Todo el mundo ya conoce, aunque sea por referencia, el por qué los venezolanos han salido, en masa, a buscar refugio en muchos países, mientras desde la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela intentan desmentir que el éxodo continua y que, año tras años, se multiplica. España, que es uno de las países que más venezolanos ha recibido, ha concedido 95.983 residencias temporal por razones humanitarias, desde que se creó esta opción, en marzo de 2019, de acuerdo con los registros del Ministerio del Interior.
Esta figura legal, impulsada por las autoridades españolas, surgió como una alternativa para regularizar la situación de todas las personas del país suramericano que llegaban a la península, solicitaban protección internacional -asilo-, y les era denegada. Para el momento en el que se anunció, era para todos aquellos que tenían resoluciones denegadas desde el 1 de enero de 2014, hasta los expedientes de febrero de 2019.
La realidad es que, si bien es cierto que muchos de los que llegan al país lo hacen con ciertos medios para mantenerse mientras logran incorporarse al mercado laboral, otros llegan directamente a solicitar ayuda en las organizaciones de Estado español y terminan en los refugios temporales que les ofrecen una estadía temporal y las condiciones mínimas de subsistencia, mientras logran estabilizarse. Estas organizaciones además se apoyan de otras como Caritas o la Cruz Roja, que también apoyan a quienes piden refugio en el país, con donativos de alimentos, ropa, medicamentos y artículos de primera necesidad, lo que hace, que la llegada de estas personas a España no sea tan precaria.
En estos refugios los venezolanos deben compartir con migrantes de otras nacionalidades que también llegan a la península en busca de apoyo de las autoridades españolas, huyendo de otros países con conflictos políticos tan o más complejos que el venezolano; en su mayoría migrantes africanos, de países árabes y más recientemente procedentes de Ucrania.
La solución de la residencia por razones humanitarias fue anunciada con base en la Ley 12/2009, en su artículo 46, numeral 3, que regula el derecho al asilo y la protección subsidiaria. Las personas que son beneficiadas con esta medida, en su resolución se expresa claramente que la decisión está basada en el artículo 37b de la misma ley, que establece que en caso de denegarse la solicitud de la protección internacional la persona debe salir de España, salvo que se autorice su permanencia en el país por razones humanitarias.
Para el momento en que esta solución se anunció, para atender a la gran cantidad de venezolanos que esperaban por regularizar su situación en España, expertos en materia migratoria señalaban que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder este tipo de residencia era para no reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo a partir de 2017, cuando el volumen de personas que abandonó el país e multiplicó.
La realidad es que con el pasar de los años son cada vez más los venezolanos que eligen España para convertirlo en su nuevo hogar, pues hasta los momentos hay al menos 440.000 viviendo en el país; de hecho, en Madrid ya son la comunidad extranjera con la mayor cantidad de habitantes, con 130.724.
Según la Agencia para los Refugiados de la Organización para las Naciones Unidas (ACNUR), hay 6 millones de venezolanos fuera de su país, la mayoría de ellos en países de América Latina y el Caribe, pero España en el caso de España, es el país fuera del continente americano que más migrantes venezolanos ha recibido.
El proceso, que inicia con la solicitud de protección internacional, puede tardar entre nueve meses y dos años, debido al gran volumen de solicitudes que procesa el Ministerio del Interior. Solo cuando llegó al despacho el ministro Fernando Grande – Marlaska se impulsó un plan de choque con 260 funcionarios que intentaron agilizar el proceso, pero que luego de unos meses se paralizó.
El principal beneficio que este tipo de residencia le ofrece a los venezolanos, es la posibilidad de permanecer, legalmente en España, con permiso para trabajar y con la capacidad de renovarlo cada año, lo que les permite a estos ciudadanos optar por la nacionalidad española, después de los dos años de residencia legal.
