Los opositores denuncian a Montero ante la Comisión Europea por su ‘chapucera’ ley de interinos

La Ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha sido denunciada ante la Comisión Europea por un grupo de opositores y funcionarios que tratan de frenar la ley de reducción de la temporalidad que prepara su departamento. Los vocales de este colectivo, organizados dentro de la Asociación Defensa Turno Libre, han presentado una denuncia ante la Representación de la Comisión Europea en España para tratar de frenar las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que pretenden implantar desde Hacienda. Esta denuncia trata de evitar que los interinos tengan más ventajas para acceder a una plaza de funcionario en detrimento de los aspirantes.

Los denunciantes consideran que este nuevo texto legislativo vulnera la Constitución Española. En concreto, la Asociación Defensa Turno Libre cree que se está incumpliendo la directiva 1999/70/CE. Y es que según la plataforma, la ley propuesta por María Jesús Montero «pone de manifiesto la vulneración de los derechos de cientos de miles de opositores que, debido a la aplicación de dicha Ley 20/2021, van a ver sus posibilidades de acceso a la función pública seriamente mermadas, y en algunos casos imposibilitadas al igual que la promoción interna y los concursos de traslados de los funcionarios de carrera».

No obstante, desde la plataforma reconocen que existe un problema de temporalidad dentro del sector público. Y es que, en algunas Comunidades Autónomas, el porcentaje de interinos llega a superar el 20%. Cabe destacar que la profesión docente es la que tiene mayor número de interinos sin estabilizar. Es por ello que los Tribunales Europeos alertaron a España del elevado número de interinos con los que cuenta el sector público y han pedido que estos obtengan su plaza de funcionario.

Pero la ley para tratar de reducir la temporalidad desata ampollas entre opositores y algunos funcionarios del erario público. La Asociación Defensa Turno Libre considera que la reforma en las formas de acceso a la función pública «vulneran directamente en su aplicación el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y varios preceptos constitucionales, entre ellos los artículos 23.2, 103.3 de la Constitución Española, así como indirectamente los artículos 1.1, 9.3 y 86.1 de la Constitución Española».

De este modo, la plataforma ha decidido llevar este asunto a los tribunales europeos. El objetivo es denunciar ante la Comisión Europea la merma de posibilidades en el acceso a las plazas de la función pública por parte de los aspirantes que no cuentan con una interinidad a sus espaldas. Considerando que este texto legislativo es contrario a la ley, la Asociación Defensa Turno Libre ha decidido dejar en mano de los jueces el asunto.

la Asociación Defensa Turno Libre ha decidido dejar en mano de los jueces el asunto

«La nueva ley es anticonstitucional ya que no garantiza los criterios de mérito, igualdad y capacidad. Los opositores no tenemos ninguna oportunidad para sacar plaza ya que las vacantes de funcionario serán cubiertas con interinos de larga duración en vez de ocuparse a través de la oposición. Se están cargando el sistema de oposiciones y van a regalar las plazas de funcionarios a profesores por antigüedad que llevan años sin estudiar«, denunciaba el representante de la plataforma en ‘Defensa por el Turno Libre’, Andrés Martínez a MONCLOA.com el pasado enero. Y es que en la nueva ley está previsto un concurso de méritos para que los interinos de larga duración obtengan su plaza sin necesidad de pasar por un tribunal examinador.

No obstante, lejos de tratar de complacer a este colectivo, el ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España sigue excusándose en las directrices europeas. La amenaza de un expediente sancionador por parte de la Unión Europea por no estabilizar a los interinos ha hecho que el departamento ministerial de Montero haya tomado la decisión de dar luz verde a esta ley.

Aunque por fin el Gobierno de España se ponga manos a la obra para reducir el problema de interinidad que existe en la Administración pública, lo ha hecho perjudicando a los nuevos aspirantes a la función pública. Tras años sin sacar la totalidad de las plazas de funcionario, los interinos han llenado las vacantes de la administración y algunos de ellos llevan años en dichos puestos sin haber formalizado su plaza. Esta situación en la que se encuentran los interinos de larga duración ha sido denunciada por los Tribunales Europeos que han obligado al Gobierno de España a estabilizar a este colectivo. Para ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, terminó el año poniendo en vigor la ley 20/2021 en la que se especifican medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, esta ley ha sido denunciada ante la Comisión Europea por una plataforma que lucha por los derechos de igualdad, mérito y capacidad a la hora de acceder a un puesto de funcionario.