El conflicto entre taxistas y dueños de licencias VTC es algo que viene de lejos. Uber llegó a España en 2014 con un servicio llamado UberPop, el modelo de negocio del servicio con el que también opera fuera de UE. Una asociación de taxistas lo llevó a los tribunales y Uber fue suspendido por juez por recurrir a conductores sin licencia, algo que, según la normativa española, es ilegal.
Después llegó UberX, que usa licencias de vehículo de turismo con conductor, la misma que usaban los coches con chófer privado. La empresa Cabify también usa licencia VTC e igualmente fue llevada a los tribunales por competencia desleal, aunque ellos se defienden asegurando que operan como una agencia de viajes, como simples intermediarios entre viajeros y conductores.
LUCHA ENTRE TAXIS Y VTC
En 2018 el ministerio de Fomento aprobó un real decreto para ceder la competencia estatal sobre la regulación de vehículos de transporte con conductor (VTC) a las comunidades autónomas, con una moratoria de cuatro años para proporcionar un margen de a adaptación a la exigencia de un vehículo VTC por cada 30 taxis.
Los taxistas reivindican precisamente, que se mantenga el cumplimiento de esta norma y que estos conductores no puedan recoger viajeros en paradas de taxis, en las cercanías de estaciones, ni en eventos como conciertos o partidos de futbol.
