La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha asegurado que la investigación al Rey emérito Juan Carlos I es histórica y que la Fiscalía la ha realizado con rigor, profesionalidad, «sin cortapisas y sin limitaciones», hasta las últimas consecuencias fácticas y jurídicas.
«Seguramente hay gente que piensa que podíamos haber hecho más pero esta es la ley. Nos puede gustar más o menos, se puede cambiar o no, pero esa no es nuestra función», ha dicho en una entrevista en ‘La Vanguardia’.
Preguntada por si la Fiscalía española ha sido demasiado indulgente, después de que la justicia británica haya mantenido un proceso abierto al rey emérito, ha respondido que cada país tiene su legislación, sus normas y su historia, y que el Reino Unido «tiene otra con distinta proyección sobre los exjefes de Estado para determinados delitos».
«Los poderes públicos nos debemos a la soberanía popular porque estamos al servicio de la sociedad. Nosotros tenemos esta legislación. ¿Se puede cambiar? Seguro ¿Se puede mejorar? Seguro ¿se puede mantener? Seguro», ha añadido.
Ha defendido que hay resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han «marcado la interpretación sobre la inviolabilidad» del emérito, y asegura que si en un futuro los representantes de la soberanía popular proponen otro marco normativo, se aplicará.
DICE QUE SUFRE UN «HOSTIGAMIENTO» NO VISTO HASTA AHORA
Delgado ha dicho que ha tenido oposición política dentro de la propia Fiscalía y que sufre «un nivel de hostigamiento que no se había dado hasta ahora con ningún fiscal general del Estado», aunque destaca que se siente orgullosa de su tarea en temas, dice, de gran trascendencia histórica.
Ha explicado que la introducción de una enmienda para que una vez acabe su mandato pueda ser fiscal de Sala es una exigencia de Europa para «blindar a los fiscales de presiones externas o internas» y que permite una mejor prestación del servicio público de la justicia.
GUERRA EN UCRANIA
A la pregunta de si ve avances en las diligencias abiertas para recabar información sobre la guerra de Ucrania, ha respondido que ahora es momento de recabar pruebas con vídeos y testimonios, como recuerda que se hizo con Afganistán: «Tuve la oportunidad de contribuir a que saliese del país el fiscal general afgano. Ya me ha valido la pena ser fiscal general del Estado solo por eso», ha añadido.
Sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, podría verse acusado por crímenes de guerra, ha dicho que «seguramente la opción es un tribunal ad hoc» y ha abogado por la cooperación de los sistemas judiciales para poner a disposición de quien esté en condiciones del enjuiciamiento todo el acervo y el material probatorio, aunque dice que no se atreve a poner nombre y apellidos.
