El Reino de España fue denunciado ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas debido a las dificultades para acceder al sistema de citas para presentar la solicitud de protección internacional (asilo) que afecta a miles de inmigrantes que llegaron al país a principio de año y que no han podido hacer las gestiones ante las autoridades españolas.
La denuncia fue hecha por el abogado Salvador Pimentel, conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en representación de un grupo de ciudadanos venezolanos que se han visto afectados por la situación, pues de acuerdo con la legislación española, las personas que deseen solicitar protección internacional en España, deben hacerlo durante los primeros 30 días de estadía en el país, para que de esta manera el Estado español brinde la protección necesaria y ofrezca las garantías para que estas personas no sean devueltas a su país de origen.
La situación se ha agravado durante los últimos meses, debido a la poca cantidad de citas que ofrecen las autoridades españolas que tienen a su cargo esta labor, pero además, se ha hecho peor debido a la existencia de mafias de piratas informáticos que acaparan las citas, mediante la instalación de bots, para posteriormente venderlas a los migrantes interesados por precios que oscilan entre los 50 y los 120 euros, y que puede llegar a los 400 euros en el caso de que el extranjero desee que su cita sea en una comisaría de la policía en particular.
«Mi queja fue presentada en nombre de un grupo de venezolanos que sé que están afectados, al final, en el momento en que España deba tomar medidas al respecto, beneficiará a todos los extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular, debido al retraso que hay», explicó el jurista en una conversación con este medio.
Según el Ministerio del Interior, durante el los primeros cinco meses de 2022, la Oficina de Asilo y refugio ha gestionado 46.871 expedientes, de los cuales 18.879 corresponden a venezolanos, pero esta cifra refleja solo a las personas que han podido acceder al sistema de citas, pues hasta que esto no sucede, el extranjero permanece en el país de manera irregular y no aparece en los registros oficiales.
De acuerdo con lo explicado por el abogado Pimentel en el documento que fue enviado a la oficina de Michelle Bachelet, en Suiza, se describe la situación de irregularidad con el sistema de solicitud de citas para pedir asilo y cómo se ha agravado desde febrero del presente año, que coincidió justo con la llegada al país de los desplazados ucranianos que han venido a España a consecuencia de la invasión rusa a ese país.
Esta situación, además de ser una clara violación a los derechos humanos de las personas que desean solicitar asilo, los pone en una situación de vulnerabilidad que les impide, además, integrarse con normalidad en la sociedad, pues al no tener una situación legal clara, se les dificultan gestiones tan básicas que van desde abrir una cuenta bancaria, tener acceso a la salud, a la educación y al trabajo, porque para que tengan acceso al trabajo deben haber transcurrido 180 días desde que se formaliza la solicitud ante las comisarías de la Policía Nacional.
«Las condiciones del migrante generalmente son precarias, más aún cuando se trata de
exiliados que aspiran que se les reconozca como refugiados. España ha cercenado sus derechos intempestivamente, privó a los exiliados de sus derechos y no ha admitido queja alguna así como tampoco responde a las solicitudes o preguntas vía mail y los teléfonos están desconectados. Se trata de una situación que expone a muchas personas y les acerca a la exclusión social, muy contrario a lo que el Gobierno pregona y además ilegal además de violar los derechos humanos», expresó el jurista en el documento que fue presentado ante la ONU.
En este caso, lo que procede es que el Reino de España presente sus alegatos, pues ya han sido notificados de la denuncia presentada y hasta entonces será que se tomen acciones que puedan ayudar a mejorar la situación y se agilice la atención de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que hayan llegado al país con la intención de solicitar protección internacional.
En el documento de la denuncia que fue presentada ante la ONU, el abogado insta a las autoridades españolas a garantizar la vigencia de los derechos humanos y advierte que durante los últimos años se ha ido cerrando el mecanismo para que los inmigrantes puedan acceder al sistema de citas, que en la actualidad solo se puede hacer vía telemática, a través de una página web y que para el colmo de los males, ha sido vulnerada por piratas informáticos, tal como lo hemos denunciado en Moncloa.com en reiteradas oportunidades, a pesar de que desde el Ministerio del Interior aseguren que dichas mafias no existe, aún cuando se han hecho públicas las imágenes de sus conversaciones en los grupos de redes sociales de venezolanos.
