La política del desprestigio. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, cree que puede utilizar las instituciones públicas a su antojo y beneficio, usándolas para sus planes y fines. Las instituciones sirven para llevar a cabo un servicio público, pero parece que si tiene que realizar acciones contrarias a las opiniones de Sánchez se muestran impasibles. Y es que, el líder del Ejecutivo ha impuesto la política del desprestigio de todos los organismos por los que pasa, todo ello con el mismo objetivo: conseguir sus fines, aunque para ello tenga dañar y vulnerar la credibilidad de las instituciones públicas. Así, las últimas perjudicadas han sido el Congreso de los Diputados con la reforma laboral y Defensor del Pueblo, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las agresiones entre bandas que han tenido lugar el pasado fin de semana en Madrid. Sin embargo, esta institución sí que ha actuado frente a otros hechos similares a este en el pasado.
El pasado fin de semana murieron dos jóvenes apuñalados, uno de 25 años, cuyo asesinato se produjo en Usera y otro 15 años en Atocha. Por lo que se ha podido conocer, ambos asesinatos se han producido como resultado de una pelea entre bandas. Además, la policía ya ha detenido a dos presuntos implicados en el asesinatos que tuvo lugar en el barrio madrileño, mientras que continúan indagando sobre lo ocurrido en el centro de la capital. Aunque en ambos casos los agentes ponen el foco en el mismo lugar, las bandas callejeras. Estos hechos son competencia del Ministerio de Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, y la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dirigido por Mercedes González Fernández. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, liderado por Ángel Gabilondo, y que es la institución que se encarga de supervisar la actividad de las Administraciones Públicas, no se ha pronunciado al respecto. Y es que, da la tremenda casualidad de que los tres organismos pertenecen al PSOE, una cuestión que cabe destacar, ya que la institución que lidera Gabilondo sí ha actuado ante hechos similares que han tenido lugar en el pasado, eso si, contra administraciones dirigidas por otros partidos.
Pedro sánchez instaura la política del desprestigio para conseguir sus fines
El pasado 4 de febrero el departamento de Ángel Gabilondo abrió una investigación para estudiar las incidencias del centro de salud de Ciempozuelos. Asimismo, el pasado 1 del mismo mes tanto el alcalde de Fuenlabrada como de Pinto revelaron su intención de llevar ante el Defensor del Pueblo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la saturación en los centros de atención primaria. Además, el 4 de enero Gabilondo y su equipo abrieron una investigación sobre un caso de violencia vicaria tras el asesinato de una niña en Madrid. Tan solo un día antes, solicitaron información a la consejera la Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, sobre la situación de las menores liberadas de una trama de proxenetas dedicados a la explotación sexual. Este mismo día, el departamento de Gabilondo también admitió la queja de los sindicatos por la inestabilidad de los profesionales de refuerzo Covid-19.
Por otra parte, durante la recta final del año 2021 también llevaron a cabo actividades para la supervisión de las tareas realizadas desde las administraciones públicas. Así, el Defensor del Pueblo avisó a la Comunidad de Madrid que la situación en Cañada Real tenía «dimensiones de emergencia humanitaria» y les instaba a tomar las medidas necesarias para resolver la falta de suministro eléctrico en dicha zona. Esta petición ya había sido formulada por el departamento de Gabilondo en 21 de diciembre. Toda una batería de actuación en las que cuestionaba las actuaciones de las entidades públicas, en especial las de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, pero solo si no afectan al Gobierno de Sánchez, que parece «intocable». Así, como si de su marioneta se tratara, menosprecia y desprestigia la labor del Defensor del Pueblo, o mejor dicho del «Defensor de Sánchez», para que no le salpique la última noticia sobre las reyertas callejas. Que no le afecte a él ni a los suyos, es decir, a Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González Fernández.
Aunque esta no es la única vez que ha ninguneado los organismos públicos. Durante la semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno y, en especial, por la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un error de un diputado del PP y una cacicada de Meritxell Batet (PSC) han sido los artífices de que el Congreso haya aprobado la nueva reforma laboral. La nueva medida aún entrando en vigor, podría ser declarada nula por las formas utilizadas por la presidenta del Congreso. Así, Sánchez consiguió lo que quería, aprobar su reforma aunque eso le contara su prestigio a una institución histórica como es el Congreso de los Diputados. Aunque esta no es la única vez que la Cámara Baja ha sido utilizada para servir a los fines del presidente. Pasó con los dos estados de alarma, declarados inconstitucionales, también el impuesto de Plusvalía e incluso el modelo 720 -declaración de bienes en el exterior- de Hacienda. Un suma y sigue que cosecha el Ejecutivo socialista.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también ha sufrido en sus propias carne el peso de Sánchez con las últimas encuestas sobre las elecciones de Castilla y León. El organismo que dirige José Feliz Tezanos ha dado la victoria al PSOE. Toda una sorpresa ya que ha sido la única vez y la única institución que ha sido a PSOE a la cabeza, unos datos que resultan sumamente raros ya que también dado que ningún punto, desde que el presidente de la comunidad castellanoleonesa disolviera las Cortes y anunciara elecciones, se había pronosticado al grupo socialista como ganador. De nuevo la figura de Sánchez ha jugado de las suya menoscabando la credibilidad de un organismo como es del CIS. De nuevo se impone la política del desprestigio. Por parte parte, el presidente del Gobierno también consiguió imponer su autoridad en la mismísima Casa Real. El pasado 2 de febrero, Pedro Sánchez viajó a Dubái para acudir al Día de España en la exposición universal que se celebraba en dicha ciudad. En un primer momento, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que fuera el propio Rey de España Felipe VI quien acudiera al acto. Esta cuestión fue rápidamente descartada por el Gobierno ante la posibilidad de que se reuniera con su padre. Es decir, Sánchez impidió a un hijo ver a su padre.
Estos son los puntos hasta los que lleva el presidente del Gobierno con tal de conseguir sus fines y sus planes. Sánchez ha instaurado la política del desprestigio de la instituciones públicas como norma general, cuyas actuaciones ya están a la orden del día como estrategia política del Ejecutivo para conseguir lo que buscan aunque con ello arrasen todo a su paso. Vulneración, ninguneo y menosprecio a los organismos que prestan servicios públicos. El Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo, el CIS y hasta la Casa Real han experimentado en primera persona el peso de Sánchez y de su nueva política estrella: la del desprestigio.
