La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su preocupación por que «en la gestión de la responsabilidad de cada cual» la Junta de Castilla y León «ha decidido incumplir la norma» e ir «más allá del límite» de una concesión administrativa que ha dejado de estar en vigor, lo que ha llevado a la Abogacía del Estado a interponer un recurso contra Castilla y León por «ocupación ilegal».
Ribera ha respondido así en declaraciones a los medios en Chinchón (Madrid) respecto a su valoración de la decisión de la Junta de Castilla y León de mantener abiertas tres pistas de la estación de esquí de Navacerrada. El pasado 3 de marzo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales notificó a la administración autonómica que la concesión había expirado y que no se iba a renovar, obligando al cierre de estas pistas, al desmantelamiento de los telesillas y otras instalaciones.
Ribera ha criticado a la Junta de Castilla y León porque «no ha hecho por mirar por el cumplimiento del desmantelamiento», por lo que lo que ha justificado que el Gobierno haya recurrido ante la «falta de acción y diligencia» de la administración autonómica.
«Hemos llegado a judicializar este supuesto que incumple los límites de lo que corresponde a las administraciones en el cumplimiento de la norma», ha precisado la ministra, cuyo departamento informó este lunes de que la Abogacía del Estado ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por la «ocupación ilegal» de los terrenos del Puerto de Navacerrada.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico han informado de que la Abogacía del Estado ha ampliado la solicitud de medidas cautelares a provisionalísimas para que se adopten de manera inmediata.
Además, el Ministerio acusó el lunes al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir «deliberadamente» el esquema de reparto de competencias, después de que este anunciase que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, que se sitúa entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, continuará prestando su actividad gracias a la decisión de la Junta.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León «es la competente para declarar el cierre» por lo que ellos han considerado «que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar» dicho cierre.
«Va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas», aseguró Manueco.
