El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) para defender su acta de diputado, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya acordado la retirada de su escaño, y los servicios jurídicos de la Cámara también presentarán un recurso.
Lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara catalana este viernes, junto con la presidenta del Parlament, Laura Borràs; los miembros independentistas de la Mesa Alba Vergés, Rubén Wagensberg (ERC), Aurora Madaula (Junts), y el diputado de los comuns Lucas Ferro.
El diputado anticapitalista, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, ha asegurado que agotarán todas las vías legales, y ha destacado la «firmeza de la presidenta del Parlament» en defensa de su escaño.
Juvillà no ha aclarado si presentarán medidas cautelares o cautelarísimas, y ha insistido en que se acoge al dictamen que aprobó el Parlament el 17 de diciembre –con el apoyo de 113 diputados del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns– que acordaba que ningún miembro electo podía perder su condición de diputado sin una sentencia firme.
Pese a que el dictamen contó con el apoyo de los socialistas, este viernes no había ningún representante del PSC en la rueda de prensa, y Juvillà ha asegurado que prevalece el dictamen del 17 de diciembre y entiende que «el PSC está en la defensa de la soberanía del Parlament», ya que la situación no ha cambiado y ahora tampoco hay una sentencia firme.
Ha pedido ampliar el foco de este caso: «Somos más de 4.000 personas represaliadas por el proceso de autodeterminación. La única voluntad del Estado es eliminar la disidencia política», tras lo que ha mencionado los casos de la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, del expresidente del Govern Quim Torra, así como de otros miembros de la Mesa implicados en casos judiciales.
«SUSPENSIÓN DEMOCRÁTICA»
Para Juvillà, el hecho de que se inhabilite a cargos elegidos democráticamente por mantener lazos amarillos, como le ha ocurrido a él, evidencia «la suspensión democrática» del Estado, y ha pedido que no se normalice esta situación, que considera un ataque a la libertad de expresión y a los derechos políticos fundamentales.
«Comparecemos juntos, unidos y firmes contra la represión», ha sostenido el diputado ‘cupaire’, que ha dicho que quieren dar una respuesta clara y conjunta al acuerdo de la JEC.
Preguntado sobre la presentación de medidas cautelares o cautelarísimas, Juvillà ha respondido que hay un equipo de juristas trabajando en ello y que se agotarán «todas las vías jurídicas previstas en el reglamento», y ha reconocido que desconoce cuáles son porque él es biólogo, no jurista.
«Mi caso se pone a disposición de una lucha colectiva. Haremos lo que sea mejor en cada caso para avanzar colectivamente», ha reiterado el diputado, que ha añadido que el Estado está constantemente innovando en sus estrategias jurídicas y considera que se harían un flaco favor a sí mismos si avanzasen las suyas.
Al preguntársele si descarta desobedecer si el Supremo avala el acuerdo de la JEC de retirarle el acta, Juvillà ha afirmado: «Ni nos aferramos ni renunciamos a nada», y ha repetido que utilizarán la mejor estrategia posible para mantener la cohesión y hacer de esta causa una herramienta para denunciar la represión que, según él, está ejerciendo el Estado.
El diputado ha afirmado que no tiene «mucha confianza en la justicia española», al ser preguntado por si cree que su caso acabará de una manera diferente que el de Torra, que fue inhabilitado por desobediencia, y ha recordado que en su caso se trataba de una campaña electoral a unos comicios a los que su formación no se presentaba.
