Las recomendaciones del Congreso para reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores pasarán este miércoles su primer examen parlamentario con la votación a puerta cerrada del informe correspondiente en la subcomisión a la que se encomendó esta tarea en 2020.
Este órgano, que está coordinado por el presidente de la Comisión de Calidad Democrática y líder de Más País, Íñigo Errejón, tiene previsto aprobar sus sugerencias para que pasen a discutirse el 6 de abril, ya en sesión pública, en la pleno de la comisión. Después el dictamen resultante se elevará al Pleno del Congreso.
El informe, de 32 páginas, consta de siete apartados y en él se han incorporado ya las enmiendas pactadas en la fase de subcomisión. En este proceso se han cerrado numerosas transaccionales entre distintos grupos y se han introduciendo mejoras de casi todos ellos.
Desde el PP se congratulan de haber logrado ‘modular’ en distintos aspectos el borrador original, que fue fruto de un acuerdo entre el PSOE y Más País. Por eso, el primer partido de la oposición no descarta abstenerse en la votación del miércoles, si bien mantendrá vivas muchas de sus enmiendas para intentar seguir alcanzado acuerdos en la comisión.
También Ciudadanos ha conseguido meter algunas de sus sugerencias en el informe, pero no las suficientes, por lo que la formación naranja votará en contra del texto y presentará una propuesta alternativa a modo de voto particular.
No obstante, no se prevén problemas para la subcomisión apruebe el informe con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Más País y algunos de sus socios parlamentarios. ERC de debate entre el sí y la abstención, mientras que el PNV ha adelantado que no lo va a respaldar.
BANCO DE ESPAÑA
En principio, las recomendaciones afectarían a siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Es decir, quedaría fuera el Banco de España. El informe resalta que el supervisor tiene su propia singularidad, pero se aprobó una enmienda de Más País que abría la puerta a que se le aplicaran también las recomendaciones de criterios y buenas prácticas que se plantean para los demás.
Pero el cambio más sustancial que sufrió el primer borrador durante la discusión en la subcomisión llegó de la mano del PSOE, que renunció a la principal propuesta de modificación legislativa que había puesto sobre la mesa y que afectaba al método de elección de los máximos responsables de estas autoridades.
Inicialmente los socialistas plantearon unificar en una normativa general el sistema de elección, de modo que los responsables de todos los órganos surgieran de una convocatoria pública convocada por el Gobierno, como ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDE). Sin embargo, el PSOE se autoenmendó y finalmente se suprimió del borrador esa unificación legislativa que había contado con la oposición del PP.
Así, el Congreso apuesta por no modificar el sistema vigente para cada una de estas entidades, de manera que siga siendo el Gobierno el que promueva a los candidatos. Pero también demanda que se afinen más los «requisitos específicos» que se exigen para cada puesto, detallando «los méritos concretos con los que deben contar los aspirantes».
Además, se han incluido apostillas para subrayar que se debe «preservar la profesionalidad y excelencia técnica» de los nombramientos, que éstos no estén «basados en criterios partidistas» y que, tanto a la hora de proponer como de seleccionar candidaturas, se respete la paridad.
COMISIÓN NOMBRAMIENTOS
Aunque la idea es que el Gobierno continúe proponiendo los candidatos, el informe aboga por reforzar el papel del Congreso en el proceso para la elección de todos ellos. En concreto, con la creación de un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos, pero «reforzada». En la actualidad, con carácter general es la comisión parlamentaria del ramo correspondiente la que examina a los aspirantes y así debe seguir siendo en opinión de formaciones como el PP, Cs y el PNV.
La Comisión de Nombramientos reforzada que defienden PSOE, Unidas Podemos y Más País, debería tener capacidad de hacer comparecencias más parecidas a las de sistemas democráticos, como Estados Unidos, «donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección».
Además, el texto que se aprobará el miércoles recoge que la aprobación del informe de idoneidad de los candidatos se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».
Los grupos sí comparten la conveniencia de reforzar el papel del Congreso en el seguimiento de las labores de las autoridades independientes, una tarea que se encomendaría también a esa Comisión de Nombramientos. Habría que aumentar el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y hacerlas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas.
También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.
MANDATOS DE SEIS AÑOS
Los distintos partidos también coinciden en que hay que homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de forma que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsables. En concreto, sugieren mandatos de seis años.
Por otra parte, se apuesta por mantener el régimen de incompatibilidades que rige para de estos altos cargos: dedicación exclusiva, declaración exhaustiva de cualquier elemento que pueda generar conflicto de intereses y no poder ejercer profesionalmente en el sector sobre el que se han tomado decisiones los dos años posteriores al abandono del cargo.
El texto también deja claro que la pertenencia a un partido político no puede ser, en ningún caso, causa de incompatibilidad y, aunque Ciudadanos y Vox intentaron limitar el acceso a quienes tengan cargos orgánicos en partidos o hayan ejercido cargos de confianza en el ámbito público, no lo lograron.
LAS PUERTAS GIRATORIAS NO SE CIERRAN, PERO HABRÁ MÁS TRANSPARENCIA
Tampoco Unidas Podemos consiguió prohibir que recalen empresas del sector quienes antes lo regularon. Al final, sólo se contemplan medidas adicionales para aumentar las obligaciones de transparencia de las empresas que les contraten de forma que tengan que informar de qué van a hacer y qué contratos tienen.
En el ámbito de la organización de estas entidades se defiende una dotación presupuestaria suficiente y que puedan ampliar su autonomía financiera, de manera que, aunque sigan dependiendo de las cuentas públicas, puedan decidir pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda.
Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de estas entidades y el de la Administración General del Estado y entre las propias autoridades entre sí, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios.
