personal, educativo y profesional de los menores.
En segundo lugar, el secretario de Estado ha recordado que España está trabajando en una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización que permita que personas mayores, personas con discapacidad, viviendo en situación de sinhogarismo y, también, niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección «sean dueños de sus vidas y decisiones».
En el marco de dicha Estrategia, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está impulsando distintas convocatorias de financiación de proyectos piloto.
El pasado jueves, a tal efecto, se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial que convoca las subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, para dar prioridad a las medidas estables frente a las temporales y a las familiares frente a las residenciales.
Por otro lado, Nacho Álvarez ha destacado que la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), incluye, en su Disposición final octava, una modificación de la figura del acogimiento especializado, recogido en la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Álvarez ha precisado que el cambio introducido «facilita que el acogimiento especializado sea de dedicación exclusiva» y es «una modificación que acabará de hacerse efectiva durante los trabajos de despliegue de la Ley y que ha de ser fundamental en el desarrollo del acogimiento familiar frente al residencial como sistema preferente de protección a niños y niñas en riesgo».
EMPEORAN LAS CIRCUNSTANCIAS DEBIDO A LA COVID
El secretario de Estado de Derechos Sociales ha subrayado que «el deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchos hogares vulnerables como consecuencia del COVID-19 ha hecho que las circunstancias sean aún más delicadas para un gran número de niños, niñas y adolescentes».
Ante esta realidad, ha apostado por reforzar los servicios sociales públicos, en general, y los equipos específicos de atención a la infancia y la adolescencia, en particular «y, especialmente, en la prevención de la institucionalización o el acompañamiento durante ésta cuando tiene lugar, o en los procesos de transición a la vida adulta cuando han estado tutelados por las administraciones públicas».
Para Nacho Álvarez, «la familia es esencial en el desarrollo de los niños y niñas, no solo porque a través de ella se ven garantizadas necesidades básicas como el alimento o el vestido» sino «fundamentalmente, porque se trata de la piedra angular sobre la que pivota el desarrollo emocional y social de los seres humanos».
