El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado no prorrogar el plazo de instrucción de la pieza 9 de ‘Púnica’, donde se investiga si existió una ‘caja b’ en el PP de Madrid, al considerar «las diligencias practicadas suficientes» y que «ninguna de las peticiones» de ampliación «supera el tamiz del empleo de argumentaciones potenciales o futuribles», con lo que la investigación se dará por finalizada el día 29 de este mismo mes.
Así se desprende del auto fechado este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 incide en que en las solicitudes de prórroga planteadas no se razonan de modo suficiente los motivos que justifiquen» esa ampliación. La Fiscalía Anticorrupción ya informó al propio García-Castellón que no interesarían nuevas prórrogas en la pieza separada, cuya fase de investigación daban concluida.
Para razonar su decisión, el magistrado analiza las solicitudes de ampliación presentadas, entre otros, por la Comunidad de Madrid o por la acusación popular de Adade –que representa al PSOE–, «aunque recuerda que «la mayor parte de los escritos presentados muestran su oposición a la prórroga de la instrucción».
En lo relativo precisamente a Adade, que solicitó la prórroga el pasado 16 de enero, el juez deja claro que «la excesiva prolongación de la presente instrucción no puede ser ampliada con base en unas alusiones tan vagas, genéricas e indiscriminadas como las contenidas en dicha petición».
«UN SIMPLE VOLUNTARISMO» DEL EXALCALDE DE MAJADAHONDA
En la misma, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa ponía el foco en la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y en la «voluntad de cooperar» expresada por el que fuera regidor.
Sin embargo, el magistrado deja claro que «el escrito no indica, más allá de meras sospechas y acusaciones genéricas, la necesidad de las concretas diligencias a practicar, ni las enumera, precisa ni detalla, más allá de un simple voluntarismo en la supuesta voluntad de cooperar del señor Ortega».
Adade también se oponía a la conclusión de la instrucción asegurando que tampoco se había recibido el informe UCO que contiene el examen sobre si algunas de las facturas que aportó Ortega aparecen en la documentación facilitada por la Comunidad Autónoma de Madrid en los legajos del Juzgado o en alguna de las 14 cajas con documentación que recibió tras el requerimiento interesado por el escrito del Ministerio Fiscal.
Pero, por el contrario, García-Castellón considera que «deben ser desechadas las alusiones a la recepción del informe de la UCO, toda vez que en la causa ya constan los elementos esenciales para formular un juicio indiciario a propósito de los múltiples hechos investigados».
Por otro lado, y en alusión al escrito presentado por Jaime Cantos en el que se solicitaba la práctica de nuevas diligencias relacionadas con Lata Latina SL, el juez asegura que «no ha lugar» a la celebración de las mismas en tanto que «no se trata de diligencias pertinentes». «Son diligencias innecesarias, que desbordan el objeto de este procedimiento con cuestiones accesorias, y que no resultan esenciales para el buen fin de la instrucción máxime si, como hemos señalado, ya consta de modo expreso la sentencia», argumenta.
En cuanto a otra de las solicitudes de prórroga, en la que se interesaba que se tomase declaración a Jesús Gil Pérez, el juez recuerda «que en fase de instrucción no tienen que practicarse todas y cada una de las diligencias solicitadas por las partes, sino que únicamente se adoptarán las que se reputen necesarias, pertinentes y útiles al buen fin de la investigación».
«En este sentido, nos remitimos a los fines de la instrucción, que han de ser conjugados con el carácter añejo de esta investigación, ya recordado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en distintas resoluciones. Por lo tanto, ha de agilizarse la presente fase, en orden a que se cumplan sus cometidos y en aras de evitar demoras innecesarias», justifica García-Castellón.
Por último, y en relación con las peticiones de sobreseimiento que se realizan en varios de los escritos, el juez da una respuesta conjunta señalando que «no procede acordar ningún sobreseimiento, sin perjuicio de que dicha decisión se adopte al hilo del dictado del auto de transformación en diligencias de procedimiento abreviado, o en otro momento procesal oportuno».
LA SITUACIÓN DE AGUIRRE
En esta pieza se encuentran imputados, entre otros, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El juez argumentó su imputación asegurando que la investigación arrojaba «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba».
Decía además que era «la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». «Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», apuntaba en 2019.
Según exponía el magistrado, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 los dirigentes ‘populares’ «fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros».
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP DE MADRID
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto el magistrado intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las indagaciones arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En un primer momento, en 2014, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
