Se supone que el sistema de administración de justicia es absolutamente igual para todos y que la justicia es ciega, pero económica, definitivamente no es. La realidad es que para quienes tienen hasta seis años, o más, esperando obtener la nacionalidad española, la probabilidad de agilizar el proceso, retrasado por la falta de personal dentro del Ministerio de Justicia, dependerá de las posibilidades que tengan de pagar un abogado, que introduzca un recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional que, dependiendo del despacho elegido, puede llegar a significar un desembolso de hasta 3.000 euros.
Esta situación expone la gran desigualdad que existe en el sistema de justicia, pues solo podrán agilizar los casos aquellas personas que cuenten con los recursos económicos para poder contratar los servicios profesionales de un abogado, que gestione la diligencia ante la Audiencia Nacional.
Existen despachos de abogados que han conseguido en esta falla del Ministerio de Justicia un negocio que les genera grandes ganancias, pues garantizan que después de esperar tres o cuatro años, son capaces de tener una respuesta satisfactoria en apenas tres meses.
La razón por la que esta es la vía más expedita para agilizar el proceso de obtención de la nacionalidad española, es porque al acudir ante la Audiencia Nacional, el recurso contencioso administrativo sirve para ponerle fin a la vía administrativa del procedimiento, es decir, el organismo está obligado a dar una respuesta en un plazo máximo de dos meses, lo cual significa que si una persona lleva tres o cuatro años esperando que el Ministerio de Justicia responda a su solicitud, mediante el recurso puede acortar este tiempo y en dos meses ya tendrá la nacionalidad.
Lo «normal», es que el trámite tome entre uno y tres años, según lo que explican los abogados expertos en el tema, pero hay personas que tienen hasta seis años esperando una respuesta por parte del organismo, sin ni siquiera poder hacer un seguimiento, porque la única manera de obtener información es a través de la gestión, que obligatoriamente debe ser ejecutada por un abogado ante la Audiencia Nacional, lo que a todas luces es un acto discriminatorio para quienes no cuentan con los medios económicos para hacerlo.
¿A qué se debe esta situación? Todo forma parte de un círculo vicioso que comienza desde el mismo momento en el que se introduce la solicitud para obtener la nacionalidad española. Lo que sucede es que muchas de las personas cuyos trámites fueron introducidos a través de las oficinas de Registros, en 2016 o antes, no cuentan con un número de expediente que les permita hacer seguimiento de sus casos, porque aunque entonces ya se podía hacer de manera telemática, existía desde siempre la opción de hacerlo presencialmente.
El detalle está en que cuando el trámite se inicia por vía telemática, automáticamente las personas obtienen un número de expediente que les permite hacer seguimiento de su caso dentro del Ministerio de Justicia. El caos interno dentro de Subdirección General de Nacionalidad, que a su vez depende directamente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha hecho que no exista un sistema que permita abordar, de manera efectiva y ordenada, los expedientes más antiguos, pues cuando tratan de «agilizar» el tema, tramitan los expedientes de los años más recientes.
Desde el organismo, excusan el retraso con la falta de personal, pues en años anteriores han tenido que implementar planes de choque para medio acelerar los procesos, pero aún así, a finales de 2021 todavía quedaban 225.325 expedientes por resolver; la mayoría, de vieja data, porque con los planes de atención lo que hacen es tratar de resolver los expedientes que tienen menos tiempo dentro de la institución y esto hace que vayan quedando rezagados los más antiguos.
El último plan de choque impulsado por el Ministerio de Justicia comenzó en marzo de 2021 y culminó en noviembre. Durante ese tiempo lograron resolver 163.946 expedientes de los que estaban pendientes. En este operativo el organismo contrató temporalmente a 166 funcionarios que tenían la responsabilidad absoluta de agilizar la revisión de los expedientes para que se pudieran otorgar las nacionalidades, pero lo contradictorio es que, de acuerdo con los registros del propio ministerio, en 2021 solo fueron procesados el 1,5 % de las solicitudes que introdujeron.
El informe del organismo indica que el año pasado fueron recibidas 153.774 solicitudes a través del Consejo General de Notariado, mientras que directamente por la Dirección General de Seguridad de Seguridad Jurídica y Fe Pública fueron admitidos 78.513 expedientes, de los cuales todavía quedaban por resolver (hasta finales de 2021) 34.845 casos.
